SANIDAD

Durante el mes de noviembre, la lista de ciudadanos en espera de que la sanidad pública les practicase la operación prescrita por los médicos aumentó a razón de 40 pacientes diarios (1.186 en el mes) hasta llegar a los 39.788. Esta cifra es la más alta y supone 3.692 pacientes más que los contabilizados a finales de 2016, lo que equivale a un incremento del 10%.

Tenía Manuel Marín un “saber hacer” de los que hacen falta en la política actual. Educado, ponderado, de discurso firme pero moderado, dialogante, con una gran facultad para escuchar y hablar y con una gran capacidad intelectual. Cuando fue presidente del Congreso de los Diputados nuestra Comunidad Autónoma planteó una reforma de su Estatuto de Autonomía, que debía tramitarse en las Cortes Generales.

En la sala de espera consulta de radiología del Hospital Virgen del Valle de Toledo, el lunes 4 un paciente habla por teléfono: “Hoy me hacen una prueba aquí. Hace poco me hicieron otra en Manzanares (Ciudad Real) y creo que me operan en Manzanares. No, no es plan”. Pero es el plan que el gobierno regional puso en marcha para luchar contra las listas de espera: El trabajo en red y las derivaciones a los centros públicos menos colapsados. Sin embargo, y a decir del último informe del Sistema Nacional de Salud, ni con esas; el sistema sanitario regional continúa su deterioro y figura junto al de Canarias como el de los peores de España.

De un tiempo a esta parte, se han incrementado las salidas al exterior de los representantes del gobierno de Castilla-La Mancha. Basta ver sus agendas para comprobar que quien no está en Londres, está en Bruselas, en Lisboa o en Estados Unidos, por citar algunos destinos. Dicen en política que esta práctica es un reflejo del síndrome del perdedor, del que sabe que se despide del cargo. Y, a falta de conocer la encuesta que tiene el gobierno, la otra hace que Vicente Tirado, el secretario general de los populares, haya cogido velocidad de crucero y multiplique sus viajes, aunque estos sean tierra adentro, a los pueblos de la región, a ver y dejarse ver, a oír más que a hablar.

El gobierno del presidente García-Page ha intensificado las derivaciones a la sanidad privada sobrepasando en un 11,25% el gasto aprobado por las Cortes, al tiempo que mantiene a un ritmo lento las inversiones en centros hospitalarios propios y en la renovación y modernización de equipos tecnológicos de diagnosis y tratamiento, así como la contratación de personal sanitario de refuerzo. En concreto, en las obras de nuevos centros se ha gastado tan sólo el 35,4% y en los nuevos equipos tecnológicos el 29,27%. Para reforzar las plantillas todavía tiene un 42% de los fondos consignados. En el caso de los médicos esa cifra llega al 55%.

El informe del Estado sobre los presupuestos de todas las Comunidades Autónomas revela que el de Castilla-La Mancha está entre los tres que prevén mayor déficit presupuestario, el 1 %, solo por detrás del Aragón (1,2%) y Extremadura (1,1%). La media autonómica es del 0,6%.

Lo del gobierno, más que de sonrisas y lágrimas es de alegrías y enojos. Y el enojo de esta semana lo ha vuelto a provocar el vicepresidente segundo, José García Molina, que convocó a los periodistas para hablar de presupuestos en la sede de la Vicepresidencia a la misma hora en la que el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, todavía presentaba los presupuestos en la sede de la Presidencia. Y claro, a la rueda de prensa de Ruiz Molina convocaron los servicios de prensa del gobierno. A lo de José García Molina, los servicios de prensa de Podemos.

El gobierno ha realizado más de 25.000 derivaciones de pacientes a la sanidad privada durante el primer semestre del año, según ha quedado de manifiesto durante la comparecencia del director general de Asistencia Sanitaria, José Antonio Ballesteros, en la comisión de sanidad de las Cortes. Esa privatización de la asistencia se ha mantenido en los meses siguientes lo que ha provocado que a finales de septiembre el ejecutivo hubiera agotado los fondos aprobados por las Cortes para derivaciones a clínicas privadas.

Más dinero para la sanidad privada, fondos sin gastar en la contratación de personal de refuerzo en la sanidad pública y un ritmo lento en la renovación tecnológica de los hospitales y en las obras en nuevos centros hospitalarios. Los números oficiales del propio Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), la ejecución del presupuesto a la que ha accedido clm21.es, revelan que el ejecutivo de coalición de las dos formaciones de izquierda está haciendo lo contrario de lo que anuncia y promueve. A 30 de septiembre, el gobierno del presidente García-Page ha tenido que dotar de dinero adicional las partidas destinadas a los tratamientos terapéuticos en clínicas privadas y para intervenciones quirúrgicas en la sanidad privada, una vez que había superado los fondos aprobado por las Cortes. Ese aumento de fondos destinados a la sanidad privada coincide con una congelación de las contrataciones de médicos para sustituciones y refuerzos, también de enfermeras, de personal técnico y de auxiliares en los hospitales públicos. La sanidad pública presentó en septiembre las peores listas de espera quirúrgica de la legislatura, con casi 38.000 pacientes y habiendo generado un déficit estructural en la atención a los ciudadanos. La lista ha aumentado en más de 4.000 personas en verano. Las nuevas incorporaciones a la lista de espera se hacen con cita a más de seis meses vista.

Las listas de espera quirúrgica se han convertido en el principal problema de la sanidad regional. Mes tras mes crece el número de pacientes que aguarda una operación, se disparan los plazos medios de espera y el número de pacientes que superan los plazos máximos de garantías sanitarias no dejan de aumentar. En septiembre, la lista negra de la sanidad regional volvió a aumentar en todos sus ratios. Son ya casi 38.000 (37.982 cifra oficial) los castellano-manchegos que aguardan ser llamados para pasar por el quirófano y que se cumpla así la prescripción médica. De ellos casi 15.500 (15.483 cifra oficial), saben que su espera superará los seis meses, que es el plazo máximo que la legislación nacional de salud establece para operaciones más complicadas. Son los peores datos desde que el gobierno actual se hizo cargo de la sanidad.

Desde enero de 2016 el gasto en productos sanitarios y farmacéuticos en Castilla-La Mancha crece ininterrumpidamente por encima del conjunto del país. Este gasto es el principal que acometen las Comunidades Autónomas, después de los pagos de su personal, y tiene como principal característica su variabilidad, lo que provoca que esté sometido a un rigurosos control para evitar que un crecimiento desmedido pueda provocar los recortes en otros servicios básicos y el deterioro de las finanzas públicas regionales.