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El presidente de Castilla-La Mancha suscribe en el Palacio de Fuensalida el Plan Regional de Empleo y Garantía de Rentas 2018-2020, junto al presidente de CECAM, Ángel Nicolás; el secretario general de UGT CLM, Carlos Pedrosa; y el secretario general de CCOO en la región, Paco de la Rosa.
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El presidente de Castilla-La Mancha suscribe en el Palacio de Fuensalida el Plan Regional de Empleo y Garantía de Rentas 2018-2020, junto al presidente de CECAM, Ángel Nicolás; el secretario general de UGT CLM, Carlos Pedrosa; y el secretario general de CCOO en la región, Paco de la Rosa. (Foto: Ignacio López // JCCM)

El gobierno regional llega a la negociación nacional sobre los programas de empleo con su propio acuerdo con los agentes sociales

martes 17 de abril de 2018, 12:28h
En plena negociación entre el gobierno central, las Comunidades Autónomas y los agentes sociales sobre la nueva regulación y gestión de las ayudas del Programa de Activación Para el Empleo (PAE), del Programa de Recualificación Profesional (Prepara) y de la Renta Activa de Inserción (RAI), el gobierno de Castilla-La Mancha ha buscado adelantarse y el presidente Emiliano García-Page ha firmado hoy con la patronal regional y los sindicatos UGT y CCOO un Plan de Empleo y Garantía de Rentas 2018-2020.

Según el comunicado oficial previo a la firma, “este plan, que incorpora novedades en materia de contratación de jóvenes e incentivos empresariales respecto al Plan Extraordinario de Empleo 2015-2017, del que se beneficiaron un total de 52.000 personas, contiene la estrategia de impulso público del empleo del Ejecutivo autonómico para los próximos tres años, de mutuo acuerdo con los principales interlocutores sociales de la región.”

El Plan de Empleo y Garantía de Rentas pone sobre la mesa una serie de medidas concretas encaminadas a mejorar la empleabilidad de jóvenes, parados de larga duración y personas pertenecientes a colectivos vulnerables, a través de la colaboración con ayuntamientos, diputaciones, entidades sin ánimo de lucro y empresas. Sin embargo, no existe un acuerdo firmado con las corporaciones locales sobre su participación. Hasta la fecha, el Partido Popular ha venido denunciando que el plan de empleo regional estaba financiado fundamentalmente por los ayuntamientos y por el gobierno central, administraciones con las que el ejecutivo no ha cerrado el acuerdo para el bienio 2018-2020 firmado esta mañana con los agentes sociales.

Durante las semanas pasadas el Ministerio de Trabajo había presentado a los gobiernos autonómicos y a los agentes sociales nacionales las líneas básicas de sus propuestas. Sin embargo, no existe un principio de acuerdo, como quedó patente en la reunión mantenida ayer. Las discrepancias fundamentales están en la posibilidad de que algunos colectivos que actualmente son beneficiarios quedaran fuera de las ayudas, según interpretan las comunidades gobernadas por el PSOE y los sindicatos. Las Comunidades gobernadas por el PSOE han pedido que se incluya en las ayudas a los menores de 45 años con cargas familiares.

El Constitucional ya ha sentenciado que “no concurren circunstancias que justifiquen una gestión centralizada” tanto del PAE (sentencia de enero 2018) como del Prepara (sentencia de julio de 2017), de ahí que el Ministerio trate de llegar a un acuerdo con las Comunidades Autónomas con una nueva ordenación de los planes. Con esos antecedentes jurídicos, el planteamiento es que la financiación siga recayendo en el Ministerio, pero la gestión en las Comunidades Autónomas. De ahí la necesidad de que se produzca un acuerdo entre administraciones para que exista una adecuada dotación y un marco jurídico claro a la hora de determinar la capacidad de reconocer o denegar el derecho de las personas potencialmente beneficiarias de la misma, con independencia de que esa capacidad sea responsabilidad de los gobiernos autonómicos.

Por otro lado, los sindicatos UGT y CCOO presentaron en el Congreso de los Diputados una proposición de ley de renta básica a través de la fórmula de iniciativa legislativa popular que, admitida a trámite, ha recibido más de medio centenar de enmiendas que empezarán a debatirse a finales de mes. Los sindicatos proponen una ayuda mensual del 80% del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) para quienes no lleguen a unos ingresos mínimos de 75% del salario mínimo interprofesional. La ayuda está condicionada a la búsqueda de empleo. Aún a falta de conocer cómo quedará finalmente articulada esta ayuda, se calcula que su coste podría alcanzar hasta los 15.000 millones de euros.

Con la firma del plan regional de hoy, Castilla-La Mancha se ha adelantado a todos los acontecimientos y se presenta con su propio acuerdo de cara a la negociaciones nacionales que deben concluir antes del día 30 de abril, fecha en la que expira el plazo del PAE y del Prepara. El punto más débil del acuerdo radica en la implicación del resto de administraciones, especialmente las corporaciones locales y la aportación financiera de estas, así como la regulación nacional de las ayudas. Este hecho convierte inicialmente el acuerdo regional en una fórmula de adhesión por parte de las entidades locales.

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