El diálogo social que se había empleado como tramoya política con la reforma laboral ha quedado tocado con la subida del SMI y con la subida de cotizaciones dentro del sistema de equidad intergeneracional.
Impuestos y autónomos, no son los únicos frentes abiertos entre PSOE y Unidas Podemos en materia económica. Hay que tener en cuenta que los próximos presupuestos serán los de 2023, año electoral y el manual dice que las formaciones deben comenzar a marcar territorio propio y diferencias claras sobre sus más directos competidores. Y en los días previos y en los posteriores a las elecciones de Castilla y León, ya se han advertido los primeros distanciamientos. El calendario futuro y su organización cobran protagonismo, porque está claro que habrá un enfrentamiento fuerte para marcar distancias. La cuestión es medir bien las fechas. Parece que no será más allá del otoño. Hay que tener en cuenta que, además de las generales, que se cumplen en noviembre del año que viene, antes en mayo se celebrarán autonómicas y municipales.
Ese escenario legislativo y político se va a desarrollar en un marco económico tensionado en el que la inflación hace hablar ya de subida de tipos de interés, que trasladados a la economía de calle supone un encarecimiento de créditos e hipotecas.
No es el único elemento en el tablero de juego económico. El gobierno se comprometió con Bruselas a establecer peajes en carreteras españolas. Es una medida que no goza del apoyo popular, como quedó claro meses atrás cuando se puso encima de la mesa. Es una decisión que afecta directamente al transporte, que ya sufre la presión de la subida del combustible, y que amenazó con paralizar el país. Está por ver cómo y cuándo se hace. La huelga de camioneros para la última Navidad se salvó en el último minuto y entre los puntos acordados figuraba la repercusión de la subida de los combustibles en las tarifas y que los peajes a los camiones (que son los vehículos que más deterioran el firme) no se fijarán sin consenso previo con el sector
A eso se suman los problemas que atraviesan dos sectores claves en la economía nacional: el agrícola y ganadero y el turístico. El primero ya ha llevado a cabo movilizaciones parciales por diversos puntos del país. El segundo depende del control de la pandemia, no sólo en España, en todo el mundo, fundamentalmente en los países que generan mayor flujo de viajes hacia España.
La estrategia política desde el partido mayoritario del gobierno es clara: Preparar todo y que sus efectos se trasladen a la legislatura que viene para que tenga el menor impacto negativo en las elecciones. Pero en la oposición ya preparan desmontar ese plan.
Hoy mismo, el líder de Vox interpelaba al presidente “por las cosas que interesan a los españoles: La subida de la luz, de la gasolina, de los precios…”. Un día antes el mismo partido arremetía en Madrid contra la ley del PP que pretende blindar el sistema fiscal de Madrid frente a los planes de armonización. El argumento: hay que bajar más los impuestos. Una petición que se hace en la región española con la presión fiscal propia más baja del país.
El PP sigue enredado en Castilla y León en una situación propiciada por un error de cálculo, que ha abierto grietas internas y que le han metido en una difícil situación de pactos.
Y el otro socio de gobierno, Unidas Podemos, anda sin lanzar el proyecto Yolanda Díaz, que ahora deberá definir unas líneas económicas más claras y diferenciadas de las del PSOE. Claro, que cuenta con el antecedente de la reforma laboral, aprobada gracias a los votos que hay a la derecha del gobierno y que contó en contra con la oposición de los socios de izquierda del bloque de investidura.
Si (
No(
