Durante meses lo venía anticipando
Clm21.es, la ejecución de los fondos públicos indicaba una fuerte caída de los ingresos de nuestra Comunidad. En términos presupuestarios el dato de final de año indicaba una pérdida de 787 millones de euros. En términos de contabilidad nacional (aplicación de ajustes sobre los datos presupuestarios, con la inclusión de operaciones y cuentas extrapresupuestarias), la pérdida es de 370 millones de euros, un 4,71% respecto a lo ingresado en 2021.
Esta pérdida, más la aceleración del gasto en año preelectoral han hecho que las regiones españolas pasaran de tener unas cuentas prácticamente equilibradas a alcanzar un déficit del 1,1%. En el caso de Castilla-La Mancha, nuestra región ha pasado de tener un superávit de 94 millones de euros (0,2% del PIB) a cerrar 2022 con un déficit de 893 millones de euros, el 1,9% del PIB.
Precisamente en términos de PIB, Castilla-La Mancha terminó 2022 como la tercera región con mayor déficit, tras la Comunidad Valenciana (-3,1%) y Murcia (-2,9%). Estas tres regiones junto a Canarias son las más perjudicadas por el actual modelo de financiación autonómica. En el caso de Castilla-La Mancha, la pérdida principal de ingresos proviene de las transferencias del Estado.
Y si la Comunidad perdía el 4,31% de sus ingresos, cerró 2022 con un aumento del gasto del 7,27%, hasta los 9.099 millones de euros en operaciones no financieras en términos de contabilidad nacional (tras realizarse los ajustes sobre las operaciones presupuestarias). Un aumento que se dio en las operaciones de gasto corriente, mientras que en las de capital se produjo una contracción.
La mayor parte de los fondos se destinaron a pagar la nómina del personal, que ascendió a 4.421 millones de euros (+4% interanual), mientras que el gobierno ahorró 106 millones en sus suministros de bienes y servicios (-7,4%). Tras un periodo en el que el gobierno había logrado reducir los pagos de intereses por su endeudamiento, la subida de tipos se deja sentir ya en la factura, que pasa de los 99 millones a los 102. El gobierno aumentó los bienes y servicios públicos proporcionados a los ciudadanos en 32 millones de euros hasta alcanzar los 1.296, la tercera mayor partida tras la de gastos de personal y la de consumos intermedios.