El gobierno regional, moroso con sus proveedores

Finalmente, las administraciones públicas españolas han tenido que aplicar las directivas comunitarias para establecer cuál es el Periodo Medio de Pago a Proveedores. Con un límite de 30 días para hacer efectivas las facturas, según la ley de morosidad, las administraciones españolas aplicaban el criterio de empezar a contar el plazo transcurridos los primeros 30 días desde la entrada de la factura en el registro administrativo, con lo que el plazo llegaba a alargarse hasta los 60 días. Este sistema permitía la paradoja de que, si se pagaba dentro de los primeros 30 días, la administración llegara a tener un Periodo Medio de Pago negativo.

Esta situación artificial fue modificada tras las denuncias de los proveedores que tardaban en cobrar. El gobierno central aprobó un decreto en diciembre pasado que tenía que entrar en vigor este año para reforzar el cumplimiento de la normativa europea en materia de lucha contra la morosidad. En ese decreto que trasponían las directivas comunitarias se establecía una la nueva metodología alineada con la europea para calcular los plazos. Ahora el cómputo de los plazos comienza, con carácter general, desde la aprobación de los documentos que acreditan la conformidad con los bienes entregados o servicios prestados, en lugar de treinta días después de la fecha de registro de la factura.

Desde clm21.es ya se había informado mes a mes de esa contrariedad y en las informaciones que se ofrecían se distinguían entre un periodo medio de pago oficial y un periodo medio de pago real. El real era en días naturales y el oficial contabilizaba 30 días naturales menos.

La modificación, más real y ajustada, ha hecho que el gobierno del presidente García-Page incumpla en abril y mayo (primeros meses en los que ha entrado en vigor el nuevo método de cálculo) la ley de morosidad. Ese incumplimiento permite a los proveedores solicitar el cobro de intereses de demora al gobierno por los retrasos en los pagos.

En abril, el Periodo Medio de Pago a Proveedores del gobierno regional llegó a los 50,49 días (26 días más que el que establecía el sistema artificial anterior) y en mayo pagó 36,77 días (aproximadamente 14 días más que con el sistema anterior).

Esa modificación afectó a todos los organismos e instituciones públicas de la región que computan a efectos del Periodo Medio de Pago a Proveedores de la Comunidad Autónoma (organismos autónomos, empresas y fundaciones públicas y Universidad de Castilla-La Mancha).

Con el nuevo sistema, en mayo sólo cumplieron con la ley de morosidad la Unversidad (pagos en 11,64 días), las fundaciones Impulsa (9,02) y Parque Científico y Tecnológico (6,32), las sociedades empresariales como la de Desarrollo Industrial (28,22), Gestión de Infraestructuras (29,57) y la de Infraestructuras del Agua (12,94 ) y los institutos de Promoción Exterior (15,01 ) y de Sistemas Fotovoltaicos (15,63).

El resto de organismos públicos han incumplido la ley antimorosidad. Los más morosos son el ente público de la radio y televisión de Castilla-La Mancha (CMM), que paga a 73,05 días y la empresa de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (GEACAM), que lo hace a 73,53. El Instituto de la Mujer paga a 61,08 días. Estos tres organismos estarían financiándose con cargo a sus proveedores. Otros organismos como el IRIAF, la Agencia del Agua, el Instituto de Finanzas o la Fundación Sociosanitaria están pagando en plazos superiores a los 30 días, pero sin llegar a los 40.

Con todos estos datos, la media en la que el gobierno y su sector instrumental y la Universidad pagaron a sus proveedores fue de 31,09 días en mayo y 50,18 en abril.

El gobierno central, que el pasado día 28 debería haber hecho público los datos de todas las comunidades referidos al mes de abril a través del sistema de transparencia, dejó pasar la fecha sin elevar a públicos los datos de las administraciones españolas. Otro tanto pasó con los datos referidos al volumen y distribución del total de facturas pendientes de pago a proveedores por parte de las diferentes administraciones públicas. El gobierno no ha ofrecido una explicación a este hecho.