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desahucios

Castilla-La Mancha experimentó un aumento del 36,49% en el número de desahucios en el primer trimestre del año, hasta un total de 404, con respecto al primer trimestre de 2020, según recoge el Consejo General del Poder Judicial

En los tres primeros meses del año en Castilla-La Mancha se certificaron un total de 635 ejecuciones hipotecarias, 306 de ellas sobre viviendas. Se produce un incremento de las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas del 29% mensual y del 27,5% anual en la región , que vuelve a los niveles de 2019, previos a la pandemia. Más acusado es el repunte en clave nacional, donde las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales marcan su récord de cuatro años al subir un 84%, hasta valores que no se veían desde 2017.

El Gobierno prorrogará tres meses más la moratoria de desahucios sin alternativa habitacional en el alquiler, la moratoria o condonación parcial para inquilinos de grandes tenedores o entidades públicas y los mecanismos de condonación y prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler.

El tercer trimestre se saldó en Castilla-La Mancha con el número más bajo de ejecuciones hipotecarias inscritas en los registros de la propiedad desde que existen registros (primer trimestre de 2014). Si 2019 cerró con una tendencia al alza en las ejecuciones hipotecarias debido a la ralentización de la economía pre-Covid, los nueve primeros meses de 2020 apuntan a una paralización parcial de las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas y fincas rústicas.

Durante los seis primeros meses del año 1.005 familias castellano-manchegas fueron desalojadas forzosamente de sus casas como consecuencia de la ejecución de lanzamientos judiciales. Esto significa que el número de lanzamientos hipotecarios se ha ido viendo reducido en los últimos meses en la región. En 2018, en el mismo periodo del año, el número de desalojos forzosos era ya de 1.359,lo que supone que en 2019 han disminuido en un 26,04%.

En el tercer trimestre del año el número de ejecuciones hipotecarias en Castilla-La Mancha en el acumulado del año se incrementó un 66,8%. Si en junio la región acumulaba un total de 1.241 ejecuciones contabilizadas en los seis primeros meses del año, entre los meses de julio y septiembre se añadieron a esa cifra 829 nuevas ejecuciones hipotecarias, sólo diez menos que la vecina Comunidad de Madrid, que casi triplica en número de habitantes de Castilla-La Mancha, con 4,1 millones de habitantes más.

Al no poder hacer frente a los créditos hipotecarios

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La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha anunciado este martes que el Gobierno ha aprobado un decreto, realizado por 9 ministerios, con el fin de prorrogar durante tres meses las medidas económicas y sociales que de otra forma decaerían con la finalización del estado de alarma el próximo 9 de abril.

El 75% de los arrendadores aceptaría medidas intervencionistas de los alquileres si, a cambio, se agilizasen "notablemente" los procesos de desahucios para recuperar las viviendas lo antes posible, según se desprende del estudio '¿Cómo afectarían las medidas intervencionistas en el mercado del alquiler?' realizado por Fotocasa y la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA).

La reunión celebrada ayer entre el Ayuntamiento de Guadalajara y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca terminó sin acuerdo ni compromiso alguno por parte del PSOE de poner coto a los desahucios que la Sociedad de San Vicente de Paul está promoviendo en el barrio. La moción que el grupo municipal socialista presentó en 2018, cuando estaba en la oposición, no será cumplida ahora que dirige el Equipo de Gobierno, y ninguna de las previsiones de la misma (asesoramiento a las familias adjudicatarias de las viviendas e intermediación con la Junta para su cesión) será llevada adelante.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca lo ha denunciado a través de su cuenta en Twitter. Al menos 30 personas han sido denunciadas desde el inicio del mes de septiembre por intentar parar el desahucio, el pasado 22 de octubre de 2018, de Safira Sánchez, una joven de 22 años con un 66% de discapacidad, el cual el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas solicitó a España que dicho desahucio no debía ejecutarse sin alternativa habitacional, ya que dejaría en situación de desamparo a la persona afectada. Además, otros 8 activistas ya han sido procesados por protestar, el diciembre de 2017, en el interior de una sucursal de Caixabank en Cabanillas del Campo, por la cuál fueron detenidos y trasladados por la Guardia Civil a la Comandancia de Guadalajara.

En noviembre el gobierno regional sólo había ejecutado el 35% del presupuesto anual de la línea de garantía habitacional

En enero del pasado año el secretario regional de Podemos, José García Molina, presentó ante los medios el Plan Podemos, un ambicioso programa destinado a servir de base para el Plan de Garantías Ciudadanas, entre cuyas medidas estrella destacaba la garantía habitacional: “nadie sin casa”. Casi siete meses después de la entrada de Podemos en el gobierno regional (julio de 2017) y de la puesta en marcha del Plan de Garantías Ciudadanas, que cuenta con una consejera encargada únicamente de su gestión, el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales”, elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) señala que en el último año se produjeron en Castilla-La Mancha 2.420 lanzamientos, desalojos forzosos de los ocupantes de un inmueble. De ellos, 1.005 desalojos (el 41,53%) se produjeron en el segundo semestre, entre julio y diciembre de 2017.