La economía toca fondo e inicia la recuperación

FEDEA publica hoy el tercer boletín de seguimiento de la crisis del Covid. Como es habitual, el informe recopila una batería de indicadores que facilita el seguimiento de los efectos de la pandemia sobre la actividad económica y las cuentas públicas, analiza y valora las principales medidas económicas que se han tomado en relación con ella y contiene un detallado análisis de la evolución del mercado de trabajo en las últimas semanas. El número se publica sólo diez días después del anterior con el fin de adaptar nuestra fecha de salida al calendario de publicación de muchas de las estadísticas que analizamos.

La batería de indicadores muestra ya de forma muy clara los efectos de la pandemia sobre las cuentas públicas, con una fuerte caída de la recaudación tributaria y un significativo aumento del gasto, mientras que las prestaciones por desempleo y cese de actividad tienden a estabilizarse en mayo tras el dramático repunte de abril. También comienzan a observarse indicios esperanzadores, como el repunte del 26% en la contratación, la reducción en casi 400.000 efectivos del colectivo de trabajadores afectados por ERTEs y el aumento de la afiliación a la Seguridad Social en casi 200.000.

Todo esto sugiere que la economía española habría tocado fondo en las últimas semanas y podría estar iniciando un incierto proceso de reactivación en paralelo al desconfinamiento. Por el momento, sin embargo, la situación sigue siendo muy preocupante, con una tasa de paro efectiva del 36%, sólo cuatro décimas por debajo de la de abril.

El análisis del mercado de trabajo revela importantes diferencias territoriales en la evolución del empleo en función de la fecha de acceso a las distintas fases de la desescalada. Los territorios que accedieron el 11 de mayo a la fase 1 han recuperado en mayo un 31,5% de la afiliación perdida en marzo y abril, mientras que los que accedieron el 25 de mayo sólo recuperaron un 9,1%. Si sustraemos de la afiliación a los afectados por ERTE para calcular el empleo efectivo, la recuperación es mucho menor en todos los territorios. Para los que accedieron el 11 de mayo a la fase 1 sería de un 17,5%, para los que accedieron el 18, un 15,2%, y para los que lo hicieron el 25 de mayo, de un 7,8%.

La medida más importante que se ha adoptado desde la publicación del boletín anterior ha sido sin duda la creación de una renta mínima nacional (ingreso mínimo vital, IMV) que se articula como una prestación no contributiva de la Seguridad Social financiada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. La prestación persigue combatir el riesgo de pobreza y exclusión social, garantizando a todo hogar una renta mínima que permita cubrir sus necesidades básicas, calculadas en función de su tamaño y características. Con la creación del IMV se colma, aunque con un retraso considerable, la principal laguna que persistía en las medidas adoptadas para proteger a los hogares de los efectos de la crisis del Covid, introduciendo una prestación de cierre que cubre a aquellos colectivos que no están protegidos por los programas existentes de sustitución de rentas laborales. Esta prestación sin embargo no se concibe como una medida de emergencia para paliar los efectos de la crisis sino como una herramienta permanente de lucha contra la pobreza y la exclusión social que busca reforzar uno de los flancos más débiles de nuestro sistema de protección social.

Aunque esto hacía mucha falta, el diseño de la nueva prestación plantea algunos problemas importantes que convendría tratar de corregir durante su tramitación parlamentaria. El primero de ellos tiene que ver con los incentivos. La norma establece un tipo efectivo de gravamen del 100% sobre las demás rentas de los beneficiarios puesto que la prestación se reducirá en la misma cuantía en la que aumenten sus otros ingresos declarados, dejándoles sin incentivos económicos para buscar un trabajo o trabajar más tiempo, salvo que sea “en negro.” El segundo aspecto mejorable del diseño del IMV es la decisión de ligar su cuantía a los ingresos del año anterior en vez de adoptar una referencia más reciente. Aunque se introduce una excepción para este año para acelerar la llegada de las ayudas a las víctimas del Covid, en condiciones normales el procedimiento adoptado generará un retraso muy considerable en la percepción de una ayuda que debería ser rápida dada su naturaleza de último recurso para la cobertura de necesidades básicas. Finalmente, y dejando de lado los posibles conflictos de competencias, la norma no resuelve satisfactoriamente la complicada cuestión de la coordinación con las CCAA. Esto afecta al diseño de la prestación, pues la renta estatal se introduce antes de que se hayan podido adaptar las rentas autonómicas a la nueva situación, y también a su gestión porque el Estado dependerá en la práctica de los servicios sociales y de empleo autonómicos para llegar a los que más necesitan la prestación y para tratar de facilitar su inserción en el mercado de trabajo, lo que podría resultar complicado si estas administraciones no perciben el IMV como un programa propio.