En junio, la jueza del Juzgado Nº4 de Alcorcón responsable del “Caso Blanco” apuntó a que la demanda presentada contra la compañía propietaria de la marca, Global Leiva, debía ser juzgada por la Audiencia Nacional, al tratarse de una empresa que operaba en todo el territorio nacional.
La Plataforma considera que Alhokair “trató de eludir su responsabilidad”
Meses más tarde, el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional ha declarado que esta institución es competente en las pesquisas por la denuncia presentada contra los administradores de la compañía, por lo que se da luz verde al comienzo de las investigaciones.
La Plataforma de Afectados señala en la demanda a las mercantiles Global Leiva S.L. y al fondo de inversión saudí Al-Hokair, propietario de la compañía entre 2014 y 2016. También apuntan contra los empresarios Simon Marshall, consejero delegado de Alhokair, Masoud Mohammad Husesien Mamad y Gerard Louis Water, consejero delegado de Blanco. Todos ellos están acusados de desfalcar los activos de la empresa textil hasta llevarla a la quiebra en noviembre de 2016.
Los denunciantes consideran a AC Modus, la última propietaria de Blanco una sociedad instrumental del fondo saudí que se la vendió
En 2014 el grupo saudí Alhokair adquirió Global Leiva, que ya había pasado en 2013 por su primer expediente de regulación de empleo (ERE), por 40 millones de euros, lo que dio un pequeño respiro a la marca. Se reorganizó el equipo directivo y se redujo la red de tiendas, que en la época expansiva sumaban más de 250 establecimientos, con una plantilla de 3.000 trabajadores. En 2015 Alhokair decidió presentar un nuevo ERE en el que se vieron afectados 150 empleados. Ante la imposibilidad de revitalizar la economía de la compañía, con pérdidas superiores a los 12 millones de euros tras el cierre de 2015, el grupo saudí optó por vender Blanco al fondo dubaití AC Modus por 82,9 millones de euros en junio de 2016. Tras la adquisición, AC Modus cortó el cordón, dejando a Global Leiva como una sociedad independiente, pese a no tener la solvencia suficiente para mantenerse, lo que desencadenó la caída en picado de la compañía. A comienzo de 2017, Blanco entró en concurso de acreedores e inició la liquidación de la compañía.
La demanda presentada ante los juzgados de Alcorcón pretende demostrar que los fondos árabes que controlaron la que fuera una de las grandes marcas de moda española incurrieron en supuestos delitos de alzamiento de bienes, insolvencia punible y estafa. El fundamento principal de la querella es que Alhokair “trató de eludir su responsabilidad” en la quiebra de Blanco al pedir el concurso de acreedores de Global Leiva, que los trabajadores denunciantes consideran una sociedad instrumental del grupo saudí. Las eventuales penas por los delitos de los que se acusa a los directivos oscilan entre los dos y los diez años de prisión.
Gran impacto en Castilla-La Mancha
En Castilla-La Mancha, Blanco llegó a contar con cuatro tiendas situadas en Albacete, Guadalajara y Toledo, así como dos centros logísticos en Seseña (Toledo) y gran centro de outlet en Olías del Rey (Toledo). Tras los primeros expedientes de regulación de empleo, los comercios de la Región ya se vieron amenazados, cerrándose el local outlet del que disponían en Olías del Rey (Toledo) y con la amenaza de cierre cerniéndose sobre la otra tienda de la capital manchega, (abierta tan solo unos meses antes) y uno de los centros logísticos de Seseña.
Tras el cierre total de la compañía, esta no asumió los salarios ni las indemnizaciones de los trabajadores, por lo que se vieron obligados a recurrir al Fondo de Garantía Social (Fogasa).
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