Se inicia el nuevo curso político en clave electoral

Techo de gasto, presupuestos, financiación, agua, macrogranjas y medio ambiente, sanidad, déficit, deuda, nuevo curso escolar, cuarenta años de Constitución, debate sobre el estado de la región… Son algunos de los temas de la agenda política, que presenta un escenario condicionado por la política nacional, en especial por la financiación y por el trato de privilegio que el gobierno de Pedro Sánchez está dando a Cataluña en detrimento del resto de las regiones para pagar el voto de la investidura.

El gobierno regional inicia el curso político en la confianza de que el gobierno de España emita un informe a finales de este mes en el que diga que Castilla-La Mancha no incumplió el objetivo de déficit el año pasado. Y a ello ha dedicado y dedica todo su esfuerzo. Se trata de ajustar en los despachos los números desajustados de la gestión financiera del presidente García-Page.

El gobierno está deshojando la margarita en torno al presupuesto para el año que viene. No quiere dar la oportunidad a Podemos de que le tumbe los presupuestos como hizo en 2017 y que eso se materialice a tres meses escasos de iniciarse formalmente el proceso electoral. Máxime teniendo en cuenta la férrea posición del sector anticapitalista de la formación morada y del portavoz parlamentario de Podemos, David Llorente, de que se produzca la ruptura del gobierno de coalición.

En el PP, se da ya a María Dolores de Cospedal encabezando la candidatura conservadora al Parlamento Europeo, lo que deja a Vicente Tirado como el candidato natural a la presidencia de la Junta de Comunidades.

En Ciudadanos, el proceso de primarias debe determinar quién será finalmente el candidato o la candidata al Palacio de Fuensalida. Todas las vistas están puestas en la alcarreña Orlena de Miguel, aunque el coordinador regional de la formación, el también alcarreño Alejandro Ruiz, no ha descartado oficialmente que pueda optar al proceso de primarias.

Más allá de los movimientos de los partidos, la realidad regional presenta a Castilla-La Mancha en desaceleración económica, en el último puesto de España en Oportunidades y Satisfacción en el Empleo, con una elevada deuda, con las finanzas públicas en grave riesgo de sostenibilidad y con un déficit fuera de control, que obliga a aplicar recortes en el gasto en servicios sociales en el último cuatrimestre para tratar de meterlo en cintura.

La llegada de Pedro Sánchez al gobierno de España y sus vaivenes en temas vertebrales de la política nacional, lejos de ayudar a García-Page, le complican el escenario. El tema principal para García-Page es el apoyo del PSOE al independentismo catalán política y financieramente. Ese apoyo y los errores del gobierno de García-Page en el tema de la unidad de España (véase el encuentro de hace un año entre el vicepresidente segundo del gobierno de Castilla-La Mancha y del vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, en plena recta final del proceso independentista del pasado año) han provocado que García-Page necesite envolverse en la bandera de España y para ello prepare una serie de actos antes de finalizar el año con motivo del XL aniversario de la aprobación de la Constitución Española. El gasto para tratar de la lavar la imagen es multimillonario (millones de euros, claro).

García-Page tratará de hacer de este tema un eje central y apelar a todos los castellano-manchegos. Algo que choca con la política de división y confrontación que ha mantenido durante toda la legislatura. De hecho, en los próximos meses se recrudecerán las actuaciones contra el PP y sus dirigentes y se presentará en el debate del estado de la región con un balance demasiado interesado de haber recuperado los servicios públicos, tras los ajustes que tuvo que llevar a cabo el Partido Popular la legislatura anterior. Unos ajustes que fueron consecuencia del rescate que sufrió la Comunidad Autónoma por los excesos del gobierno socialista del periodo 2007-2011 y que el actual gobierno prefiere olvidar.

Ese rescate de Castilla-La Mancha que se llevó a cabo en tres años consecutivos y que supuso un coste superior a los 5.000 millones de euros provocó y sigue provocando el sacrificio ciudadano, que pretende explotar García-Page culpando al gobierno anterior, a pesar de que ese rescate sea consecuencia de los graves errores de gestión del anterior gobierno del PSOE que situaron a Castilla-La Mancha al borde de la quiebra. Un rescate que sigue pesando sobre la prestación de los servicios públicos y que detrae más de 2.000 millones de euros anuales del presupuesto de la Junta de Comunidades. Sigue sin haber dinero suficiente para la Sanidad, las mejoras en la educación primaria y secundaria, la financiación de la Universidad, la atención a la dependencia, la protección a los más vulnerables.

La salida pasa por mejorar la financiación autonómica y por una reestructuración de la deuda pública, a ser posible con quitas del principal, cuanto más elevadas mejor. Y en ese sentido se pronuncia el gobierno regional y su consejero de Hacienda mientras contemporiza con el gobierno central, que mantiene la estrategia de aplazar las negociaciones estas cuestiones hasta después de las elecciones, a pesar de que hace unos meses y en la oposición, se consideraban temas esenciales y así se ponía de manifiesto en los Consejos interterritoriales de Sanidad, Educación, Servicios Sociales y de Política Fiscal y Financiera.

El gobierno regional trata de pasar de puntillas sobre los sapos que se ha tenido que tragar por las actuaciones del gobierno central. Entre estos temas: el trasvase, el aumento de fondos para la dependencia, la sanidad o los nuevos ratios de educación. También sobre el cupo y asistencia a inmigrantes menores acompañados. Si hace apenas tres meses reclamaba un equilibrio, ahora guarda silencio.

Todo ello en medio de un deterioro del clima económico, cuyo crecimiento empieza a dar señales de fatiga y a hacerlo en mayor medida en nuestra Comunidad que en el resto de España por tres años de política presupuestaria y de gestión repletos de errores.

Esta misma semana, clm21.es publicaba el estudio técnico elaborado por la consultora de recursos humanos Adecco sobre el mercado de trabajo en España, que dibuja un mal panorama para Castilla-La Mancha. Los datos del Monitor de Oportunidades y Satisfacción en el Empleo ponen negro sobre blanco la realidad del trabajo y de los salarios en nuestra Comunidad. Los datos son un iceberg que enfría el entusiasmo que se empeña en transmitir el gobierno de García-Page y evidencian el fracaso de las políticas del presidente y de su consejera de Economía, Patricia Franco.

El informe llega justo en plena preparación de los presupuestos de 2019. Y revela que Castilla-La Mancha ocupa el último lugar de España en las condiciones de trabajo. El salario medio es de los más bajos de España y es más bajo que hace dos años.

Con la subida de la inflación, los castellano-manchegos se encuentran entre los españoles que más poder adquisitivo ha perdido, un 2,8%. Y esas son las cosas de comer que, aunque no pintan bien, el gobierno está empeñado en presentar en positivo con una fuerte campaña de comunicación, como si esto fuera el reino feliz y el presidente “la Reina Madre”.

Pero, a lo dicho, el gobierno se prepara para presentarse como el defensor de los más necesitados, aunque en el tema del medio ambiente las denuncias pongan de manifiesto la alineación del gabinete de García-Page con las mayores fortunas y las empresas de Castilla-La Mancha, a costa de los más desfavorecidos. Claro que siempre podrá hablar de la generación de empleo y de riqueza…