Más de 20.000 dependientes en el limbo, 5.458 expedientes sin tramitar, ayudas técnicas no aptas y devoluciones de miles de euros que la administración regional exige a las familias de dependientes. Estos son algunas de las razones por las que la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha vuelve a reclamar el cese de la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, en lo que dicen que se podría calificar como un “ejercicio de ética y responsabilidad política”.
En un comunicado de su presidente, José Luis Gómez-Ocaña, el colectivo pide al presidente regional, Emiliano García-Page, que curse el cese de la consejera en base a “unos argumentos objetivos, comprobables y sujetos a documentos oficiales del IMSERSO y de la legislación vigente”, así como los numerosos incumplimientos electorales que desde el Ejecutivo se viene produciendo para con los dependientes en la Castilla-La Mancha. En concreto, la plataforma expone ocho motivos por los cuales exigen el cese o dimisión de Aurelia Sánchez.
En primer lugar, señalan que, tras dos años en el cargo, Sánchez mantiene el Decreto de Reconocimiento, “un decreto sangrante, que hace que muchos dependientes se queden por el camino y cuya derogación prometió el PSOE un mes antes de las elecciones autonómicas”.
A esto se añaden los 5.458 expedientes si tramitar “en los cajones”, de los que ya advirtió la Plataforma hace meses. Según Gómez-Ocaña, esta cifra no ha variado desde el 31 de mayo de 2015 y alude directamente al discurso de investidura de Page: “terminaré en un año con los expedientes de dependencia en los cajones”.
Además, la Plataforma también expone que "hay más de 16.000 dependientes afectados por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que declaró nulo de pleno derecho la orden por la que se regulaban las prestaciones o servicios que debían recibir los dependientes". En este sentido, ha lamentado que, "a día de hoy, no se ha hecho gestión alguna para devolver los derechos que supuso la pérdida de miles y miles de prestaciones o servicios para este colectivo".
En cuarto lugar, como ya denunció hace unos meses clm21.es, Gómez-Ocaña hace alusión a las cantidades “supuestamente cobradas de forma indebida por miles de dependientes” por la incompatibilidad de dos tipos de ayudas y que ahora se están reclamando desde la consejería. “Expedientes que tardan en resolverse más de 20 meses, sabiendo, además, que es el propio servicio de dependencia la que hace la valoración de ambas”. “A esto hay que añadir -dice el presidente de la Plataforma- que por reclamar lo que por justicia nos asiste, la Directora General de Dependencia nos llama incívicos”.
Otra gran lucha de la Plataforma es la mejora y revisión de las ayudas técnicas para la movilidad de los dependientes, de las que dicen “el 99% no son aptas para sus necesidades”, y esgrimen el estudio de la empresa externa Ilunion que así lo justifica.
El presidente de la Plataforma denuncia también que la tarjeta acreditativa de cuidador de dependiente, “que supone cero euros de coste para la administración”, no se ha puesto en marcha después de dos años de mandato “y a pesar de las promesas”.
La séptima razón es una de las grandes preocupaciones de los miembros del colectivo, lo que denominan el “limbo de la dependencia”. En este sentido declaran que “a día de hoy hay más de 20.000 dependientes que tienen por ley el derecho a ser atendidos y que no reciben prestación ni servicio alguno (…) en los últimos dos años calculamos que han fallecido en esta espera más de 500 dependientes”.
La octava y última rezón que expone la Plataforma de la Dependencia está relacionada con las prestaciones económicas que reciben las familias de dependientes, la cual califican de “miserable”. Además, según denuncian, “en los dos años de esta legislatura 3.556 familias han perdido la prestación, según datos del Imserso”. Gómez-Ocaña señala que “supera el ritmo de pérdidas que se dio con el anterior Gobierno (…) durante los cuatro años de la anterior legislatura todos los compañeros de su partido salían un día sí y el otro también denunciando la pérdida de estas prestaciones e instando al Gobierno a parar esa sangría”.
El comunicado termina con una dura crítica: “Recordamos muy bien todas las palmaditas en el hombro, todos los halagos y todas las promesas de lo que iban a hacer los que ahora gobiernan y nos sentimos utilizados como muñecos para hacer campaña electoral”.
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