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deuda

12/05/2022@14:26:13

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publica hoy en su página web el Informe sobre la Actualización del Programa de Estabilidad 2022-2025 en el que alerta de que la deuda iniciará una senda ascendente a partir del año 2025 si el déficit estructural del 4% no se reduce. En su Informe, la AIReF concluye que el Programa de Estabilidad plantea escenarios factibles tanto en la vertiente macroeconómica como fiscal, aunque existen numerosas vulnerabilidades y sigue sin ser la estrategia fiscal a medio plazo que ha recomendado en numerosas ocasiones la AIReF.

Una de cada cinco empresas ha experimentado un aumento de la morosidad en el último año, según el Barómetro de la pyme sobre morosidad de Cepyme, en el que se recogen las opiniones de cerca de 650 empresas, sobre todo de micro y pequeñas empresas.

La mayor recaudación por los impuestos especiales que gravan hidrocarburos, tabaco, cerveza y otros productos (99 millones más que el año pasado) por una reactivación del consumo y el aumento por extraordinarios de las transferencias procedentes del Estado y de la Unión Europea permitieron a la Comunidad Autónoma conseguir un superávit presupuestario por segundo año consecutivo. La Hacienda pública regional aumentó sus ingresos en 568 millones de euros el año pasado respecto a 2020, aunque se resintieron los procedentes del IRPF (-59 millones).

La deuda del conjunto de las administraciones públicas cerró el ejercicio 2021 en 1,427 billones de euros, lo que supone un incremento de 82.000 millones más que hace un año, aunque se reduce hasta el 118,4% del PIB, más de un punto por debajo del objetivo del Gobierno, de acuerdo con los datos publicados este jueves por el Banco de España, que reflejan que la deuda de Castilla-La Mancha era a finales del pasado año de 15.498 millones de euros, el 36,5% de su PIB.

Al cierre de 2021, el gobierno regional adeudaba a sus proveedores 146,34 millones de euros

La deuda del gobierno regional con sus proveedores ascendía a finales del año pasado a 146,34 millones de euros. Son 24,7 millones de euros más (20,3%) en facturas pendientes de pago que al cierre de 2020.

La deuda del conjunto de las administraciones públicas cerró el ejercicio 2021 en el 118,7% del PIB, 1,3 puntos porcentuales menos respecto a 2020 y por debajo del objetivo del Gobierno, y alcanzó en diciembre los 1.427.763 millones de euros, según los datos avanzados este jueves por el Banco de España.

En octubre de 2018, el Banco de España encendía las luces rojas “la mayor parte de las Administraciones Públicas continúa presentando todavía, de manera persistente, plazos de pago de sus facturas superiores a los que contempla la ley y advertía de que “un retraso importante en los pagos de las deudas comerciales de un número significativo de administraciones públicas, como sucedió durante la crisis, tendría un elevado efecto sobre la actividad económica”. Ese mismo mes, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) avisaba sobre la deuda y el riesgo de sostenibilidad financiera y decía: “es muy alto las comunidades de Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunitat Valenciana y Región de Murcia, comunidades que actualmente registran un endeudamiento muy elevado (y alejado de porcentaje de referencia legal del 13%), y que, bajo un escenario de política no cambiante, no se reduce significativamente en la próxima década”.

El desequilibrio preupuestario negativo de la Unión Europea (UE) se redujo en el tercer trimestre de 2021 al 3,7% del PIB desde el 5,8% de los tres meses anteriores, mientras que en la eurozona bajó al 4% desde el 6,4%, con Malta como el país con mayor déficit, con un 8,1%, seguida de España, con un 7,3%, según datos de Eurostat.

El proceso de reestructuración de la deuda pública de Castilla-La Mancha acometido en los tres últimos años de forma decisiva por el gobierno autonómico le ha llevado a realizar operaciones de crédito por 11.800 millones de euros, 4.317 millones por encima de las previsiones en las que se contemplaba sólo hacer frente a las amortizaciones previstas. Esa estrategia le ha permitido diferir los vencimientos para evitar situaciones como las que se dieron en el primer trimestre de 2018, en el que el gran volumen de los reembolsos provocó varios incumplimientos en los pagos por parte de la Comunidad. Además, ha supuesto un ahorro de costes en intereses, que se ha notado especialmente en este ejercicio.

Funcas considera "razonable" la propuesta del Gobierno español de que las sendas de ajuste de déficit y deuda se adapten a los parámetros fiscales de cada país.

La deuda del conjunto de las administraciones públicas cerró el ejercicio 2021 en 1,427 billones de euros, lo que supone el 118,4% del PIB, más de un punto por debajo del objetivo del Gobierno, de acuerdo con los datos publicados este jueves por el Banco de España.

El Gobierno que preside Álvaro Gutiérrez ha dejado a cero la deuda de la Diputación de Toledo con entidades financieras, al amortizar los más de 3 millones de euros que quedaban pendientes en el presupuesto de 2022, confirmando así la buena gestión económica llevada a cabo por el equipo de Gobierno.

El gobierno contempla para este año un colchón de 1.000 millones de euros en ingresos financieros, que le permitirían mantener el crecimiento del gasto no financiero. Ese dinero, además de estar en la recámara para situaciones de tesorería, le permitiría también mantener la refinanciación de su deuda si las condiciones del mercado le permiten con una reducción de la carga de intereses y una adecuada planificación de los vencimientos para evitar tensiones de tesorería a futuro, estrategia que viene desarrollando en los últimos años. Las ejecuciones presupuestarias de 2021 anticipan que la Comunidad cerró el año con superávit y que no generó un déficit que hubiera provocado la necesidad de acudir a la captura de fondos para cubrir esa nueva deuda.

Los datos de la Intervención General del Estado a finales de noviembre reflejan que Castilla-La Mancha ha sido la región española más activa en la renegociación de su deuda durante 2021, una estrategia llevada a cabo por el gobierno autonómico para reducir la carga de intereses. También, que nuestra Comunidad mantiene una gestión de su presupuesto no financiero de ingresos y gastos ligeramente por debajo del conjunto de Comunidades españolas. Este presupuesto de actuación se caracteriza además por el hecho de que el gobierno ha gestionado a mayor ritmo el presupuesto de ingresos (91,48%, a falta de un mes para acabar el ejercicio) que el de gastos (75,4%), lo que le permite mantener un superávit y sanear el estado financiero de la Comunidad al no tener que incurrir en operaciones de más deuda.

La riqueza financiera neta de las familias españolas e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (ISFLSH) se situó en 1,69 billones de euros en el tercer trimestre, lo que supone un aumento del 8% en tasa interanual, según las cuentas financieras publicadas por el Banco de España este lunes, que reflejan también un ligero aumento de la deuda de los hogares, hasta situarse en el 59,8% del PIB -frente al 61,2% de septiembre de 2020-.