Poco más de tres años después en Castilla-La Mancha ese escenario surgido de la crisis de 2008 se ha suavizado de forma importante y lo ha hecho en medio de otra crisis, la provocada por el covid. Los parámetros de facturas pendientes de pago, plazo de pago a proveedores, déficit de las cuentas públicas de Castilla-La Mancha y la contención de la deuda financiera reflejan una estrategia de saneamiento en línea con los temores del Banco de España y de la AIReF. Da la impresión de que, Ruiz Molina, el profesor de Economía Financiera que está al frente de la Consejería de Hacienda, está dando una clase práctica tomando como campo de ensayo las cuentas de Castilla-La Mancha.
En septiembre de 2008 la quiebra del cuarto banco de inversiones más grande de Estados Unidos desató la mayor tormenta financiera desde el crack del 29, y se tradujo en una caída del PIB mundial del 5,1% al año siguiente. Cuando en marzo de 2020 la economía mundial paró azotada por la Covid, se entraba de nuevo en recesión, con una contracción del Producto Interior Bruto mundial del 4,4% al final de ese año. En la primera crisis la ola afectó a las administraciones públicas. En España, los problemas se empezarían a notar en 2011, cuando la deuda comercial que se arrastraba se hizo insostenible y terminó por trasladarse al sector privado, ya de por sí muy castigado y provocó cierres de empresas y despidos.
En Castilla-La Mancha en 2011, con el cambio del gobierno, afloraron más de 3.500 millones de euros en facturas pendientes de pago, a las que se sumaban otras comprometidas pendientes de formalizar. Esa situación que había provocado las dificultades de muchas pymes y autónomos, ocasionando incluso el cese de su actividad, llevó al rescate financiero de nuestra Comunidad por parte del gobierno central, que facilitó 5.000 millones de euros a través de créditos. Un rescate que todavía sigue pagando nuestra Comunidad y que junto a los elevados déficits anuales posteriores supone una elevada factura en intereses cada año.
Con la crisis económica del covid, las facturas pendientes de pago del gobierno autonómico, lejos de crecer, se han reducido. En noviembre de 2021 (último dato oficial) sumaban poco menos de 108 millones de euros, la cuantía más baja en los últimos años. 2014 cerró con 317 millones. En 2019 estaba en 285 millones. Al cierre de 2020, primer año de la crisis covid, era de 121 millones de euros. El peso de esa deuda comercial era inferior en nuestra Comunidad que en el conjunto del sector autonómico. En 2020 el volumen de esas facturas en nuestra Comunidad representaba el 0,32% del PIB, mientras que en el conjunto de Autonomías se elevaba al 0,4%. En noviembre de 2021, se repetía escenario y en Castilla-La Mancha equivalía al 0,25% del PIB cuando la media regional era del 0,32%.
Baja el volumen y bajan los plazos. Desde marzo de 2020 el gobierno no ha incurrido en mora legal y ha pagado mensualmente por debajo de los 30 días (salvo en noviembre de 2020 en que lo hizo a 34 días). La Hacienda Regional sigue el camino marcado por el Banco de España y por la Unión Europea, que en 2018 había advertido a nuestro país que el sistema de contabilización de plazos de pago a proveedores de todas las administraciones no era válido porque tomaba como punto de partida el momento del reconocimiento y contabilización de la factura, no el de la presentación, lo que oficialmente rebajaba el periodo medio de pago en tres o cuatro semanas sobre el plazo real. Las regiones españolas tuvieron que adoptar el nuevo sistema en abril de 2018 y desde esa fecha hasta marzo de 2020, Castilla-La Mancha estuvo en mora, pagando a más de 30 días.
Además de la llamada de atención sobre la deuda comercial, la otra exigencia de la Unión era que las administraciones sanearan las cuentas anuales, que no sobrepasaran las barreras de déficit para no tener que aumentar el endeudamiento financiero y evitar que se pudieran dar situaciones de impago.
En enero de 2018, nuestra Comunidad ya había dado muestras claras del riesgo financiero. El 31 de ese mes el gobierno de Castilla-La Mancha no pudo hacer frente en tiempo al pago de un vencimiento de 163,28 millones de euros del dinero obtenido del Fondo de Liquidez Autonómico en 2015. En esa misma fecha tampoco atendió al pago de otro vencimiento de 2,86 millones de euros del Fondo Social. Poco después, el 19 de febrero no hizo frente a un vencimiento de 107,49 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómica de 2013.
A esa fecha había recaudado poco más de 400 millones de euros y tenía que hacer frente al pago de la nómina de 220 millones, además de los gastos de funcionamiento administrativo y de los servicios y el pago de intereses de los créditos. El valor total reconocido por estos gastos ascendía a 343,5 millones. Sobre la mesa tenía además el compromiso de pago de 239 millones de euros de vencimientos de deuda (amortización de capital). Los gastos sumaban 583 millones de euros y superaban en 183 millones a los ingresos. No tenía dinero suficiente para cubrir sus obligaciones. Pagada la nómina y los principales compromisos de funcionamiento finalmente sólo pagó 51,5 millones de euros en pasivos financieros.
La Hacienda regional no empezó a contabilizar la entrada de fondos procedentes de operaciones de nuevos créditos hasta mayo. Y esta demora en la formalización de las operaciones sería una de las causas de las tensiones de tesorería de la Comunidad Autónoma. La otra está en la elevada suma a amortizar en enero de 2018, inusualmente alta en comparación con años anteriores. En enero de 2016 los vencimientos fueron de 4 millones de euros y en 2017 de 20,8 millones, frente a esos 239 de 2018.
En 2020, la Hacienda Regional impulsó un proceso de reconversión de deuda, adaptando plazos de vencimiento y reduciendo la carga de intereses. En 2021, fue la Comunidad más activa en la renegociación de su deuda, lo que le permitió rebajar la carga de intereses. Si años antes esa factura estaba en el entorno de los 200 millones, en noviembre de 2020 estaba en 136 millones y un año más tarde bajaba de los 100 millones. Tan sólo en 2021, la Comunidad reestructura 2.500 millones de su deuda
También ha contenido la formalización de créditos que supusieran un excesivo aumento neto del endeudamiento. A finales de septiembre pasado, la deuda viva a efectos de Protocolo Excesivo de Déficit era de 15.607 millones de euros, sólo 50 millones más que un año antes.
Esa contención obedece entre otras razones al saneamiento de las cuentas anuales. Por primera vez en su historia, la Comunidad entró en superávit en 2020. Fue de 159 millones de euros, equivalente al 0,4% del PIB. En 2021, en noviembre, a falta de un mes para cerrar el ejercicio, el superávit era de un superávit de 293 millones de euros, un 248,8% más que en el mismo mes de 2020. Esta cuantía supone un 0,69% del PIB de la Comunidad.
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