Cataluña agita el socialismo regional

La diputada Soraya Rodríguez fue más directa aún y responsabilizó del impacto del pacto con los independentistas en la moción de censura. Algunos presidentes autonómicos como el aragonés Javier Lambán o el extremeño Fernández Vara han salido del silencio. Lambán asegura que “no podría hablar más de tres minutos seguidos con Quim Torra, porque me declaro absolutamente incompatible con este personaje tan estrafalario y fascistoide". Por su parte, Fernández Vara también mostraba su preocupación por lo que está pasando en Cataluña. El presidente de Castilla-La Mancha ponía sobre la mesa una reflexión: la posibilidad de, llegado el caso, ilegalizar los partidos separatistas.

El socialismo empieza a ser consciente del coste de gobernar España con el apoyo de los independentistas y muchos piensan que esa factura la van a pagar en las elecciones autonómicas del mes de mayo. Pedro Sánchez se reunió el miércoles con los líderes socialistas regionales que están en la oposición, pero evitó tener ese encuentro con los que sí gobiernan, con los barones. El nerviosismo y el malestar se han instalado en las sedes de los gobiernos autonómicos del PSOE.

En sectores socialistas crece la idea de que a la legislatura se le debe dar una larga torera, aprobar varias medidas sociales, dar un golpe de autoridad en Cataluña y anunciar elecciones… Una consulta que en las Comunidades Autónomas pocos quieren que coincidan con las regionales. Es un miedo, un desafecto propio, un poner tiempo y espacio por medio. El pulso en el socialismo de provincias es el que se toma en la calle y no augura nada bueno.

Los datos económicos no acompañan. Para cumplir con los acuerdos de la Unión Europea, el gobierno tiene que hacer en sus presupuestos una subida de impuestos adicional de 6.000 de euros millones a la ya planteada o frenar algunas de sus reformas estrellas y aplicar recortes. Es elegir entre lo malo o lo peor tras las expectativas generadas. La falta de recursos, la incapacidad de generar más ingresos, el riesgo de un estallido como el de los chalecos amarillos en Francia que comenzó con la subida de los gravámenes a los combustibles… deja poco margen de maniobra: Las medidas que se adopten deberán recaer en otros y deberán tener una buena proyección social, como la subida del salario mínimo, u otras cuestiones laborales, sociales o medioambientales.

En materia fiscal se corre el riesgo de que por intentar ordeñar más a la vaca se alimente la indignación. La precariedad, la inseguridad que generó la crisis, vive entre los ciudadanos y eso hace que la situación social, aunque en aparente calma sea muy inestable. La economía crece, pero las clases medias no han terminado de recuperarse de la sacudida de la crisis y de estabilizarse. Hacia abajo, la situación es peor.

En lo económico, la semana ha traído otras tres noticias de ámbito regional. Una la previsión de la agencia Moody’s de que Castilla-La Mancha estará entre las comunidades con más apuros financieros en 2019 y necesitará 1.900 millones de euros. La agencia sitúa la deuda de nuestra Comunidad en niveles especulativos, es decir en deuda de menor calidad. Las previsiones de Moody’s son muy prudentes y cortas. De hecho en 2017 la Junta llegó a necesitar 1.865 millones y en 2018 el gobierno espera tener unos pasivos financieros de 1.915 millones de euros, que le sirvan para refinanciar los vencimientos de deuda y el déficit nuevo. Aunque el gobierno regional mantiene en silencio los datos para 2019, la estimación está más cerca de los 2.000 millones que de los 1.900 millones.

Y si esta es la noticia sobre el endeudamiento, las de déficit y las de control del gasto, tampoco han sido buenas. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, prevé que es muy improbable que Castilla-La Mancha cumpla con el objetivo de déficit del 0,4% del PIB y que su gasto crecerá por encima del límite del 2,4% respecto al año pasado establecido para las Comunidades Autónomas.

Y si esta situación es la destacada en el área económica, en el ámbito de los servicios públicos el descontento latente entre los profesionales de atención primaria de Castilla-La Mancha se se empieza a hacer visible al aire de lo que ha sucedido en Andalucía, Cataluña, Galicia y Castilla y León. La atención primaria es la base del sistema público de salud. Y ya da síntomas de importantes deterioros. Y las causas no sólo son de gestión económica, también organizativa. Así lo denuncian los profesionales. Otra de las noticias sobre la gestión sanitaria ha sido el desistimiento del gobierno regional de acometer varias obras programadas y presupuestadas en las urgencias del hospital de Toledo. El argumento para justificar el abandono del proyecto lo daba el portavoz del gobierno: “teniendo el nuevo hospital a la vuelta de la esquina, una remodelación no es el mejor uso eficiente del dinero”. Tan aplastante lógica tiene una gran debilidad: ¿entonces por qué se presupuestó la remodelación, por qué se anunció con gran despliegue oficial? Todavía están presentes las imágenes del hospital inundado por unas fuertes lluvias y el mal funcionamiento del sistema de saneamiento. Alguien debería dar una información más detallada de la gestión de este proyecto de obras.

En el sector privado, la noticia ha estado en el inicio de un proceso para explorar una posible fusión de Liberbank con Unicaja. Sería el sexto banco español. Ambas entidades están en proceso de adelgazamiento de plantilla y de sucursales. Hace más de un año que los movimientos de Liberbank apuntaban a una estrategia en el corto plazo de fusión. Así lo apuntó clm21.es en las vísperas de que finalizase el sistema de protección con el que se había dotado a la entidad por la absorción de CCM y tras los movimientos con su filial Banco de Castilla-La Mancha.