Tres gestores socialistas y una candidata popular

Entre los nombres propios, tres del Partido Socialista y uno del Partido Popular. El lunes tomaban posesión en Madrid dos gestores que tuvo el gobierno socialista en época de José Bono y José María Barreda y de los que Emiliano García-Page nada quiso saber, a pesar de sus buenas credenciales. Francisco Macía se incorporaba como director del gabinete de la nueva ministra de Sanidad, a la que acompaña desde su etapa como consejera en Valencia. Mayte Patiño, iniciaba su etapa como nueva directora general de Servicios para la Familia y la Infancia.

El tercer socialista es otro hombre con credenciales acreditadas en la gestión y en la política, Manuel González Ramos, que nombrado el viernes pasado como delegado del gobierno, su toma de posesión se ha retrasado, porque el rey, de viaje por Estados Unidos, no pudo firmar el decreto de nombramiento. Sánchez ha nombrado delegados de gobierno en Comunidades Autónomas que no gobierna a los candidatos socialistas para las regionales de 2019. ¿Y en algunas de las que gobierna? Veremos.

La cara del Partido Popular ha sido y es María Dolores Cospedal. El martes reunió a los suyos para anunciarles que iba a presentar su candidatura para presidir el PP nacional, lo que, de conseguir, la convertiría en la candidata de la formación de centro-derecha a la Presidencia del Gobierno en 2020.

El día 25 se sabrá el número y la distribución territorial de los militantes que se han inscrito para votar en el proceso interno y el dato servirá como primera aproximación para poder conocer una correlación real de las fuerzas de cara a las primarias de los populares. La siguiente cita clave es la de elección de los compromisarios, que serán los que deberán decidir en segunda vuelta si no hay un vencedor claro en las primarias de afiliados. El plazo de inscripción de candidatos termina el día 29. De aquí al 25, Cospedal y el resto de candidatos están en la tarea de promover que los militantes que les vayan a votar se inscriban para poder hacerlo.

En clave de gobierno regional, lo que antes era urgente, ahora puede esperar. García-Page lanzó una campaña para exigir una financiación justa y movilizó a los suyos, partido y gobierno, para reclamarla. Estaba previsto que el día 4 pasado se hubiera reunido el Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar ya la cuestión de financiación. Pero los acontecimientos del cambio del gobierno provocaron su aplazamiento. Silencio en el palacio de Fuensalida. Ahora el presidente de España dice que la financiación tiene que esperar. Y silencio en Fuensalida.

Es evidente que la financiación autonómica es un asunto de Estado y, por tanto, negociarla en año preelectoral no es aconsejable. No lo es ahora ni lo era hace un mes, dos o tres, cuando el presidente regional quiso abrir brecha.

Falta dinero. Por la crisis y porque se negoció mal el modelo vigente, algo que empezó cuando García-Page -que ahora lo considera injusto- era consejero y vicepresidente del gobierno regional. Y cuando falta dinero se busca por debajo de las piedras, no sólo con recortes, también con ingresos vía modificación de impuestos.

Se da por sentado que cuando un contribuyente obtiene un fallo judicial en contra en materia tributaria es un defraudador. ¿Y cuando lo obtiene la administración? La cosa viene porque en menos de una semana el Tribunal Supremo ha fallado en contra del gobierno de Castilla-La Mancha en dos cuestiones tributarias de las de a diario. Una en materia de donaciones. La otra en materia de transmisiones patrimoniales. Son dos los impuestos transferidos a la Junta, con capacidad normativa propia, uno el de sucesiones y donaciones, y otro el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Y en ambos, el Tribunal Supremo y el Constitucional han fallado contra la norma y el proceder del gobierno regional.

En el de donaciones por negar las bonificaciones a los beneficiarios de una donación si no residían en el territorio de Castilla-La Mancha, lo que contraviene la Constitución. En la otra por aplicar las liquidaciones de las transmisiones patrimoniales no en función del valor del bien, sino por el cálculo realizado por la administración a su conveniencia y sin verificación ni justificación objetiva. Vamos, que si se transmite el bien por 100 no se paga por cien, sino por lo que diga la administración. Y es que una cosa no vale lo que se pague, ni por el valor catastral, sino por lo que dice la administración que vale.

Lo de las bonificaciones ya no está en vigor. En cuanto a las sucesiones, la administración regional dice que va a continuar con el sistema, que va a seguir defraudando al contribuyente, pero que lo hará de otra forma, vamos lo que en el otro lado se llama elusión fiscal. Ya se quejaban los más prestigiosos catedráticos de derecho tributario español de que en el actual sistema el contribuyente ha perdido sus derechos para pasar a ser de ciudadano a sujeto obligado, que algunos comportamientos obedecen a un simple criterio recaudatorio y no al de redistribución de la riqueza.

Otra sentencia ha sido la de los interinos de educación que son despedidos en verano. Recurrieron en su día los de Murcia y ahora los tribunales fallan que ese sistema es ilegal, que es un fraude. La única Comunidad que lo mantiene es Castilla-La Mancha. Ahora termina el curso y habrá que comprobar si finalmente el gobierno lo termina eliminando o no. Aun así, quedan por reconocer los derechos de esos profesores de cara a las ofertas de empleo.