www.clm21.es
Sergio David González Egido en una foto de archivo.
Ampliar
Sergio David González Egido en una foto de archivo. (Foto: JCCM)

El juez aprecia indicio de delito en el viceconsejero de Medio Ambiente de Page en el caso Chiloeches

  • “En las distintas declaraciones y testificales se pone de manifiesto…incluso su intervención personal en algunas de las gestiones contractuales o de los procesos de tratamiento de los residuos”

lunes 22 de octubre de 2018, 21:14h
Aquellas palabras pesan hoy como una losa. El presidente García-Page llevaba poco más de un año en el cargo. Ardía una planta de residuos tóxicos en Chiloeches. La revista Interviú destapaba un supuesto grupo criminal en torno a esa planta y relacionaba al viceconsejero de Medio Ambiente del gobierno del presidente García-Page con algunos de los miembros y empresas de la trama. El presidente, que había tenido una reunión de su Consejo de Gobierno en Villarrobledo, decía de él, Sergio David González Egido, que “si hay alguien que se ha portado duro con la empresa ha sido él” y añadía que ese hecho “demuestra hasta qué punto está muy bien hecho de buena pasta política”. Algo más de dos años después del siniestro, ha concluido la instrucción del sumario del caso Chiloeches. El juzgado número uno de Guadalajara aprecia indicios de delitos en 22 personas (físicas o jurídicas), entre ellos está el primer viceconsejero de Medio Ambiente del gobierno del presidente García-Page. El instructor considera que en su caso existen indicios de “delito contra los recursos naturales y el medio ambiente (Prevaricación medioambiental -dolosa o imprudente-)”, según el auto por el que se da traslado a las parte para que soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa. El presidente regional guarda silencio sobre el que fuera su hombre de confianza.
El caso estalló a raíz de las denuncias realizadas por la patronal que aglutina a las empresas gestoras de residuos y recursos especiales (ASEGRE) por las supuestas irregularidades que se estaban cometiendo en la planta de Chiloeches en el tratamiento de los residuos tóxicos industriales, que fundamentalmente consistían en mezclar los residuos de disolventes, aguas inflamables y productos tóxicos de limpieza con celulosa, que luego juntaban con escombros de construcción para poder descargarlos en escombrera. Había un amplio dossier con fotografías y testimonios que se había hecho llegar a la Consejería.

La planta, propiedad de Kuk, fue arrendada por el Grupo Layna en marzo de 2015. La supuesta actividad irregular es puesta de manifiesto en un informe realizado por detectives privados. Este informe con vídeos, fotografías y otros documentos fue entregado en enero a la Consejería de Agricultura, Medioambiente y Desarrollo Rural. En junio la Consejería recibe un nuevo informe. El día 6, ASEGRE, la Asociación que engloba a las empresas de reciclaje de residuos, presenta una denuncia en la Consejería. El día 8 esa denuncia se presenta también en la Comunidad de Madrid. La Junta presenta una denuncia ante la Fiscalía el 5 de agosto, es decir dos meses después de la denuncia de los empresarios y más de seis meses después de tener en sus manos el primer informe forme documental.

El juzgado de instrucción número 1 de Guadalajara decidió abrir causa el 10 de agosto de 2016 por la presunta comisión de un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales como consecuencia de las denuncias formuladas el 27 de julio de 2016 por Grupo Layna de Residuos S.L. y el 5 de agosto por la Junta de Comunidades.

El 26 de ese mismo mes, de madrugada, la planta en el ojo de la investigación ardía en llamas. El 12 de septiembre Interviú relacionaba mercantilmente con los gestores de la planta al entonces número dos de la Consejería y máximo responsable de Medio Ambiente. Ese mismo día y con la publicación en la calle, el hombre fuerte de García-Page en Medio Ambiente anunciaba que había presentado su dimisión en julio y que la hacía efectiva ahora en septiembre, pasada la campaña de incendios. También ese mismo día se registraba la solicitud de intervención de las comunicaciones del hasta entonces máximo responsable de la protección del medio ambiente de Castilla-La Mancha.

El consejero mantuvo que su hombre de confianza en medio ambiente había presentado la dimisión a primeros de enero (no en julio como dijo el propio interesado), pero le pidió que se mantuviera en el cargo por la campaña de incendios. Según el decreto de estructura y funciones del Gobierno, las tareas de prevención y extinción de incendios depende del director general de Política Forestal y Espacios Naturales.

El caso Chiloeches quemaba políticamente y el gobierno trató de poner el cortafuegos con la dimisión del viceconsejero, que se quiso de vender amparada en razones personales. El presidente salía en defensa de su alto cargo y decía de él eso de que “si hay alguien que se ha portado duro con la empresa ha sido él” y añadía que ese hecho “demuestra hasta qué punto está muy bien hecho de buena pasta política”.

