En comparación con hace un año, la región tenía un déficit de 138 millones de euros a finales de abril de 2022, el equivalente al 0,30 por ciento de su PIB.
Al igual que la Comunidad Autónoma, con déficit concluyeron abril Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y la Comunidad Valenciana.
Solo cinco comunidades -Andalucía, Asturias, Navarra, La Rioja y País Vasco- registraron superávit al cierre del cuarto mes del año.
La Administración regional registró un déficit a finales de abril de 2023 de 3.376 millones, lo que equivale al 0,24% del PIB, frente al déficit del 0,12% alcanzado en el mismo periodo del año anterior. Este resultado obedece a un aumento de los gastos del 8,2%, mientras que los ingresos crecen a un ritmo del 5,7%.
Los impuestos de las comunidades crecieron un 9,8% (2.357 millones más). Destacan los impuestos sobre la producción y las importaciones, que alcanzaron la cifra de 6.157 millones. Por su parte, los ingresos por impuestos sobre la renta y patrimonio se incrementaron en un 13,8%, hasta situarse en un total de 19.344 millones, y los ingresos percibidos por impuestos sobre el capital ascendieron a 1.006 millones de euros.
El déficit conjunto de la Administración Central, la Seguridad Social y las comunidades autónomas, excluida la ayuda financiera, se situó en 4.282 millones de euros en el primer cuatrimestre del año, lo que supone un descenso del 52% respecto al año anterior y equivale al 0,3% del PIB --frente al 0,67% del mismo periodo de 2022--. Si se incluye el saldo de la ayuda a las instituciones financieras, el déficit se mantuvo en el 0,32% del PIB,
En cuanto al déficit solo del Estado, en este caso hasta mayo, se situó en 12.638 millones de euros, lo que supone un descenso del 31,6% respecto al mismo periodo del año anterior y equivale al 0,9% del PIB, frente al 1,39% existente en mayo de 2022.
Este resultado se debe a un incremento de los ingresos no financieros del 9,7%, frente al comportamiento de los gastos, que crecen a un ritmo del 2,2%.
"Continúa la senda de descenso del déficit del Estado iniciada en 2021 y confirmada en 2022 como consecuencia de la reactivación económica y la creación de empleo", ha destacado el Ministerio que encabeza María Jesús Montero en un comunicado.
Volviendo al déficit público, la Administración Central registró un ligero déficit de 23 millones a finales de abril de 2023, el 0,02% del PIB. En concreto, el déficit del Estado alcanzó la cifra de 1.895 millones, un 73,2% inferior al registrado en abril de 2022, lo que equivale al 0,13% en términos de PIB. De su lado, los Organismos de la Administración Central registraron en abril de 2023 un superávit de 1.872 millones.
LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL REDUCEN SU DÉFICIT
Los Fondos de la Seguridad Social hasta abril de 2023 registraron un déficit de 883 millones, frente a los 1.529 millones también de déficit del mismo periodo de 2022. En términos de PIB, el déficit de la Seguridad Social se situó en el 0,06%, mientras que hace un año marcaba un déficit del 0,12% del PIB.
Este comportamiento es consecuencia de un crecimiento de los ingresos del 9%, destacando el buen comportamiento de las cotizaciones con un robusto crecimiento del 9,9%, frente al aumento registrado en los gastos de un 7,7%.
LOS AYUNTAMIENTOS REGISTRAN SUPERÁVIT EN EL PRIMER TRIMESTRE
También se han publicado hoy los primeros datos de ejecución de 2023 de las corporaciones locales, correspondientes al primer trimestre del año, que muestras que los ayuntamientos han registrado un superávit de 496 millones, lo que equivale al 0,04% del PIB, frente al déficit de 622 millones del primer trimestre de 2022.
Con estos datos de corporaciones locales, el déficit del conjunto de Administraciones Públicas en el primer trimestre del año asciende al 0,14% del PIB frente al 0,44% (sin ayuda financiera) registrado en marzo de 2022, lo que supone una disminución de un 66,1%. Los gastos han aumentado un 6%, mientras que el crecimiento de los ingresos ha sido del 9,3%.
LOS IMPUESTOS DEL ESTADO CRECEN UN 5,7%
En lo referente a los datos del déficit del Estado hasta mayo, su mejor comportamiento obedece a un incremento del 9,7%, frente al comportamiento de los gastos, que crecen a un ritmo del 2,2%.
Los recursos no financieros se situaron en 91.861 millones, lo que implica un 9,7% más respecto al mismo periodo de 2022. Dentro de esta rúbrica, los impuestos alcanzaron los 75.150 millones, el 81,8% del total de los recursos, y crecieron un 5,7% respecto a mayo de 2022.
Dentro de los recursos no financieros, como novedades impositivas de 2023, destaca el ingreso del nuevo Impuesto Especial sobre los Envases de Plástico No Reutilizables, el Gravamen temporal energético y el Gravamen temporal de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, con un importe conjunto de 1.639 millones.
Los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio alcanzaron los 27.424 millones, cifra superior en un 13,7% a la de mayo 2022, debido a que los ingresos por el Impuesto sobre Sociedades aumentan un 16.3%, hasta 10.700 millones, como consecuencia de que el primer pago fraccionado del año en curso, en términos de contabilidad nacional, ha sido superior en un 21,8% al efectuado en 2022.
Por su parte, el IRPF se incrementó un 7,1%, y a su vez, el Impuesto sobre la Renta de No Residentes se eleva un 17,5%.
Asimismo, los impuestos sobre el capital alcanzaron los 90 millones de euros y los ingresos de las cotizaciones sociales descendieron en un 2,1%.
CRECE LIGERAMENTE EL GASTO: PESO DE LAS TRANSFERENCIAS ENTRE AAPP
Hasta mayo, los empleos no financieros del Estado se situaron en 104.499 millones, cifra superior en un 2,2% a la registrada en los cinco primeros meses de 2022. La partida de mayor volumen fueron las transferencias entre administraciones públicas, con un peso del 59,4% sobre el total de empleos no financieros.
En concreto, en los cinco primeros meses del año ascendieron estas transferencias a 62.078 millones, un 5,8% más que el año anterior, principalmente por la dotación adicional de 1.666 millones destinada a Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales para compensar el saldo global negativo de la liquidación de 2020.
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