Crónica: Cuando la política toma a los ciudadanos como hijos de un Dios menor

Vayamos por partes.

Primero, sobre la tasa Google: Las grandes compañías tecnológicas, en su mayoría estadounidenses, operan en Europa con sedes en países con menor presión fiscal, lo que les permite pagar menos y cuya actividad termina afectando a otras compañías más pequeñas. El ejemplo más claro es el de comercio y el impacto que el modelo del gigante Amazon está teniendo en las tiendas a pie de calle, en el empleo y en la riqueza locales.

Segundo, sobre la tasa Tobin: La economía especulativa está ganado terreno y su peso ya es mayor que el de la economía productiva. Fue esa nueva economía la que provocó la gran crisis financiera de 2008. El gravamen de las transacciones financieras de grandes empresas permitirá cierto control, además de aumentar la recaudación. En principio el Gobierno pretende que las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros tributen un 0,2%. Está por ver el alcance y si esa tasa se extiende a todo tipo de productos financieros derivados, estructurados, seguros de coberturas de riesgos y demás instrumentos de ingeniería financiera especulativa, aunque las primeras informaciones apuntan a que no será así y que estos instrumentos que fueron los que provocaron el mayor derrumbe financiero mundial, no pasarán por la taquilla de Hacienda.

Tercero: El gobierno se presentó a las elecciones con el anuncio de creación de estos nuevos impuestos y con un programa de recuperación de la política social. Y con ese programa ganó las elecciones.

Cuarto: Las finanzas españolas no han terminado de recuperar su pulso, a pesar de que la economía ha encadenado seis años consecutivos de crecimiento. Algo que se traduce en que el gobierno tiene que recurrir al crédito para cubrir las políticas públicas del país, que se mueven en déficit. Es una política que genera mayor endeudamiento. Una situación que se sobrelleva en época de crecimiento económico pero que se presenta como un grave riesgo en caso de contracción de la economía y de una política monetaria de tipos de interés altos, que elevarían la hipoteca mensual que debe pagar nuestro país.

Quinto: Los servicios sociales que sufrieron gravemente con la crisis todavía no se han terminado de recuperar.

Sexto: Cuando Francia aprobó la tasa Google, que allí se conoce como GAFA (en referencia a las iniciales de Google, Apple, Facebook y Amazon) le llegaron advertencias de Estados Unidos de una guerra arancelaria. Decidió retrasar su entrada en vigor para ganar tiempo y buscar un frente común europeo, que no llega. Y no llega porque ni Irlanda ni Holanda, Luxemburgo…fundamentalmente, lo quieren porque son los países donde se radican las grandes compañías que se verían afectadas. Y se radican en estos territorios por una menor presión fiscal. Otros países que tienen grandes compañías, como Suecia, de donde es Spotify, tampoco están por la labor.

Así las cosas parece que lo adecuado el pasado martes por parte de la ministra hubiera sido trasladar a los ciudadanos la información en las que el gobierno sustenta sus decisiones y no decirles que no van a ser ellos los que terminen por pagar los impuestos. La gente entiende y apoya las medidas por una razón de equidad y de justicia y, en algunos casos, puede porque no notan directamente el impacto en sus bolsillos. No faltará quien esté en desacuerdo. El proceder del gobierno traslada un temor a que estos sean los más y además da razones para la crítica y pone el foco en quién pagará los impuestos y no en la redistribución de los ingresos o en la equidad y en la justicia y en la defensa de las pequeñas y medianas empresas y autónomos.

Y más allá de lo urgente, queda lo esencial, que es avanzar a la unión fiscal europea, lo mismo que se avanzó hacia la unión económica, porque esta terminará por saltar si no se lleva a cabo una cierta uniformidad fiscal entre Estados. También en que en ese modelo fiscal se avance en gravar la economía especulativa y hacerlo en descarga de la economía productiva.

Ahora, a esperar la reacción de las empresas norteamericanas y de su gobierno. Las primeras pueden optar por asumir ese nuevo coste fiscal y trasladárselo a sus clientes. Pero hay un mal precedente y es que buscaron domicilio fiscal en otros países para pagar menos.

Norteamérica está en elecciones, que se celebrarán el 3 de noviembre (el primer martes después del primer lunes) y su presidente está en campaña. Trump se ha caracterizado por su política proteccionista y por la imposición de aranceles a aquellos países que considera que compiten de forma desleal con las empresas estadounidenses. España se ha visto afectada por el aumento de impuestos arancelarios a más de cien productos por las políticas comunitarias de ayudas a la industria aeronáutica o a sectores agrarios. En el caso de Castilla-La Mancha esa guerra comercial ha impactado en productos como el vino, el queso y el aceite.

Ahora a esperar la reacción del candidato republicano a la reelección a la decisión de ayer del gobierno de España de subir los impuestos a empresas norteamericanas. El temor a este lado del Atlántico es que la reacción termine por incidir en productos agroalimentarios (en un momento en el que los agricultores han empezado a tomar calles y carreteras en España por los recortes anunciados en la PAC y por la baja rentabilidad de las explotaciones) y en otros productos estratégicos para la economía española. La subida de aranceles determinaría la pérdida de competitividad, la caída de ventas y de ingresos, lo que se dejaría notar en el crecimiento de la economía y en el empleo.

Hablando de la PAC, parece que sin presión de los países mediterráneos, será difícil evitar los recortes que pretende Bruselas. Lo vio claro el vicepresidente Pablo Iglesias. De ahí que animara a los agricultores que se manifiestan a apretar. Le faltó decir, “en su justa medida, sin pasarse”. Porque si aprietan sin medida, el primero en pagar las consecuencias va a ser el propio gobierno del que Iglesias es vicepresidente.