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El aumento de la presión fiscal de la Junta dejó los ingresos por tributos propios en 316 millones
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El aumento de la presión fiscal de la Junta dejó los ingresos por tributos propios en 316 millones

martes 07 de noviembre de 2017, 21:33h

La Junta ingresó 318 millones de euros por sus impuestos durante 2016, año en el que el gobierno llevó a cabo una reforma impositiva que aumentó la presión fiscal en esos impuestos. Esa cuantía es la menor de los últimos cuatro años, antes de que el gobierno del presidente García-Page aprobase ese endurecimiento de la política fiscal autonómica. Un año antes, la recaudación fue superior en 12 millones, el 3,8%.

Los datos de la recaudación definitiva de 2016 de todas las Comunidades Autónomas acaban de ser elevados a definitivos por el Ministerio de Hacienda. La recaudación de todas las Comunidades ascendió a 11.500 millones de euros, a los que se deben sumar otros 1.027 millones en concepto de tasas de juego. En Castilla-La Mancha esas tasas propiciaron a las arcas regionales 39 millones de euros adicionales a esos 318 millones por impuestos.

Un año antes, en 2015, la recaudación por los impuestos regionales alcanzó en Castilla-La Mancha los 330,5 millones de euros. En 2014 fueron 323,26 millones y en 2013 totalizaron 325,64 millones.

A pesar de que en los últimos cuatro años la recaudación por sucesiones y donaciones, patrimonio, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentales oscilan entre los 318 millones y los 330, el gobierno regional en el presupuesto aprobado en septiembre para 2017 contempla ingresos por 406,5 millones de euros y en el proyecto de ley para 2018 estima la recaudación en 394,8 millones de euros. Las previsiones gubernamentales de 2017 y 2018 están muy lejos del comportamiento real y efectivo de la recaudación y reflejan una sobrevaloración de ingresos, lo que evidencia que determinados gastos en servicios sociales se quedarán sin hacer porque el ejecutivo regional no dispondrá de los fondos con los que sufragarlos.

Los informes sobre la recaudación líquida obtenida por las Comunidades Autónomas de los últimos cuatro años revelan que en 2016 el gobierno regional tuvo el peor registro en la recaudación por el impuesto que grava las herencias y las donaciones. Con la reforma fiscal del gabinete de García-Page, la hacienda autonómica recaudó 64,11 millones de euros por esta figura impositiva, cifra por debajo de los 65,33 millones de 2013. La cantidad más alta se dio en 2014 con 70,32 millones de euros. A pesar de esa realidad, la Junta consigna para 2017 una previsión de 83,83 millones de euros y para 2018 de 78,32 millones.

Otro tanto ocurre con el de patrimonio, un impuesto que en algunas comunidades, como Madrid, está bonificado al cien por cien, lo que provoca el efecto frontera y la fuga de declarantes a la región vecina, que también tiene una menor carga impositiva en otros tributos propios. Los castellano-manchegos con un patrimonio neto (descontadas las deudas) superior a 700.000 euros dejaron en las arcas autonómicas 15,16 millones de euros, cifra muy por debajo de los 18,5 millones de 2013 o los 17 millones de 2015. Par 2017 y 2018 el gobierno regional ha ajustado la previsión de ingresos a los 16,3 millones de euros.

En el capítulo de impuestos indirectos que engloba las figuras de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y que están más ligadas al dinamismo económico, la recaudación en 2016 cayó a los 236,81 millones de euros tras el aumento de los tipos impositivos, desde los 242,94 millones de 2015. En 2013 la recaudación también fue mayor y llegó a los 239,8 millones de euros. Sólo en 2014 se registró peor resultado que en 2014 (234,83 millones). De las dos figuras, la que más fondos recauda es la que grava las transmisiones de patrimoniales (viviendas, automóviles... de segunda mano, porque los bienes nuevos tributan por IVA). Castilla-La Mancha ingresó el año pasado 162,6 millones de euros, 13,5 millones menos que en 2015, aunque la cifra superó a 2013 (159,22 millones) y 2014 (153,22). Para 2017, el ejecutivo prevé recaudar 48 millones de euros más y llegar a los 210,93 millones de euros. Para 2018 lo deja en 209,58 millones.

Los actos jurídicos documentados (impuesto que grava operaciones notariales, mercantiles y administrativas (como las hipotecas, letras de cambio o anotaciones de embargo, declaraciones de obra nueva, divisiones horizontales…) reportaron al gobierno regional 74,21 millones de euros en 2016. Aunque la cuantía superó a la de 2015, año en el que se ingresaron 66,88 millones, está muy por debajo de la de 2013 y 2014, con 80,59 y 81,64 millones respectivamente. Para 2017 el gobierno ha fijado los ingresos por este concepto en 95,45 millones de euros y en 2018 en 90,62 millones.

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