A preguntas de clm21.es sobre si va a considerar la petición realizada por Comisiones Obreras de cesar al director general de Salud Pública por este caso, García-Page ha señalado que “En los conflictos de trabajadores públicos en relación con la administración, no voy a entrar como presidente. Por tanto, lo tengo que decir con claridad: si alguien piensa que hay algún tipo de favor a una empresa, que no lo diga, que lo digan los tribunales, hombre”.
Posteriormente el presidente se ha referido al caso como “falso rumor”. Lo que el presidente ha calificado de “falso rumor” no es ni más ni menos que el contenido expuesto en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. El máximo tribunal de la Comunidad dictó una sentencia el 21 de septiembre del año pasado a propósito del expediente abierto por el gobierno a los veterinarios que levantaron actas y denunciaron el maltrato animal. En ella se dice literalmente “pero si es evidente que no procedía abrir ningún expediente, el hecho de que lo primero que se hiciera en que se abrió fuera apartar de su puesto de trabajo a los dos funcionarios, con el único elemento para justificar tal cosa que las simples quejas de un administrado con evidente interés en el asunto, entra ya de lleno en el ámbito de la manifiesta arbitrariedad y demuestra una complacencia y claudicación frente a los deseos de un administrado, que supuestamente debe sujetarse al control de la Administración, que a esta Sala le resulta de muy difícil explicación y que es frontalmente incompatible con el interés general que la Administración debe defender de acuerdo con el art. 103 CE. La Administración parece haber actuado aquí a dictado de la sociedad inspeccionada por motivos que se nos escapan, y parece haber utilizado la vía del expediente disciplinario como forma de apartar a dos funcionarios que la citada empresa consideraba incómodos. En definitiva, la actuación administrativa supuso manifiesta vulneración de los derechos y principios que la parte invoca, pues ésta tuvo que sufrir una medida cautelar en el seno de un expediente sancionador abierto sin el más leve atisbo de tipicidad.”
Manifiesta arbitrariedad, complacencia, actuar al dictado de la empresa, claudicación frente a los deseos de esta, vulneración de derechos de los funcionarios…a pesar de estos términos recogidos en la sentencia del Tribunal superior de Justicia, el presidente de Castilla-La Mancha en su respuesta a clm21.es y en respuesta a las informaciones que han publicado Economía Digital y este medio ha manifestado: “…de la noche a la mañana nos podemos cargar empresas que generan miles de empleos, que generan una cantidad de riqueza impresionante en la comunidad autónoma por un falso rumor. Si alguien tiene una denuncia legal por maltrato y tal, que lo diga en los tribunales. Tan sencillo como eso”.
En otro momento de su intervención, el presidente García-Page ha mantenido su línea de defensa de la empresa, que fue sancionada junto al gobierno regional al pago de las costas de la primera instancia del procedimiento por el máximo tribunal de la Comunidad: “ Ahora si quieren que hablemos mal de una de las empresas que da más empleo –ha señalado García Page- ahora que nadie juegue con una empresa que da miles de empleos. Hay empresas ejemplares que puedan cometer un error. No digo que no. También hay funcionarios que pueden cometer un error. No vamos a entrar en ese debate. Las empresas deben cumplir con las leyes. Los trabajadores públicos también. No veo una contraposición.”
A renglón seguido, el presidente del gobierno ha manifestado que “si algún funcionario cree que no se le respeta su puesto de trabajo, tiene los tribunales para ir y para recurrir. Y hay sentencias que hay que acatar. Eso no tiene nada que ver con el director de Función Pública ni con el director de Salud Pública”, ha dicho en referencia a la petición de cese formulada por Comisiones Obreras.
Finalmente, el presidente ha animado a llevar el caso a los mismos tribunales que ya han entendido del mismo y para ello ha tratado de situar la cuestión en si ha existido riesgo para la población. “Si alguien lo que está diciendo es que hay alguna empresa que juega con la salud de los ciudadanos, o que incumple alguna ley, por favor que no alarme y sobre todo no juegue con los puestos de trabajo de la gente. Simple y llanamente que vaya a los tribunales y denuncie. Es sencillo.”
Los documentos oficiales del expediente a Incarlopsa señalan entre otras cosas, en un acta adjuntada a los expedientes, que “existe un desacato reiterado de las indicaciones específicas de la Autoridad Sanitaria (Resolución del 26 de Septiembre de 2014,) y negativa del operador a cumplir las instrucciones expresas de los inspectores, lo cual implicaría una infracción muy grave a las obligaciones generales de los operadores en las inspecciones (Ley de Ordenación Sanitaria CLM 8/2000, Ley 8/2003, Ley 17/2011). Además estos hechos implicarían una vulneración de los principios generales de los operadores alimentarios (R.178/2000) respecto al principio de colaboración con la Autoridad y cumplimiento de las medidas cautelares e indicaciones de la inspección”.
"La gravedad de la situación actual, estriba no sólo en el incumplimiento reglamentario en materia de bienestar animal, (situaciones de maltrato desde hace largo tiempo y que son evitables) sino en el incumplimiento de las obligaciones del operador como inspeccionado y administrado, en la reincidencia de la infracción y en el desafío a la Autoridad Sanitaria”, añade otro documento de los expedientes de Incarlopsa.
Incarlopsa donó en 2016 y 2017 400.000 euros a la fundación Impulsa del gobierno regional, que tiene funciones de promoción cultural, deportiva, turística e institucional y que lleva a cabo numerosas campañas publicitarias del Gobierno a través de encomiendas de gestión. La fundación está presidida por el secretario general de la Presidencia del Gobierno y hombre de confianza de García-Page desde su etapa como alcalde de la capital, Rafael Perezagua y en sus órganos de dirección están la responsable de publicidad del gobierno del presidente García-Page.
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