La revisión al alza realizada el año pasado en los baremos aplicados para las indemnizaciones a las víctimas para accidente de tráfico, amenaza con encarecer las primas de seguro de responsabilidad civil que los servicios de salud mantienen con compañías privadas. El SESCAM tiene desde hace muchos años la póliza contratada con Zurich para cubrir responsabilidades derivadas de la atención sanitaria.
Esos baremos se toman referencia para otro tipo de indemnizaciones por responsabilidad civil, en particular en cuestiones de negligencias sanitarias. En 2016 se llevó a cabo una revisión que ha supuesto una ampliación que llega a multiplicar por dos las indemnizaciones. Esta situación ha llevado a algunas compañías a replantearse los contratos que mantienen con los diferentes servicios de salud de las Comunidades Autónomas. De no llegar a un acuerdo gobiernos y aseguradoras, el coste de las indemnizaciones deberá ser asumido directamente por las administraciones autonómicas.
Antes de las transferencias de las competencias sanitarias, el Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) mantenía centralizadas las pólizas de responsabilidad. El traspaso a las diferentes Comunidades abrió una fuerte competencia en el sector con ofertas a la baja en los costes de cobertura.
El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha venido manteniendo durante años la cobertura con la compañía Zurich, que ha tenido que atender varias sentencias judiciales que condenaban al SESCAM a pagar indemnizaciones a pacientes afectados por negligencias médicas.
Durante 2016, el SESCAM, que mantiene el seguro con Zurich, fue condenado al pago de 1,1 millón de euros en indemnizaciones a pacientes o familiares
Para 2017, la secretaría general del SESCAM contempla dentro del programa de gestión sanitaria una partida de 2.455.840 euros para primas de seguro. Esta cuantía es la misma que gastó el año pasado. Durante 2016, se produjeron varias sentencias condenatorias de casos que venían de años atrás que supusieron indemnizaciones. Las que trascendieron a los medios de comunicación tuvieron un coste de 1,1 millones de euros.
Entre los casos que trascendieron en 2016 a la opinión pública de fallos judiciales que condenaban al SESCAM al pago de indemnizaciones, figuran el de enero por la muerte de un paciente tras un TAC abdominal. La cuantía fue de 200.000 euros. También en enero la indemnización con 40.000 euros a la familia de un paciente que falleció en 2007 en Guadalajara por legionela. Del mismo mes, otra condena a indemnizar con 312.000 euros a una familia de Guadalajara por las graves secuelas ocasionadas a un bebé durante el parto. En mayo, un juzgado de Albacete impuso una indemnización de 180.000 euros en un caso de negligencia al intervenir a un paciente de una vena equivocada. En septiembre, otro de Toledo fijó una indemnización de casi 300.000 euros a un paciente operado en Valdepeñas. En noviembre una sentencia por la muerte de meningitis de un paciente por el retraso del diagnóstico y tratamiento, estableció una indemnización de 61.000 euros.
La secretaría general del SESCAM mantiene también un presupuesto de 515.000 euros para gastos jurídicos y contenciosos dentro del mismo programa de gestión sanitaria. En 2016 presupuestó la misma cantidad, de la que a finales de noviembre ya había abonado 330.000 euros
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