Uno de los principales lastres del último gobierno socialista de Castilla-La Mancha, el aeropuerto de Ciudad Real, se ha convertido cinco años después en una carga para el actual gabinete, que preside el también socialista Emiliano García-Page. En lo que va de año, el Consejo de Gobierno ha adoptado varios acuerdos de aprobación de gastos para hacer frente a las sentencias de los tribunales de justicia que condenan al Gobierno a pagar el valor real de los terrenos expropiados para llevar a cabo ese proyecto.
Las sentencias judiciales le están costando a la Comunidad Autónoma más de treinta millones de euros: “que son atendidos según se producen las sentencias mediante las oportunas modificaciones presupuestarias, ya que el dinero consignado para este tipo de cuestiones era absolutamente insuficiente”.
Estos datos han sido reconocidos por el propio Gobierno a través de portavoces oficiales que han sido consultados por clm21.es, que han confirmado que durante este año ya se están pagando las cuantías determinadas en las sentencias judiciales, lo que ha provocado una difícil situación en la ya de por sí complicada situación presupuestaria de la Junta de Comunidades. El último acuerdo fue adoptado en la reunión del pasado 13 de septiembre. Según fuentes de Fomento, 1,4 millones de euros han sido cubiertos mediante una modificación presupuestaria proveniente de un ahorro en un contrato de análisis de agua. Otros 29,5 millones de euros provienen de ampliaciones de créditos realizadas por la Consejería de Hacienda. Parte de este dinero se ha conseguido de una refinanciación de deuda en condiciones más ventajosas y otra parte con recorte en partidas del gasto, de las que no se ha dado una información detallada. En cualquier caso, el Gobierno ha tenido que destinar al aeropuerto unos fondos no contemplados inicialmente que se restan o no se suman al objetivo prioritario de mejorar los servicios de sanidad y educación
La raíz del problema está en la decisión del Jurado Regional de Valoraciones del Gobierno que estableció el justiprecio de los terrenos del “Proyecto de Singular Interés: Aeropuerto de Ciudad Real” en cuantías que se movían entre 0,54 euros y 2,5 euros el metro cuadrado según las parcelas. Los terrenos expropiados superan las 1.800 hectáreas, es decir 18 millones de metros cuadrados. Sin embargo, “diferentes sentencias han cuantificado el justiprecio en cantidades próximas a 12 euros metro cuadrado y han declarado a la Junta de Comunidades responsable del pago, debido a que cuando se dictaron los fallos, la propietaria del aeropuerto que era la que tenía que pagar estaba en situación de concurso de acreedores”.
El Jurado Regional de Valoraciones es un órgano del gobierno de Castilla-La Mancha, dependiente de la Consejería de Hacienda, que según la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU) actúa “con competencia resolutoria definitiva, poniendo sus actos fin a la vía administrativa para la fijación del justo precio en las expropiaciones, cuando éste no se hubiera convenido libremente y por mutuo acuerdo entre la Administración, las entidades beneficiarias y el expropiado, y siempre que la Administración expropiante fuera la de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o cualquiera de las diputaciones o municipios de la región”.
Las valoraciones del Jurado fueron tumbadas por los tribunales al entender que el gobierno había otorgado la calificación de suelo rústico a los terrenos expropiados, que deberían haber sido catalogados como “suelos de naturaleza y destino lo mas equivalente posible al de autos (industrial y de servicios), y que esos son los suelos de destino industrial y terciario”. La justicia tomó también distancia de los propietarios de las parcelas que consideraban el suelo urbanizable y pedían más de 60 euros por metro cuadrado.
Las diferentes sentencias fueron cayendo sobre la mesa del gobierno anterior, que decidió agotar la vía jurídica e ir en casación ante el Tribunal Supremo, que terminó por dar la razón a los propietarios. “Incluso se ha ido al Tribunal Constitucional -reconocen desde la Consejería de Fomento- pero el Alto Tribunal no admitió a trámites los recursos y se declaró incompetente en el caso”.
