Los desalojos forzosos en CLM se ceban con las familias que viven en régimen de alquiler

Son las dramáticas cifras que se desprenden del informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales”, que publica periódicamente la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En enero del pasado año el secretario regional de Podemos, José García Molina, anunció la puesta en marcha del llamado Plan Podemos, un ambicioso programa destinado a servir de base para el Plan de Garantías Ciudadanas, entre cuyas medidas estrella destacaba la garantía habitacional: “nadie sin casa”.

Dieciocho meses después, los datos de ejecución presupuestaria de este año revelan que del plan de garantía habitacional y otras medidas sólo se han ejecutado 2,6 millones de euros de los 6,2 presupuestados, el 41% del total. Por otro lado, las ayudas al alquiler presentan un grado de ejecución aún menor.

Este dato tiene más sentido si tenemos en cuenta que el incremento de los desalojos forzosos en Castilla-La Mancha se debe, según los datos recogidos por el CGPJ, al aumento el número de lanzamientos practicados como consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, es decir, lanzamientos derivados de alquileres. Sólo en el primer semestre de 2018 los desalojos de familias en régimen de alquiler se incrementaron en un 7,8% interanual.

A finales de junio de este año, el Ejecutivo de García-Page sólo había gastado 620.000 euros de un montante de 9,8 millones presupuestados en concepto de ayudas al alquiler.

Toledo y Cuenca, los datos más alarmantes

Por provincias, Toledo presenta los peores datos, con 588 desalojos forzosos practicados el primer semestre de 2018.

Le siguen Guadalajara con 371, Albacete con 207 y Ciudad Real con 161.

Cuenca tiene, con diferencia, la menor tasa de lanzamientos de la Región, sólo 32 entre enero y junio, pero también registra el mayor incremento con respecto al primer semestre de 2017, con un 25% más de desalojos forzosos.

Lanzamientos y ejecuciones hipotecarias

Los lanzamientos hipotecarios son ejecutados por los Juzgados de Primera Instancia en cada provincia española. Pese a que comúnmente se confunden los términos desahucio y lanzamiento, el primero se refiere a la acción de resolución por la cual los propietarios, arrendatarios u ocupantes de un inmueble lo desalojan voluntariamente o mediante orden judicial; mientras que el lanzamiento supone el desalojo forzoso de los ocupantes de un inmueble y la entrega de su posesión. Los lanzamientos pueden ser consecuencia de un proceso de ejecución hipotecaria, de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos o pueden deberse a otras causas, como la ocupación ilegal de un inmueble.

Una ejecución hipotecaria es un procedimiento ejecutivo a través del cual se ordena la venta de un bien inmueble que estaba gravado con una hipoteca por incumplimiento del deudor de las obligaciones garantizadas con la hipoteca.

Como ya publicó clm21.es, en los primeros seis meses del año en Castilla-La Mancha se certificaron 647 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas, un 15,95% más que las registradas en el mismo periodo de 2017.