En el gobierno se muestran confiados en que el pacto con Podemos en Castilla-La Mancha reanudará en cuanto se despeje la situación nacional y se estabilice el mapa político. Consideran que la situación actual “es, de facto, igual que la anterior a la ruptura” por la formación morada del acuerdo de investidura y no se muestran preocupados porque Podemos “se eche al monte”.
Fuentes del ejecutivo señalan que en las Cortes tendrán que negociar tema a tema, “como venía sucediendo hasta la ruptura”, y están confiados en que en la mayoría de los casos se llegará a acuerdos “porque se trata de políticas desde la izquierda”. Estas mismas fuentes indican que el peso de esas negociaciones de tema a tema recaerá fundamentalmente en el vicepresidente, José Luis Martínez Guijarro, y el consejero de Hacienda, Ruiz Molina.
Uno de los temas principales de negociación es la ley de presupuestos. El calendario juega a favor del Gobierno. La prórroga de los presupuestos generales del Estado aconseja hacer lo propio en la Comunidad Autónoma, lo que le permite al gobierno regional ganar tiempo de cara a que cambien las condiciones y se dé una situación que permita reformar el pacto con Podemos. Eso no quita para que públicamente se utilice la prórroga para envolverse en la bandera regional y criticar al gobierno central.
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El consejero de Hacienda ya anticipó el pasado día 12 que los impuestos no subirán. Este punto también tiene su doble lectura. Esas declaraciones, en principio chocan frontalmente con el análisis realizado por la formación morada, según el cual, el problema de la situación de los servicios públicos radica en una insuficiencia financiera, en los ingresos y no en los gastos, lo que abre la puerta a su propuesta de incrementar la presión fiscal, especialmente en el impuesto de patrimonio, reduciendo el mínimo exento que ahora está en 700.000 euros, a la mitad y a suprimir las deducciones fiscales autonómicas en la declaración de la renta, habida cuenta que esas bonificaciones se traducen en una reducción de los ingresos, ya que el sistema de financiación contempla como instrumento financiero el 50 por ciento del IRPF de las declaraciones realizadas en nuestra Comunidad.
Lo cierto es que, de momento, la prórroga presupuestaria para el año que viene afecta a ingresos y gastos y, por tanto, no se podrá incrementar la presión fiscal, de ahí las declaraciones de Ruiz Molina de que el gobierno regional no va a subir los impuestos. Por otro lado, está abierto el debate de si al prorrogarse el presupuesto, está o no vigente el impuesto de patrimonio. Algunas Comunidades creen que no y así se lo han trasladado al Ministerio, ya que el impuesto sobrevive gracias a un artículo que cada año desde 2010 se incluye en los Presupuestos Generales del Estado, porque el impuesto fue suprimido de facto en 2008. Al prorrogarse el de 2016 para 2017, esa cláusula no sería aplicable. En esta situación, el Ministerio tendría que compensar a cada Comunidad con los fondos que compensarán esta situación.
Sin embargo, otras haciendas regionales opinan lo contrario y creen que la prórroga afectaría también a esa cláusula. Este sector estima que, aún en el caso de que no fuese así, el impuesto se podría retomar en la nueva ley de presupuestos de 2017 ya que la fecha de devengo de este impuesto es el 31 de diciembre, por lo que no se daría en ningún caso la situación de retroactividad inaplicable en el derecho tributario.
Según esta tesis, el escenario permitiría a Podemos plantear un incremento de este impuesto, mediante la reducción del mínimo exento.