El Tribunal Supremo ha ido dictando sentencia en aquellos casos en que las cuantías superaban los 600.000 euros, ya que la ley que regula esa jurisdicción exceptúa del recurso de casación las sentencias recaídas en asuntos cuyas cuantías no excedan esa cifra. De otra manera, el monto total que hubiera tenido que pagar la Junta de Comunidades hubiese superado los 150 millones de euros. Por otro lado, la decisión del Tribunal Supremo de establecer unas costas simbólicas ha evitado un mayor perjuicio a las arcas de la Comunidad Autónoma.
El gobierno ha tenido que buscar en el presupuesto más de 30 millones de euros para pagar a los propietarios de los terrenos expropiados, tras varias sentencias del Tribunal Supremo
El aeropuerto de Ciudad Real, fue adjudicado el pasado mes de abril por el juzgado de lo Mercantil de Ciudad Real a la sociedad CR International Airport, que había concurrido junto a otras cuatro a la subasta para hacerse con la infraestructura en la fase de liquidación del procedimiento concursal de la sociedad propietaria. El precio de adjudicación fue de 56,2 millones de euros, de los que la compañía que se hizo con la instalación pagó 1,87 millones previamente a la decisión judicial. En agosto tuvo que abonar 937.000 euros y en agosto de 2017 tendrá que hacer frente al pago de 42,15 millones de euros. Los 14 millones restantes se deberán hacer efectivos cuando determine el juez.
El Gobierno regional mantiene que ha tenido que pagar estas diferencias económicas determinadas en las sentencias porque, “si bien elresponsable inicialmente del abono de los importes de justiprecios es la mercantil CR Aeropuertos S.L., el Tribunal Superior de Justicia de Castilla‐La Mancha, a través de diversas resoluciones judiciales, ha declarado responsable a la Junta de Comunidades de Castilla‐La Mancha del pago del justiprecio establecido por la situación concursal en la que se encontraba la empresa”.
Sobre esta base, el gobierno tiene esperanzas, aunque tímidas, de recuperar parte de lo pagado y por ello se sumó a la masa acreedora en el concurso para cobrar en la liquidación “si no lo paga la empresa adjudicataria”. Este último deseo expresado desde Fomento depende del auto de adjudicación concursal, ya que, salvo que determine expresamente lo contrario, la adjudicación se produce libre de cargas y gravámenes.
Respecto a los derechos como acreedor, el Gobierno tendría que haber hecho reserva de esta situación y haber comunicado en su momento el crédito que reclamaba. Si esa comunicación no existió en tiempo y forma, difícilmente podrá recuperar ese dinero, según han explicado a clm21.es abogados especialistas en derecho concursal. Según estas fuentes, cuando se produzca la realización de bienes conforme a lo establecido en el plan de liquidación definitiva, existirá una adjudicación entre los acreedores, una vez salvados los créditos privilegiados, entre los que se encuentran los de la Hacienda Pública y la Seguridad Social y los bienes sujetos a derechos reales.
Parece improbable que el Gobierno, aun habiendo hecho la reclamación en tiempo y forma, pueda recuperar cantidad alguna, porque la liquidez obtenida en el concurso no alcanza ni para pagar la deuda privilegiada. Hay que tener en cuenta que el aeropuerto figura en la lista de morosos de Hacienda con una deuda de más de 11 millones de euros, también debe a la seguridad social y la mayoría de las inversiones se realizaron mediante crédito con prenda o hipoteca. El proyecto del aeropuerto fue financiado por Caja Castilla-La Mancha con créditos cercanos a los 340 millones de euros. La Caja era la propietaria de las dos terceras partes de las acciones del aeropuerto.
Toda esta situación hace que desde el gobierno se considere “difícil recuperar los fondos, pero lo tenemos que intentar. Nosotros vamos a poner todo nuestro empeño en ello”, han señalado las fuentes consultadas.
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