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El gobierno de García-Page reniega del modelo de financiación aprobado por Zapatero y Barreda
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El gobierno de García-Page reniega del modelo de financiación aprobado por Zapatero y Barreda

lunes 05 de febrero de 2018, 21:33h

El gobierno del presidente García-Page se encuentra en medio de la tormenta perfecta: la desaceleración económica regional, la debilidad de las finanzas y el deterioro de los servicios públicos. Como salida política ha puesto en marcha la campaña de comunicación con la que concienciar a los ciudadanos para reclamar al Estado una financiación justa para nuestra comunidad, haciendo ver que el problema de la situación nada tiene que ver con su gestión, sino con un modelo de financiación injusto.

El gobierno del presidente García-Page ha trasladado al Partido Socialista la misión de enmendar lo que en realidad el propio gobierno ha empantanado. Clm21.es anticipó el pasado 21 de diciembre que el ejecutivo trabajaba en ese proyecto, que definitivamente se ha puesto en marcha el pasado fin de semana. Este proyecto se ejecuta no sin cierto malestar en algunos sectores del propio partido que recuerdan que el modelo de financiación vigente fue aprobado por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con el apoyo de todas las Comunidades Autónomas donde en 2009 gobernaba el PSOE, entre ellas se encontraba Castilla-La Mancha, que fue especialmente entusiasta con el sistema de financiación que ahora se cuestiona y en el que se pone la causa de los males de la Comunidad.

El ejecutivo regional ha puesto en marcha una campaña de denuncia del modelo de financiación aprobado en su día por el PSOE y rechazado por el PP

Finalmente, la presentación de la campaña ha sido la respuesta a una batería incesante de malos datos económicos y sociales obtenidos por el gobierno en los últimos días. El gobierno ha querido permanecer en segundo plano y ha puesto en la línea de fuego al nuevo secretario de organización, Sergio Gutiérrez. En la retaguardia se ha quedado el responsable de la negociación del nuevo modelo, José Luis Martínez Guijarro, el vicepresidente primero y hombre de confianza de García-Page, que lleva el día a día de la gestión del ejecutivo.

Y ese protagonismo, al que ahora renuncia Martínez Guijarro, es el que requirió el 21 de diciembre de 2009, cuando como consejero de Agricultura y Desarrollo Rural acompañó a su compañera de gabinete María Luisa Araújo, entonces vicepresidenta primera del gobierno de José María Barreda, a la firma del modelo de financiación que hoy está vigente y que el gobierno del presidente García-Page considera injusto. Dice la crónica que Araújo “mostró la satisfacción del Gobierno de José María Barreda con el nuevo sistema de financiación autonómica, porque es bueno para España y es bueno para Castilla-La Mancha, ya que nos beneficia de manera singular. Hoy es un día importante para la región porque del Gobierno de Barreda ha actuado de manera coherente y responsable en este acuerdo de financiación, ya que desde hoy nos da más recursos y más estabilidad porque las variables que se introducen nos benefician de manera significativa”.

Ante el desmarque del actual vicepresidente y hombre fuerte del gobierno de García-Page, el hilo argumental de la campaña actual lo ha tenido que verbalizar el secretario de organización del PSOE, Sergio Gutiérrez. El recientemente nombrado número dos del socialismo regional, un hombre con mayor capacidad intelectual y de talante moderado que ha desarrollado sus últimos años en el Parlamento Europeo, en el que entró antes de que se produjese la aprobación del modelo en 2009, dijo en la primera jornada de esta campaña que “se puede hacer más si recibimos la misma financiación que otras comunidades autónomas para prestar los servicios públicos que demandan los ciudadanos de Castilla-La Mancha”.

En este sentido y según el comunicado oficial dejó claro que “no queremos ni más ni menos, queremos lo justo y ser iguales para que en España no suceda que un ciudadano de otra región reciba más dinero de los impuestos del Estado que son de todos que otro que vive en nuestra región”. Un argumento el propio comunicado oficial resume en una frase:Igualdad y justicia financiera para promover la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos con independencia de los recursos que tengan y del lugar en el que se viva”.

