Cañizares ha recordado que inicialmente el gobierno exploró hace mucho tiempo la posibilidad de establecer un marco de diálogo. “Fue una única reunión que se celebró en el despacho que el ejecutivo tiene en las Cortes. Duró diez minutos y estuvimos presentes el vicepresidente del gobierno, Martínez Guijarro, el consejero de Hacienda Ruiz Molina y por nuestra parte Vicente Tirado y yo mismo. Nos mostramos receptivos y favorables a ese diálogo”. Pero finalmente no se volvió a producir ninguna reunión más: “Desde entonces nada más se supo. Incluso el gobierno designó al representante de Castilla-La Mancha en la comisión de expertos que debía elaborar un informe sobre el nuevo modelo, ni se nos consultó, ni se nos informó; nos enteramos cuando todo estaba hecho. No hicimos ningún comentario, porque no queríamos debilitar la posición de Castilla-La Mancha. El gobierno ni nos ha remitido un documento, ni nos ha pedido opinión”.
De las palabras de Francisco Cañizares se deduce que en estos momentos su formación opta por la prudencia y por no abrir una batalla política en torno a esta cuestión que perjudicaría a los ciudadanos, a pesar de la beligerancia mostrada desde el ejecutivo. Esta posición llega tras las críticas desde el PSOE contra Mariano Rajoy y el gobierno de España. Cañizares recuerda, no obstante, que el modelo de financiación vigente del que se queja el gobierno regional fue aprobado por el PSOE y rechazado por el PP en 2009 y que todavía no se conoce una propuesta del actual gobierno sobre la que se deba negociar el modelo futuro. En Castilla-La Mancha las posiciones quedaron fijadas en un debate parlamentario entre el socialista Santiago Moreno y la diputada popular Ana Guarinos.
Precisamente, la huida hacia adelante en lugar de hablar y sentar las bases del modelo a futuro cuya negociación se abrirá próximamente es lo más llamativo de la campaña puesta en marcha el pasado fin de semana por el equipo de gobierno. El gobierno ha criticado la situación actual, porque se recibe la misma financiación que otras comunidades autónomas. Con esta premisa de partida el ejecutivo pretende marcar una posición de fuerza con la que mejorar el resultado en la negociación.
El modelo vigente que fue aprobado en 2009 y que debería haberse revisado y renovado en 2014 se ha ido prorrogando y está previsto que este año se negocie un nuevo modelo que entre en vigor en 2019 o en 2020, es decir la próxima legislatura. El modelo actual de mayor autonomía y corresponsabilidad que el anterior se ha visto fuertemente vapuleado por la grave crisis económica que se dejó sentir en una caída de ingresos de todas las administraciones públicas y la necesidad de incremento del gasto social. De ahí que la mayoría de las Comunidades reclamen que en el reparto global de fondos se produzca una rebaja del peso de la administración general del Estado y un incremento del que tiene el sector autonómico.
Ese criterio que es compartido de forma unánime por las Comunidades abriría luego la puerta al reparto total entre ellas de los fondos y ahí es donde se produce el encontronazo de intereses entre regiones.
La cuestión es saber cuánto puede tardar la negociación, aunque ya parece inevitable que el modelo tenga su repercusión efectiva en la próxima legislatura, donde puede que Castilla-la Mancha cuente con un presidente del mismo partido que en la actualidad o que se produzca cambio.
Desde 2016 las regiones españolas vienen planteando la necesidad de un cambio en su financiación y se han realizado las labores previas para iniciar el proceso de negociación. La principal fue la constitución de un grupo de expertos, conformado por un representante designado por cada Comunidad y cuatro por el Ministerio. Este grupo terminó su informe el verano pasado y ahora el Ministerio debe presentar una propuesta para la negociación, que debe producirse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que reúne a los representantes de las Haciendas regionales y al gobierno de España.
Pero el escenario de Cataluña todavía es inestable y mientras no se despeje la situación en esa Comunidad hay quien considera que no sería aconsejable abordar la negociación. Hay que recordar que Cataluña ha sido muy beligerante en los últimos años con el modelo de financiación, una beligerancia que quedó patente desde el primer día cuando el Congreso aprobó el modelo vigente en noviembre de 2009. Desde entonces han sido varios los encontronazos, y las polémicas, desde la petición de la publicación de las balanzas fiscales autonómicas, al apunte del establecimiento de un sistema de concierto. El calendario también se ve comprometido con la falta de presupuestos generales para 2018 y a falta de pocos meses para que se empiece a elaborar el de 2019, año en el que además habrá elecciones autonómicas.
Las negociaciones previas a la aprobación del modelo actual de 2009, tal y como reconoció en su día la responsable de la Hacienda Autonómica, María Luisa Araújo, comenzaron en 2004, cuando el actual presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, era consejero de Relaciones Institucionales. Fue en la segunda Conferencia de Presidentes de 2005 cuando ya se habló de crear un grupo de trabajo que iniciara la reforma. El actual presidente pasó en 2005 a ser vicepresidente del gobierno regional, cargo que ocupó hasta 2007, fecha en la que ya estaba bastante avanzado el modelo de financiación y en la que abandonó el ejecutivo regional para presentarse a las elecciones al ayuntamiento de Toledo. Precisamente, la convocatoria electoral de ese año paró el proceso, que se retomó pasada la consulta hasta llegar en 2008 a un documento casi cerrado, que finalmente se aprobó en el verano de 2009 por el Consejo de Política Fiscal y Financiera y posteriormente se convirtió en ley en noviembre de ese año.
El voto favorable del gobierno Castilla-La Mancha en el Consejo de Política Fiscal y Financiera a ese modelo lo explicó el día 16 de julio la vicepresidenta María Luisa Araújo: “El nuevo sistema de financiación significa que vamos a tener más recursos para los servicios que más importan a los ciudadanos”. La responsable económica del ejecutivo regional añadió que “este sistema de financiación nos da más recursos, más igualdad, más suficiencia, más corresponsabilidad fiscal, ya que contarán con un mayor porcentaje de impuestos cedidos y una mayor capacidad normativa. El 80 por ciento de los recursos tributarios se destinarán a la solidaridad, garantizando igual financiación para los servicios públicos fundamentales y el 20 por ciento del resto de los recursos sufragará la convergencia entre las comunidades autónomas, y garantizará la suficiencia financiera para el desarrollo del resto de competencias transferidas”. Algo que el ejecutivo actual cuestiona.
Bien es cierto que una de las aportaciones de Castilla-La Mancha al modelo, la de que a efectos de financiación se considerara la población dependiente, efectivamente ya valorada, se vio alterada en 2012 con la reforma de la financiación de la dependencia. El gobierno de Castilla-la Mancha valora el impacto de esta reforma en 350 millones de euros.
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