En el mundo educativo existe malestar general por el intento del PSOE de someter a la Universidad al control del Gobierno regional. La enmienda presentada por el Partido Socialista para someter al control económico y financiero ha topado no sólo con la oposición del resto de los grupos de las Cortes, que tumbaron la iniciativa socialista, también ha sido considerada dentro del mundo educativo como un ataque a la autonomía universitaria.
Tras la iniciativa socialista se esconde, según ha podido saber clm21.es, el cabreo generalizado en el gobierno por la desviación del objetivo de déficit de la Universidad, a la que responsabilizan de la desviación de las dos centésimas que ha registrado la Comunidad, tras los recortes de 810 millones en programas de gasto e inversión por parte de las diferentes Consejerías para tratar de cumplir el objetivo.
Sin embargo, los sectores económicos consultados consideran que la actuación del gobierno tiene más que ver con la rabieta y con el enfrentamiento, que mantiene el ejecutivo desde hace meses con el equipo rectoral, que con las posibilidades de control financiero, “porque el gobierno autonómico tiene mecanismos suficientes para llevarlo a cabo. Otra cosa es que no lo haya hecho por relajación o dejación. El gobierno podía tener conocimiento y adoptar medidas correctoras. No lo hizo y ahora lo hace a las bravas y va más allá.”
Por su parte, las fuentes del sector educativo consultadas por clm21.es sostienen que el gobierno de Castilla-La Mancha no puede someter a la Universidad a su control mediante una enmienda en la ley de presupuestos regionales. Los expertos consultados estiman que el ejecutivo debería promover en todo caso una modificación en el parlamento nacional de la ley orgánica que consagra la autonomía e independencia de las universidades. Las fuentes consultadas por clm21.es consideran que el ejecutivo ha aprovechado una recomendación del Tribunal de Cuentas para tratar de controlar la Universidad, cuyo equipo rectoral mantiene un fuerte enfrentamiento con el ejecutivo y que fue visible en la negociación de la financiación mediante nominativa.
Estos sectores están preocupados por la actitud “contumaz” que mantiene el ejecutivo, reflejada en las declaraciones del portavoz del gobierno de que “la Junta buscará otra forma legal” para el control de la Universidad. Una actitud que contrasta con el proceso de creaciones e impulso de fundaciones públicas que eluden sus responsabilidades de rendición de cuentas. De hecho, algunas de estas fundaciones que tienen como patronos a altos cargos del Gobierno incumplen sus obligaciones de rendición de cuentas y de comunicación de los datos a los efectos de lo dispuesto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En los propios documentos oficiales del gobierno se refleja cómo estas fundaciones, entre ellas Impulsa, la niña bonita del ejecutivo, elude sus obligaciones legales, sin que hasta la fecha la Consejería de Hacienda haya llevado a cabo medidas para corregir ese desmarque del control financiero, al que vienen obligadas por ley. Impulsa tiene como presidente al secretario general de la Presidencia del Gobierno de Castilla-La Mancha.
Nadie lo dice públicamente, pero en la Consejería de Hacienda están que se suben por las paredes por la desviación de la Universidad del objetivo de déficit, lo que influye aunque no de forma relevante, en el conjunto de las cuentas autonómicas. En el gobierno le imputan a la Universidad más de la mitad de las dos centésimas que Castilla-La Mancha se ha desviado del objetivo de déficit del año pasado. De ahí las declaraciones del consejero responsable de las finanzas, Ruiz Molina, de que “la Universidad debe considerarse integrante del sector público regional y cumpla y se comprometa así con los objetivos de estabilidad como todas las administraciones públicas; y un sometimiento de la Universidad regional al control financiero en concordancia con el artículo 82 de Ley de Universidades".
Lo que el consejero no dijo es que la Universidad de Castilla-La Mancha forma parte de ese sector público y así consta en el catálogo de entes de la Administración, en el que además se incluyen fundaciones empresas públicas o consorcios.
Otras fuentes consultadas por clm21.es consideran que el ejecutivo tiene suficientes mecanismos de control financiero de la Universidad, cuyo presupuesto depende de los fondos regionales y así se remiten a los empleados por la Administración General del Estado en relación con las Comunidades Autónomas a los efectos de cumplimientos de los objetivos fiscales, y ponen como ejemplo las diferentes medidas, que van desde las de recomendación, hasta las coercitivas. Estas fuentes estiman que el gobierno tiene capacidad suficiente para pedir a los entes que dependen presupuestariamente de la Junta de Comunidades que presenten planes de ajuste económico-financieros en caso de desviación de los objetivos fiscales.
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