El argumento que hoy utiliza el PSOE contra el modelo de financiación vigente es el mismo que utilizó el Partido Popular para oponerse sin éxito, a ese modelo el 12 de noviembre de 2009 cuando se votó la iniciativa del gobierno Zapatero en las Cortes. El actual presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, era entonces el jefe de la oposición, su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, la portavoz parlamentaria del PP y el actual ministro Álvaro Nadal fue el encargado de rebatir el proyecto con esa premisa: “el nuevo sistema de financiación autonómica es injusto y consagra la desigualdad de los españoles”.

Cuenta la crónica que fue un día de susto y que el PSOE sacó adelante el proyecto por la mínima raspada, 176 votos. Y que para ello contó con el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña, Iniciativa per Cataluña, Coalición Canaria, Nafarroa Bai y dos diputados de UPN.

La Ley Orgánica de Financiación Autonómica había llegado a las Cortes con la abstención en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades gobernadas por el PP y con el apoyo de las del PSOE, entre ellas Castilla-La Mancha. Y contó con el rechazo frontal de CiU, cuyo portavoz en el trámite parlamentario anticipó que ese modelo sería una fuente de conflicto entre Cataluña y el Estado por la financiación, uno de los problemas que actualmente forma parte en la desafección de parte de la ciudadanía de Cataluña. Sánchez Libre dijo: "A quienes van a apoyar esta ley de financiación autonómica les digo que van a cometer un asesinato político con premeditación del Estatuto de Cataluña".

Todo lo contrario de lo que mantiene el PSOE en la campaña actual al decir que “queremos exigir igualdad de trato con respecto a otras Comunidades que están privilegiadas. Queremos que un castellano-manchego pueda recibir la misma sanidad, educación, los mismos servicios sociales que lo que Rajoy da a un vasco o a un catalán”.

Campañas al margen, en lo que coinciden todas las Comunidades en la actualidad es que el reparto de los ingresos está descompensado y que las regiones, que son las que tienen el peso de los principales servicios de atención al ciudadano, reciben menos de la tarta que la administración general del Estado y que esa situación debe corregirse.

Tras esta posición se encuentra el hecho de que la sanidad es el principal gasto de las políticas autonómicas y que es un saco que se come todo lo que le echen. El caso no es nuevo. Ya la II Conferencias de Presidentes Autonómicos, celebrada el 10 de septiembre de 2005, cuando García-Page era consejero del gobierno de José María Barreda, acordó que el gobierno central inyectaría 6.100 millones de euros al sistema vigente de financiación autonómica para corregir las necesidades de la sanidad. En 2009 el nuevo modelo trataría de corregir definitivamente la financiación de sanidad y educación a través de un Fondo de Garantía.

Exactamente el 15 de julio de 2009 se llegaba a un acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con el apoyo de Castilla-La Mancha, sobre el modelo de financiación que sería el que se trasladase a la Ley Orgánica.

Desde entonces, la principal modificación a la baja se produjo en 2012 con el recorte de las aportaciones a la atención a la dependencia por parte del Estado. El gobierno del presidente García-Page sostiene que esa reducción que valora en 350 millones de euros fue suplida en nuestra Comunidad por el Gobierno regional, de ahí que en la campaña de concienciación reclame al Estado esa deuda.

Tras esta reclamación está la intención de que el gobierno de la nación incluya a Castilla-La Mancha entre las regiones “infrafinanciadas” y le condone parte de la deuda que nuestra Comunidad tiene con el Estado por los préstamos recibidos y que en la actualidad ronda los 10.000 millones de euros. Esa intención ha sido expuesta de forma genérica por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de cara a la negociación del nuevo modelo de financiación.

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