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Las ejecuciones hipotecarias en CLM se disparan en el tercer trimestre e igualan a las registradas en Madrid
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Las ejecuciones hipotecarias en CLM se disparan en el tercer trimestre e igualan a las registradas en Madrid

domingo 09 de diciembre de 2018, 20:35h
En el tercer trimestre del año el número de ejecuciones hipotecarias en Castilla-La Mancha en el acumulado del año se incrementó un 66,8%. Si en junio la región acumulaba un total de 1.241 ejecuciones contabilizadas en los seis primeros meses del año, entre los meses de julio y septiembre se añadieron a esa cifra 829 nuevas ejecuciones hipotecarias, sólo diez menos que la vecina Comunidad de Madrid, que casi triplica en número de habitantes de Castilla-La Mancha, con 4,1 millones de habitantes más.
A menos de seis meses del final de la legislatura, preocupa especialmente este dato,que da cuenta del progresivo deterioro de la economía de las familias castellano-manchegas, en una región que soporta la inflación más elevada del país y con una reducción del salario medio de forma continuada en los dos últimos años.

El aumento del ritmo de deterioro es un hecho, en todo 2017 se produjeron un total de 2.287 ejecuciones, mientras que en 2018 ya se contabilizan 2.070 en los nueve primeros meses, a falta de saber los datos del último trimestre.

De hecho, el tercer trimestre ha sido especialmente sangrante. Si el año pasado entre julio y septiembre se registraron 544 ejecuciones, este año son 829 las registradas en el mismo periodo. Del total de ejecuciones hipotecarias iniciadas en la región en el tercer trimestre, 367 se corresponde a ejecuciones sobre viviendas, la cifra más alta en lo que va de año.

Según los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística, tomando como referencia las hipotecas constituidas en el periodo 2003-2017 sobre el total de finca, Murcia (0,14%), Castilla-La Mancha (0,13%) y Cantabria y La Rioja (ambas 0,11%) registran los valores más altos de ejecuciones hipotecarias.

Además, atendiendo a las ejecuciones hipotecarias de viviendas, Castilla-La Mancha (0,09%) y La Rioja, Cantabria y Canarias (las tres 0,08%) registran los valores más altos de ejecuciones hipotecarias iniciadas e inscritas del total de fincas en el tercer trimestre de 2018 sobre el total de hipotecas constituidas de 2003 a 2017.

Desalojos voluntarios y desalojos forzosos

La ejecución hipotecaria es un procedimiento ejecutivo a través del cual se ordena la venta de un bien inmueble, que estaba gravado con una hipoteca, por incumplimiento del deudor de las obligaciones garantizadas con la hipoteca.

El objetivo principal de la estadística sobre ejecuciones hipotecarias que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) es ofrecer trimestralmente el número de certificaciones de ejecuciones hipotecarias que se inician e inscriben en los registros de la propiedad durante el trimestre de referencia, relativos a la totalidad de fincas rústicas y urbanas. Conviene destacar que no todas las ejecuciones de hipoteca que se inician terminan con el lanzamiento de sus propietarios.

Pese a que comúnmente se confunden los términos desahucio y lanzamiento, el primero se refiere a la acción de resolución por la cual los propietarios, arrendatarios u ocupantes de un inmueble lo desalojan voluntariamente o mediante orden judicial; mientras que el lanzamiento supone el desalojo forzoso de los ocupantes de un inmueble y la entrega de su posesión. Los lanzamientos pueden ser consecuencia de un proceso de ejecución hipotecaria, de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos o pueden deberse a otras causas, como la ocupación ilegal de un inmueble.

Las cifras de lanzamientos hipotecarios que el Consejo General del Poder Judicial publicaba hace tan sólo unas semanas y que señalan que durante los seis primeros meses del año 1.359 familias castellano-manchegas fueron desalojadas forzosamente de sus casas como consecuencia de la ejecución de lanzamientos judiciales.

Las ayudas para garantizar la vivienda sin gestionar

Los números de los desalojos en la región evidencian el fracaso del llamado Plan de Garantías de Podemos, un ambicioso plan estructurado en tres pilares: garantizar la vivienda, los suministros básicos del hogar y una renta mínima a los más desfavorecidos.

Anunciado con gran expectación en enero de 2017, este plan se convirtió en el eje de la acción política de la formación morada que, una vez ya instalada en el gobierno de Emiliano García-Page, contó con una consejera exclusivamente dedicada a su gestión.

A día de hoy, con las cifras de la ejecución presupuestaria del gobierno regional en la mano, se puede afirmar que el ambicioso Plan de Garantías dejó sin gastar el año pasado uno de cada cinco euros que tenía este programa destinados a los más desfavorecidos y eso se dejó sentir especialmente en el tema de vivienda.

El 85% de las ayudas al alquiler no llegaron a los más necesitados. Según los documentos oficiales del propio gobierno, sólo se dieron 1.070.000 euros de los 6.936.000 previstos. Los 365.360 euros previstos para las oficinas anti-desahucios se quedaron sin gastar. Lo mismo ocurrió con los 307.780 euros previstos para ayudas a los municipios para viviendas de promoción pública y con el millón de euros destinado a mejoras en el parque público de viviendas de la Junta.

Los fondos presupuestados para ayudas habitacionales y de garantía de vivienda durante el año pasado se quedaron en su mayoría sin gastar mientras seguían adelante los procedimientos de ejecuciones hipotecarias y desahucios, que se han materializado este año.
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