Las declaraciones del presidente trataban de frenar el impacto político del incendio y de la denuncia de Interviú. Lo de la dureza con la empresa con la que trató de justificar el presidente a su gobierno parece que no fue tal. El auto judicial señala sobre el viceconsejero que “especialmente significativos como indicios racionales de criminalidad son las distintas testificales y declaración de investigados en las que se pone de manifiesto la cercanía del investigado con los administradores de Grupo Layna e incluso su intervención personal en algunas de las gestiones contractuales o de los procesos de tratamiento de los residuos”.

Aún más, el auto señala que “el investigado, como Viceconsejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla-La Mancha, se ha constatado que habría otorgado a Kuk Medioambiente, mediante una modificación no sustancial de la Autorización Ambiental Integrada, la ampliación de códigos LER” (Lista Europea de Residuos) “a gestionar, cuando en esas fechas la empresa debería haber cesado su actividad por sanción, y habiéndole sido desestimado el recurso de reposición y desestimado por auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha la suspensión de la medida. Además, se ha constatado igualmente que tenía pleno conocimiento del funcionamiento de Kuk Medioambiente, pudiendo haber participado en las gestiones para su arrendamiento por el Grupo Layna y contratación de Juan José Gutiérrez, llamando especialmente la atención que dicho arrendamiento, que incluía el uso de la Autorización Ambiental Integrada, y según diversos técnicos, no se ajusta a la legalidad. También llama la atención el hecho de que la empresa Biosonoil, cuando era dirigida personalmente por él, realizara un proyecto para la instalación de un evaporador. Ese proyecto, con un coste superior a los 60.000 euros, se ejecutó cuando el investigado ya ocupaba el cargo de Viceconsejero y había abandonado Biosonoil. Sin embargo, ha mantenido utilizando de manera personal un teléfono móvil registrado a nombre de la empresa, y utilizando un correo electrónico con el dominio de Biosonoil”.

Se da la circunstancia, tal y como destapó clm21.es, que el viceconsejero no había declarado su participación o su actividad en determinadas sociedades mercantiles, entre las que se encontraba Biosonoil. El artículo 3 de la ley que regula la declaración de bienes, rentas y actividades de altos cargos del Gobierno establece que “la declaración de Actividades comprenderá las de naturaleza laboral, económica o profesional desempeñadas en los cinco años anteriores”.

El viceconsejero sólo incluyó que fue administrador desde el 1 de octubre de 2013 al 31 de julio de 2015 de la sociedad Trantor proyectos y explotaciones Sociedad Limitada. Sin embargo, también tendría que haber incluido Biosonoil, S.L de la que ejerció como administrador único del 3 de septiembre de 2013 hasta el 18 de agosto de 2015. El viceconsejero ocultó esta empresa y su vinculación con Trantor, que es la que aparece como administradora real de Biosonoil. En ambas empresas, el alto cargo del gobierno tenía como socios a José Luis Sedano Díaz y Sergio Sedano Santamaría.

El viceconsejero, Sergio David González, manifestó a nuestro medio su convicción de que no la tenía que incluir en la declaración “porque estaba participada al cien por cien por la sociedad que declaré, Trantor, que también era de mi propiedad. Por eso cuando declaré Trantor creí que era suficiente. A lo mejor tenía que haber puesto Trantor-Biosonoil”.

El 20 de noviembre de 2015 la Consejería de Economía, Empresas y Empleo concedió una subvención a Biosonoil por importe de 5.300 euros para el fomento de la contratación indefinida.

Tampoco incluyó en la declaración Biocombustibles del Henares S.L, de la que fue apoderado y Pablo Layna, el arrendatario de la planta ilegal de Chiloeches, el administrador. En Biocombustibles fue apoderado, presidente y consejero. El cargo de apoderado se mantiene en vigor a fecha de hoy, de los otros cesó el 27 de junio de 2013. Según el propio viceconsejero “no tengo nada que ocultar, pero veo que las fechas no están actualizadas en el registro mercantil”. Sin embargo, fuentes consultadas consideran que “esa es una explicación para tratar de justificarse. Estén actualizados o no, los cargos los ejerció en el periodo de los últimos cinco años y, por tanto, tenía que haber incluido la empresa en su declaración de bienes, rentas y actividades, independientemente de que siguiera o no como apoderado de la sociedad”.

Las actuaciones inmediatas que se realizaron en la zona afectada por el incendio costaron 6.500.000 euros.
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios