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lanzamientos hipotecarios

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha firmado un nuevo convenio con el Consejo General del Poder Judicial para que tanto el Gobierno regional como la institución judicial sigan colaborando en la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar y medidas de carácter social.

Durante los seis primeros meses del año 1.005 familias castellano-manchegas fueron desalojadas forzosamente de sus casas como consecuencia de la ejecución de lanzamientos judiciales. Esto significa que el número de lanzamientos hipotecarios se ha ido viendo reducido en los últimos meses en la región. En 2018, en el mismo periodo del año, el número de desalojos forzosos era ya de 1.359,lo que supone que en 2019 han disminuido en un 26,04%.

A finales del primer semestre el gobierno mantenía sin gestionar el 93,7% de las ayudas al alquiler

Durante los seis primeros meses del año 1.359 familias castellano-manchegas fueron desalojadas forzosamente de sus casas como consecuencia de la ejecución de lanzamientos judiciales. 692 desalojos tuvieron lugar sólo durante el segundo trimestre, lo que supone que entre abril y junio se produjo un incremento de los lanzamientos efectuados en la región del 3,6%. El número de lanzamientos practicados en todo el país en este periodo aumentó un 1,7%.

En noviembre el gobierno regional sólo había ejecutado el 35% del presupuesto anual de la línea de garantía habitacional

En enero del pasado año el secretario regional de Podemos, José García Molina, presentó ante los medios el Plan Podemos, un ambicioso programa destinado a servir de base para el Plan de Garantías Ciudadanas, entre cuyas medidas estrella destacaba la garantía habitacional: “nadie sin casa”. Casi siete meses después de la entrada de Podemos en el gobierno regional (julio de 2017) y de la puesta en marcha del Plan de Garantías Ciudadanas, que cuenta con una consejera encargada únicamente de su gestión, el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales”, elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) señala que en el último año se produjeron en Castilla-La Mancha 2.420 lanzamientos, desalojos forzosos de los ocupantes de un inmueble. De ellos, 1.005 desalojos (el 41,53%) se produjeron en el segundo semestre, entre julio y diciembre de 2017.

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En el tercer trimestre del año el número de ejecuciones hipotecarias en Castilla-La Mancha en el acumulado del año se incrementó un 66,8%. Si en junio la región acumulaba un total de 1.241 ejecuciones contabilizadas en los seis primeros meses del año, entre los meses de julio y septiembre se añadieron a esa cifra 829 nuevas ejecuciones hipotecarias, sólo diez menos que la vecina Comunidad de Madrid, que casi triplica en número de habitantes de Castilla-La Mancha, con 4,1 millones de habitantes más.

En los primeros seis meses del año en Castilla-La Mancha se certificaron 647 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas, un 15,95% más que las registradas en el mismo periodo de 2017. El dato de ejecuciones hipotecarias empieza a dar señales de alerta sobre el deterioro de las economías familiares de los castellano-manchegos, más aún si también se tiene en cuenta el último dato sobre desalojos forzosos publicado por el Consejo General del Poder Judicial, que alerta del incremento de los lanzamientos hipotecarios en la región al término del año pasado.

En Toledo se producen 3,6 expulsiones forzosas de inmuebles al día

Los últimos coletazos de la crisis golpean duramente en Castilla-La Mancha. Es un hecho que la recuperación económica y social en la Región va con retraso y como se suele decir, para muestra un botón. El número de desalojos de inmuebles, lejos de reducirse, se ha incrementado en el último año. Son los datos que arroja el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales”, elaborado por el Consejo General del Poder Judicial, publicado esta misma semana.