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Consejo de Política Fiscal y Financiera.
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Consejo de Política Fiscal y Financiera. (Foto: MINHAP)

Castilla-La Mancha pierde 258 millones anuales con el nuevo modelo de financiación autonómica

miércoles 13 de septiembre de 2017, 09:30h

La aplicación del modelo propuesto por la Comisión de Expertos para la revisión del sistema de financiación de régimen común supondría la pérdida a Castilla-La Mancha de 258 millones de euros anuales, según se desprende de las proyecciones realizadas por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada.

En la actualidad, por el modelo de financiación empleado para los cálculos, Castilla-La Mancha recibe 5.068 millones de euros (datos de 2015 que se han tomado como referencia), según los datos de la Fundación. A una media de 2.383 euros por habitante. Esa cifra es la que los expertos denominan status quo. Con el nuevo modelo, la Región recibiría 4.810 millones de euros, lo que supone una pérdida del 5,09% de los fondos.

El modelo establece un complemento transitorio para que Castilla-La Mancha no pierda ese dinero en comparación con la situación actual. Esa compensación se iría reduciendo en los primeros años del modelo, hasta desaparecer en el quinto. Eso supondría que, si actualmente el índice de financiación por habitante está 1,6 puntos por encima de la media, a finales del periodo transitorio estaría 3,6 puntos por debajo, en el 96,4. Castilla-La Mancha pasaría a ser la penúltima región de España en financiación por habitante. Sólo Extremadura tendría un índice más bajo.

De hecho, si Castilla-La Mancha recibe ahora el 4,81 del total de fondos de financiación autonómica, ese porcentaje iría cayendo en los cinco años siguientes hasta situarse en el 4,69 por ciento.

La Comunidad pasaría a ser la penúltima región de España en financiación por habitante

La financiación toma como punto de partida la población y sus características, que sirven para determinar la población ajustada de cada Comunidad y establece dos fondos de dinero para las Comunidades Autónomas, el Básico y el de Nivelación. El Básico funcionaría como el actual Fondo de Garantía y se distribuiría en proporción a la población ajustada. El de Nivelación se repartiría con el objetivo de reducir las diferencias de financiación que persistan tras la aplicación del Básico sin alterar la ordenación de las CCAA en términos de financiación por habitante ajustado. A ello habría que sumar los tributos cedidos a las Comunidades. Así Castilla-La Mancha tendría 533 millones por estos tributos, 3.971 para el Fondo Básico y 306 del de Nivelación, lo que sumarían los 4.810 millones de euros.

El modelo de los expertos propone elaborar anualmente un indicador de población ajustada, que recoja explícitamente las necesidades relativas de gasto ligadas a todas las competencias asumidas por el conjunto de las CCAA. Ese indicador de población ajustada se calcula en la actualidad tomando como base la población real, la mayor de 65 años (con mayor demanda de servicios sanitarios y sociales) y la población en edad escolar (de 0 a 16 años) y aplicándole unos índices correctores por superficie, despoblación e insularidad.

El estudio contempla una compensación transitoria que se iría reduciendo hasta desaparecer en el quinto año de aplicación del sistema

El modelo contempla además introducir en la base a los universitarios matriculados en centros públicos y la población en riesgo de pobreza o exclusión y en las variables correctoras la de costes fijos de los servicios. A fin de cuenta, las regiones contribuyen al sostenimiento de las Universidades Públicas con una subvención anual y los riesgos de exclusión -que se acentúan en periodo de crisis económica, donde se reduce la recaudación fiscal- provocan la necesidad de más fondos. También propone que se incorporen o estudien otras variables correctoras como el nivel de precios, de renta per cápita, de población flotante (afecta fundamentalmente a regiones con destinos turísticos que reciben a otros españoles en épocas vacacionales) o la orografía, entre otros. Introducir los costes fijos evitaría grandes fluctuaciones por la variación de población en aquellas regiones que, como sucede actualmente en Castilla-La Mancha, pierdan población.

En definitiva, lo que los expertos proponen es establecer un esquema de cálculo de necesidades del gasto en torno a cuatro grandes bloques de competencias: sanidad, educación, protección social y resto de servicios. Para cada bloque se construiría un indicador de necesidad relativa a partir de uno o varios indicadores de población que aproximarían la demanda de los servicios relevantes a través del número de usuarios reales o potenciales de los mismos, posiblemente ponderados por la intensidad de uso, y de una serie de variables correctoras adicionales que recogerían el impacto de aquellos factores que puedan incidir significativamente sobre los costes medios por usuario de los servicios relevantes en los distintos territorios. En la actualidad la media de los últimos años establece una distribución del gasto autonómico del 47,71 en sanidad, 28,45 en educación 7,55 en servicios sociales y 16,29 en el resto de servicios.

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