La guerra silenciosa entre regiones por el nuevo modelo de financiación autonómica

Hasta ahora existe un sistema en el que uno de los criterios de cálculo es el de población ponderada en función de los que necesitan más servicios educativos (menos de 16 años) y más servicios sanitarios (mayores de 65 años). El sistema que entró en vigor en 2009 y que debería haber sido revisado en 2014 se mantiene prorrogado y afecta negativamente a la Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Canarias y Castilla-La Mancha, cuyos índices de financiación efectiva por habitante están por debajo de la media nacional.

La más perjudicada por el actual sistema es la Comunidad Valenciana que ha visto como desde la entrada en vigor del sistema ha aumentado en 29,5 puntos porcentuales su endeudamiento para cubrir el déficit. En el caso de Castilla-la mancha ese aumento ha sido de 29,9 puntos porcentuales. En ese tiempo, el crecimiento medio del endeudamiento del sector autonómico ha sido de 14 puntos. Y si bien es verdad que buena parte del incremento se produjo en los primeros años de la crisis financiera y del ladrillo, la tendencia de crecimiento por encima de otras regiones se ha mantenido, aún a pesar de los ajustes realizados en el gasto.

Regiones como Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha se verían seriamente perjudicadas de progresar la propuesta del presidente valenciano, Ximo Puig. Precisamente, los representantes de estas tres regiones ya mantuvieron reuniones previas, la última el 13 de mayo, para reclamar medidas ante el reto demográfico entre las que se encuentra la mejora de la financiación autonómica y un tratamiento fiscal especial para la España vacía.

En esa reunión los presidentes coincidieron en que el sistema de financiación es "antiguo y malo". El presidente de Castilla y León, Fernández Mañueco destacó que “Lo que tiene que hacer es financiar servicios públicos y atender a todas las personas en todo el territorio. No es lo mismo esos servicios en grandes ciudades que en una población dispersa como son estas tres comunidades autónomas".

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha indicó que "Las Cortes tendrán que decidir la última palabra en todo, pero esto es negociación de territorios. O estamos de acuerdo la mayoría o es difícil que prospere un sistema".

El gobierno constituyó un equipo de expertos en el que participaron un representante elegido por cada Comunidad Autónoma. Este equipo de trabajo terminó su informe en 2017 y se esperaba una propuesta definitiva del gobierno sobre esta materia. La moción de censura primero y la inestabilidad política después ha ido aplazando la cuestión, en la que el PSOE ya puso sobre la mesa que antes de ponerse de acuerdo las Comunidades Autónomas sobre el reparto de fondo, el Estado debía incrementar el montante a distribuir en 16.000 millones del año 2017, equivalentes a más de 20.000 millones a día de hoy.

Y si hace unos meses eran las regiones a las que por dispersión de población más les cuesta prestar los servicios públicos, ahora son las regiones más pobladas impulsadas por el presidente valenciano las que reclaman que en las entregas de dinero prime el criterio de número de habitantes.

A día de hoy y según el último estudio realizado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) y firmado por uno de los componentes del grupo de expertos creado por el gobierno de Rajoy, las regiones mejor financiadas en términos de población ajustada serían Cantabria (17 puntos por encima de la media) y Baleares (10,4 puntos). Baleares no obstante quiere un régimen especial para las islas. Cataluña aspira a tener un sistema como el del País Vasco y Navarra y el resto de las regiones del eje Mediterráneo buscan salir de la infrafinanciación, una de las causas de su elevado endeudamiento.