En la actualidad, el IVA es competencia del Estado, que fija los tipos sobre los productos (4% el reducido, 10% y 21%). Luego transfiere a las regiones el 50 por ciento de lo recaudado en cada territorio. Los expertos proponen ahora que sobre esa mitad de la tarifa que reciben las regiones, estas puedan subir los tipos para que se aplique en todas ellas. Se abre así la puerta a que a través del mayor impuesto indirecto que existe en nuestro país y que afecta a todos los ciudadanos por igual las Comunidades Autónomas puedan recaudar más.
Otra de las consecuencias prácticas está en los impuestos que gestionan ya las regiones españolas y que son los de sucesiones y donaciones y el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Ahora en herencias y donaciones existe una gran disparidad en los pagos que tiene que hacer en función de qué Comunidad se trata. Hay un componente ideológico, las Comunidades gobernadas por el PP tienen los tipos más bajos y/o las bonificaciones más altas y las gestionadas por el PSOE es en la que los ciudadanos tienen que pagar más cuando reciben una herencia o una donación. El PSOE defendía igualar a todas las regiones por arriba y otras regiones gobernadas por el PP, encabezadas por la de Madrid, defendían que la autonomía supone libertad no sólo para gastar, también para establecer medidas fiscales. Algunas de las regiones del PP, como Galicia se avinieron a que se puedan establecer unas horquillas entre un tipo máximo y mínimo.
La comisión de expertos en la que hay un representante de cada región ha llegado al acuerdo de que se armonice la fiscalidad de estos tributos entre regiones para evitar que se produzcan movimientos de migración de residencia o patrimonio hacia las regiones con menor presión fiscal. En esa línea saldrán perjudicados los ciudadanos que vivan en las Comunidades donde menos se paguen. No es el caso de Castilla-la Mancha, donde el actual gobierno regional modificó los tributos al alza desde mediados de 2016.
Además los expertos han propuesto que se potencie el fondo destinado a corregir los desequilibrios entre los diferentes territorios, por el que las Comunidades con menor riqueza puedan verse beneficiadas para acortar la diferencia del nivel de vida entre las regiones más ricas y las más pobres. Castilla-La Mancha está en este último grupo.
Los “sabios” proponen también armonizar los impuestos sobre herencias y donaciones que implica subirlos en aquellas regiones en los que están más bajos
Otra de las propuestas es que se den facilidades para que las regiones puedan reestructurar su deuda. Esta decisión se impuso a la propuesta que pretendía que se efectuase una quita a las regiones con más deuda. Castilla-la Mancha es la tercera más endeudada del país. Durante el último año ha ido variando la estructura de sus créditos y ha convertido al estado en su primer prestamista, recortando el peso de las entidades financieras nacionales e internacionales.
Respecto a los otros tributos con los que se financian las Comunidades, como el tramo autonómico del IRPF o los porcentajes sobre impuestos especiales (alcohol, tabaco, cerveza, electricidad…) no ha trascendido la posición de los expertos. Si existe una propuesta no unánime para que País Vasco y Navarra, que tienen un sistema de financiación distinto, contribuyan más al fondo de nivelación de servicios, que es el que trata de garantizar que los ciudadanos pueden acceder a los mismos servicios públicos esenciales con independencia de donde residan.
Otro de los acuerdo es que se aplique la cláusula de “statu quo”, por el que ninguna región reciba menos aportación del Estado con el nuevo modelo de financiación. Eso supone que para poder mejorar, o se les deja recaudar más y también que el estado aporte más fondos. En la primera línea va la propuesta de subida del IVA. La segunda es más problemática. De hecho existe un contencioso permanente entre las Comunidades Autónomas y el Estado a propósito del reparto de los porcentajes de déficit. Las Comunidades creen que no es equitativo y que deben hacer mayores esfuerzos de ahorro para alcanzar la consolidación fiscal. Castilla-la Mancha es la región española con menor financiación por habitantes.
El Estado recibirá la propuesta esta semana, que servirá de base para formular un nuevo proyecto de reforma de la financiación autonómica que, tras ser consultado en el Consejo de Política fiscal y Financiera, a todas las Comunidades, está previsto que entre en vigor en 2018. La propuesta de la comisión de expertos no es vinculante.
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