La retoma del expediente sancionador a España llega en un momento en el que nuestro país va a empezar a recibir hasta 140.000 millones para la recuperación y la Unión, además de reformas, espera un mínimo cumplimiento de las normas, en especial cuando parte de los retrasos afectan a empresas radicadas fuera de las fronteras españolas, pero dentro de la UE.
Las empresas del sector sanitario, algunas de ellas multinacionales europeas, las más afectadas por la morosidad
Tras el estallido de la crisis del ladrillo y los impagos de empresas y administraciones con una repercusión demoledora en el tejido productivo, España se vio obligada a asumir el PMP de la UE de 30 días para las administraciones públicas. Pasado ese plazo los proveedores podrían reclamar intereses. Y así ha sido en algunos casos, varios de los cuales han terminado en los tribunales, que dieron la razón a las compañías suministradoras de bienes y servicios. Las más afectadas eran fundamentalmente las empresas relacionadas con la sanidad, que es el sector que concentra más de la mitad de las compras de las administraciones públicas, especialmente de las Comunidades Autónomas. La norma completaba la de antimorosidad en el sector privado que establece un periodo máximo de 60 días para hacer efectivos los pagos. A partir de esa fecha, la deuda se estima como crédito a corto plazo, con devengo de intereses.
Lo cierto es que las administraciones españolas, en especial el sector autonómico empezó a corregir su PMP y a adaptar el sistema al establecido en la UE. En diciembre de 2018, las Comunidades cerraron el ejercicio con un Periodo Medio de Pago de 30,54 días (40,37 en el caso de Castilla-La Mancha) y con una bola en facturas pendientes de pago de 4.958 millones de euros (de los que 146, 19 eran de Castilla-La Mancha). Siete de las diecisiete regiones españolas incumplieron la normativa. Los más perjudicados fueron los proveedores sanitarios, a los que al finalizar el año se les pagaba en 35,68 días (en algún caso como Cantabria se superaban los 100 días). En Castilla- La Mancha los abonos a este sector fueron en 41,4 días. De los 4.958 millones de euros de deuda comercial de los gobiernos autonómicos 3.153 eran con proveedores de sanidad, un sector que trasciende las fronteras nacionales.
A finales de 2019, las regiones españolas habían empeorado los plazos de pago, que ya subían a 37,35 días (50,93 en el caso de Castilla-La Mancha). Sólo seis Comunidades cumplían con la normativa antimorosidad. Algunas, como Cantabria pasaba de los 90 días, y Murcia de los 75. El sector sanitario cobraba a 45,61 días (56,97 en el caso de Castilla-La Mancha). La deuda comercial se había disparado a los 6.155 millones de euros (24,14% de incremento interanual), de los que 4.170 eran con las empresas sanitarias (32,25% de aumento anual). Es decir, la mayor parte del incremento de las facturas sin pagar se había producido en este sector. En el caso de Castilla-La Mancha, la deuda comercial sumaba 321,7 millones de euros, de los que 232,2 era con empresas sanitarias.
Además, las administraciones españolas cerraban los sistemas de tramitaciones de los pagos cada vez antes para intentar de cumplir con los objetivos de déficit, lo cual trasladaba parte de las facturas al ejercicio siguiente, con lo que en realidad la deuda era mayor que la oficialmente reconocida y los plazos de pago subían incluso por encima de los 30 días adicionales.
Con esta situación se produjo el estallido de la pandemia y los gobiernos de las Comunidades Autónomas, que gestionan los servicios de salud, imprimieron un mayor dinamismo en los pagos. Las Comunidades cumplieron por primera vez y pagaron por debajo de los 30 días, al menos 12 de ellas, entre las que se encontraba Castilla-La Mancha (29,03 días). Lo hicieron en 26,96. Ese es el dato oficial, en el que no se computa el traslado de facturas a 2021. La deuda comercial al cierre del año era de 4.380 millones de euros (-28,8%), de la que Castilla-La mancha aportaba 123,4 millones. De esa cuantía, 2.700 millones tenían origen sanitario. Los datos de enero de 2021 revelaban que casi 1.800 millones de la deuda contabilizada a finales de ese mes por los gobiernos autonómicos correspondía a facturas arrastradas de ejercicios anteriores (fundamentalmente de 2020), de los que 1.223 millones eran del sector sanitario.
En 2020, las Comunidades Autónomas gastaron 25.961 millones de euros en productos farmacéuticos y sanitarios, de los que 2.610 estaban relacionados con la lucha contra el Covid (143,9 Castilla-La Mancha). A esa cuantía hay que sumar las renovaciones de material tecnológico. En el caso de Castilla-la Mancha, las compras corrientes sanitarias sumaron 1.213 millones de euros. Nuestra Comunidad había disparado su gasto en estos productos un 15,9%, mientras que el conjunto de gobiernos autonómicos lo habían hecho en un 12%. De no ser por el Covid, la región habría reducido su factura en farmacia y productos sanitarios en un -11,6% respecto a 2019 (-13,1% el conjunto autonómico).
El gasto corriente sanitario de las Comunidades Autónomas supone dos de cada tres euros de bienes y servicios adquiridos a proveedores (62%). En el caso de Castilla-La Mancha los 1.213 millones de euros equivalen al 65,4% de los compromisos adquiridos con proveedores en 2020.
En 2021, las administraciones autonómicas siguen en la senda de reducir su PMP. A finales del primer trimestre era de 26,26 días (29,52 Castilla-La Mancha). Cuatro regiones seguían incumpliendo la normativa antimorosidad y pagaban por encima de los 30 días. El volumen acumulado de facturas pendientes de pago ascendía a 2.981,4 millones, de los que 356,79 se arrastraban de años anteriores. A los proveedores sanitarios se les adeudaba 1.983,5 millones, de ellos 217,2 de años anteriores.
¿Qué pasa con el resto de las administraciones? El Ministerio de Hacienda asegura que la Central terminó el año pasado pagando en 24,21 días y que la Local lo hizo en 50,02, mientras que los Fondos de la Seguridad Social se abonaron en 10,55. También señala que la mayor parte de la deuda con proveedores era de las Comunidades Autónomas. Frente a los 4.380 millones de los gobiernos regionales, el central presentaba sólo un volumen de facturas pendientes de 684 millones y la administración local de 1.617,9 millones.
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