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La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.
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La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. (Foto: Pool Moncloa // JM Cuadrado)

El gobierno recurre al crédito para salvar la legislatura

  • Los 22.500 millones de déficit para este año, con un incremento de 16.250 millones sobre lo aprobado en 2017, siguen mostrándose insuficientes
  • A pesar de ampliar el límite de déficit, el gobierno de coalición de izquierdas tendrá que hacer ajustes por 3.500 millones respecto a lo gastado en 2019

jueves 13 de febrero de 2020, 20:49h
Dicen los números, que el gobierno central empieza a tener problemas con los ingresos, que crecen a menor ritmo de lo previsto. Y esto es como en las familias, si en la cartilla del banco entra menos de lo esperado caben dos opciones: recortar el gasto o hacerlo y pagarlo con un crédito. Es una de las consecuencias de la desaceleración de la economía. Claro que en el gobierno hay un requisito que debe salvar y es que ese desfase debe pasar el filtro de Bruselas.

Así las cosas, no sorprende que el martes las ministras de Hacienda y de Economía anunciaran que en 2020 España va a tener que gastar a crédito 22.500 millones. Son 8.750 millones de euros más de lo que habían previsto en los planes que elaboraron en diciembre de 2018 sobre 2020 y 16.250 millones de euros más que lo diseñado en su día por Cristóbal Montoro también para 2020.
¿Por qué esa diferencia? Dicen que es para impulsar el gasto social. Y hay parte de verdad en ello. La otra parte es porque los ingresos fiscales (los que pagamos los españoles por impuestos) y los otros ingresos no financieros crecen de forma más moderada que en años anteriores. Es una consecuencia de la desaceleración de la economía.

Hoy se conocerá el dato provisional del comportamiento de la recaudación de las administraciones públicas. Todo apunta a que los ingresos por impuestos directos (los de mayor equidad fiscal) van a ser menores que el año pasado, mientras que los indirectos (los de menor equidad fiscal) serán mayores. En las previsiones, caída en la recaudación de sociedades, que es el que pagan las empresas por sus beneficios y moderación por renta y por IVA, que aumentan a menor ritmo que el año pasado y mejor comportamiento de los impuestos especiales y por el comercio exterior.

Los ingresos no financieros se moderan por la desaceleración de la economía

En el caso del gobierno central, la recaudación fiscal neta (descontadas las participaciones de las Comunidades) se moverá en torno a los 1.600 millones de euros más que en 2018, una cuantía que se espera que sea algo más moderada en 2020 porque se estima que la economía crecerá un 1,6%, o lo que es lo mismo un 10% menos que en 2019. Con esa previsión en la evolución de ingresos, el gobierno necesita de dinero a crédito para poder sufragar una política expansiva del gasto. Y esa es la razón que se encuentra tras la aprobación de una nueva senda de déficit, es decir aumentar el gasto a crédito en 22.500 millones de euros.

Y en ese nuevo escenario, el gobierno central que es el que menos competencias sociales tiene, se ha quedado con la mayor cuantía de la subida. De los 8.750 millones más en créditos, el gobierno central se queda con 5.000, da otros 2.500 a la Seguridad Social y a las Comunidades les concede 1.250 millones.

Sin embargo, el ritmo de gasto que tuvo el gobierno central el año pasado supone que, a pesar de esos créditos, en 2020 el gasto deberá mantenerse en las mismas cuantías o por debajo del año pasado.

¿Por qué? Porque según los datos de finales de noviembre, el gobierno central había gastado a crédito (déficit) 12.000 millones de euros, todo ello en un escenario de recaudación fiscal más ventajoso que el previsto para 2020. Sin embargo en 2020 no podrá rebasar un déficit de 6.250 millones. Para equilibrar necesita subir los ingresos no financieros, los que provienen del crédito, en 5.750 millones, algo que resulta improbable porque el año pasado habría ingresado 4.700 millones más que en 2018, es decir tendría que ajustar 1.000 millones de euros en cifras redondas.

Todo ello sin contar con los 2.539 millones que tendría que haber pagado a las Comunidades Autónomas a las que retuvo un pago por liquidación del IVA. Si se tuviese en cuenta esta retención, el gobierno central tendrá que hacer ajustes en 2020 por valor de 3.500 millones de euros.

La previsión no es nada favorable para el gobierno central. También es cierto que si el Ejecutivo de Sánchez no hubiera decidido ampliar la senda del déficit, los ajustes del gasto respecto a 2019 tendrían que haber sido de 8.500 millones de euros, una carga inasumible para un gobierno de coalición de fuerzas de izquierdas.

Hay que tener en cuenta que para cuando se quiera tener aprobado el presupuesto 2020 (finales de primavera o principio del verano), el gobierno no habrá podido modificar la presión fiscal, como vía para tratar de aumentar sus ingresos y que algunas de las figuras impositivas tienen periodicidad anual, con lo que no podrían empezar a ser efectivas hasta el 1 de enero de 2021.

Traducido al lenguaje común: No hay dinero suficiente. El gobierno no ingresa lo suficiente para cubrir su gasto ordinario, que depende de los créditos. Y el nivel de créditos está limitado por el Pacto Europeo de Estabilidad y Crecimiento, con un déficit por debajo del 3% del PIB y una deuda que no puede rebasar el 60% del PIB. El gobierno juega a mantener la primera regla, pero se olvida de la segunda y para ello fija el total de créditos en el 94,6% del PIB, en el entorno de los 1,18 billones de euros. Es una cuantía que deberán pagar los que vengan detrás, sean del color que sean.

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