La presidenta de la AIReF, Inés Olóndriz, ha trasladado esta advertencia durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en la que ha delimitado el papel de la institución en el debate sobre la reforma. La autoridad fiscal ha recordado que no le corresponde pronunciarse sobre cómo deben repartirse los recursos entre las distintas administraciones ni sobre la configuración política del sistema, pero sí evaluar sus efectos sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas.
La advertencia adquiere especial relevancia en un momento en el que el nuevo sistema plantea un incremento de los recursos disponibles para las comunidades autónomas. Para la AIReF, ese aumento no puede traducirse automáticamente en un mayor gasto agregado del conjunto de las administraciones públicas.
En términos prácticos, la institución considera que si las autonomías disponen de mayor margen para financiar sus competencias, ese espacio fiscal deberá tener su correspondiente reflejo en el ámbito estatal. De lo contrario, se produciría un aumento del gasto computable que podría comprometer el cumplimiento de las reglas fiscales.
La AIReF aún no puede cerrar su evaluación
La autoridad fiscal considera que todavía no existen elementos suficientes para realizar una valoración definitiva de las consecuencias del acuerdo sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Uno de los aspectos pendientes es la modulación temporal de los recursos que recibirán las comunidades en 2027. El acuerdo contempla que el porcentaje aplicado a las entregas a cuenta sea inicialmente inferior al 95%, con una reducción de hasta tres puntos porcentuales.
La AIReF considera necesario cuantificar cómo afectará esta fórmula a la financiación efectiva de las comunidades durante el primer ejercicio de aplicación y determinar cómo se producirá posteriormente su regularización.
El segundo elemento pendiente afecta directamente a la regla de gasto. El acuerdo prevé que mediante futuros desarrollos normativos el gasto adicional de las comunidades financiado con los nuevos recursos permanentes no compute a efectos de la regla de gasto nacional.
Sin embargo, la AIReF llama la atención sobre un aspecto que considera determinante: el acuerdo no especifica cómo afectará esta excepción al resto de subsectores de las Administraciones Públicas.
De ahí que la autoridad fiscal insista en que un incremento del margen de gasto autonómico debe ir acompañado de un ajuste equivalente en la Administración central.
El impacto no será igual para todas las comunidades
La AIReF introduce además otro elemento relevante en el debate: la situación fiscal de las comunidades autónomas es muy heterogénea, tanto en términos de déficit como de deuda.
Esta disparidad hace que el efecto de un aumento de recursos no sea necesariamente igual para todos los territorios. La capacidad adicional de financiación puede aliviar las cuentas de las autonomías con mayores necesidades financieras, pero también plantea interrogantes sobre la evolución del gasto estructural y sobre el cumplimiento de las reglas fiscales en cada administración.
La institución considera por ello necesario que el desarrollo normativo del nuevo modelo precise el alcance de los cambios y garantice su compatibilidad con la senda europea de gasto primario neto y con los compromisos asumidos por España en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo (PFEMP).
Un debate que va más allá del reparto de fondos
El pronunciamiento de la AIReF introduce así una segunda dimensión en la discusión sobre la reforma de la financiación autonómica. Más allá de determinar cuánto dinero recibe cada comunidad y cómo se distribuyen los recursos, el nuevo modelo tendrá que encajar en las restricciones fiscales que afectan al conjunto de las administraciones españolas.
La cuestión es especialmente relevante para comunidades como Castilla-La Mancha, que han defendido históricamente que el sistema debe garantizar recursos suficientes para financiar los servicios públicos que tienen transferidos y que el reparto debe responder al coste efectivo de la prestación de esos servicios, y no únicamente a variables poblacionales.
La advertencia de la AIReF sitúa, por tanto, el debate sobre la financiación autonómica en un doble plano: suficiencia financiera de las comunidades y sostenibilidad del conjunto de las cuentas públicas.
La autoridad fiscal podrá completar su valoración cuando se concrete el desarrollo legal de la reforma y determinar entonces si su diseño y aplicación resultan compatibles con la sostenibilidad financiera y con los compromisos fiscales europeos asumidos por España.
Si (
No(
