Estas revisiones deben contemplarse en la ley de presupuestos para 2018. El gobierno tenía previsto presentar este viernes el proyecto, pero la situación en Cataluña ha llevado al PNV a advertir que no se dan las circunstancias necesarias para dar su apoyo a la ley. El gobierno ha decidido esperar unas semanas para su presentación y esperar a tener los votos suficientes para sacarla adelante en el Congreso. Mientras tanto se prorrogará el presupuesto de 2017.
La actualización se produce a petición de los ayuntamientos y trata de adecuar los valores catastrales a la realidad del mercado. La orden establece que una vez revisada las peticiones, las que cumplen los requisitos exigidos para poder llevar a cabo la revisión en Castilla-La Mancha son 175 (4 en Albacete, 10 en Ciudad Real, 60 en Cuenca, 54 en Guadalajara y 47 en Toledo).
Para acogerse a esa revisión, tenían que haber transcurrido al menos cinco años desde la entrada en vigor de los valores catastrales derivados del anterior procedimiento de valoración colectiva de carácter general. Es decir, la aplicación de coeficientes de actualización para el año 2018 requiere que el año de entrada en vigor de la ponencia de valores de carácter general sea anterior a 2013. Además, se debían poner de manifiesto las diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes.
Aunque la orden no lo determina específicamente, se da por sentado que la mayoría de la revisión de los valores serán al alza, porque los anteriores valores en su mayoría son de los años 80 y 90. Cabe la posibilidad de que se produzca algún caso a la baja, especialmente en aquellas situaciones en los que el valor catastral vigente date de la época de la burbuja inmobiliaria. Hay 41 municipios de la Comunidad que revisan ahora sus valores que fijaron los anteriores entre 2003 y 2012.
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