En pleno debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, la financiación sanitaria se abre paso en la negociación al suponer la tercera parte del gasto autonómico. Andalucía y Castilla-La Mancha llevan la voz cantante en el Consejo Interterritorial de Salud para reclamar que se vuelva a la financiación finalista del sistema. Le secundan el resto de regiones gobernadas por el PSOE, tres de ellas Asturias (1.577 euros por habitante), Extremadura (1.549 euros) y Aragón (1.544 euros) están a la cabeza, sólo por detrás del País Vasco (1.669 euros), en la financiación per cápita de sus sistemas de salud. Entre País Vasco y Andalucía la diferencia del gasto sanitario por habitantes es de 559 euros. Dicho en términos más gráficos, por cada 3 euros que el País Vasco gasta en atender sanitariamente a sus ciudadanos, Andalucía gasta 2 euros.
En 2016 el gasto sanitario supuso 66.678 millones de euros a las administraciones públicas. Ya en 2015, el último año de la legislatura pasada con 65.708, las Comunidades habían recuperado el nivel previo a la crisis.
La financiación finalista es, según los expertos, una medida regresiva en materia de autonomía regional, que se abandonó en su día por su ineficacia y se optó por un sistema de financiación general de cobertura a través de la cesión de parte de los impuestos estatales (IRPF, IVA, e impuestos especiales), que también se ha mostrado ineficaz incluso con el aumento del porcentaje de los impuestos compartidos y con los Fondos de Garantía de los Servicios, de Suficiencia Global y de Convergencia. Muchas Comunidades desviaron parte de los fondos a la financiación de otros gastos. En otras los sistemas de gestión, el catálogo de servicios, la determinación de políticas incidieron en resultados dispares en la gestión entre Comunidades y en los servicios que prestan y cómo los prestan a los ciudadanos.
En plena revisión del modelo de financiación algunas comunidades miran al sistema pasado en la convicción de que el regreso les supondrá un dinero adicional que, por ejemplo en Andalucía, UGT estima entre 600 y 700 millones de euros anuales. En la misma línea está el gobierno de Castilla-La Mancha, Comunidad que destina el 6,9% del PIB a sanidad, porcentaje sólo superado por Extremadura (9,4%), Asturias (7,6%) y Murcia (7,5%). La media nacional está en el 5,5%. Este mayor porcentaje obedece a dos razones fundamentales, como recoge el informe de la Estadística de Gasto Sanitario Público referido a 2016, por un lado por la diferencia del nivel de riqueza entre unas regiones y otras, también por los mecanismos compensatorios del sistema de financiación en vigor que “tratan de garantizar la equidad del sistema”.
La sanidad actual nada tiene que ver con la de principios de siglo, cuando se llevaron a cabo las transferencias. La crisis, el envejecimiento de la población, el aumento del coste de los medicamentos, los sistemas de compra de la tecnología o los propios costes de gestión son muy diferentes. Y ese es uno de los elementos a tener en cuenta a la hora de abordar la financiación del sistema.
Casi la mitad del gasto sanitario, el 44,5%, se destina al pago del personal, en concreto en 2016 fueron 29.689 millones de euros. En Castilla-La Mancha, el SESCAM destinará este año 2018 el 1408,45 millones, el 51,86% de su presupuesto a pagar a su personal. Todo ello, a pesar de carencias notables como la precariedad en la contratación denunciada por algunos colegios profesionales, la ralentización de las contrataciones de refuerzo o de sustitución, el mantenimiento de unas plantillas sanitarias insuficientes, la sobrecarga de trabajo y no haber reactivado la carrera sanitaria, veto que permanece en la ley de presupuestos. El dato ilustra la disparidad de criterios en la gestión sanitaria entre Comunidades.
Al gobierno regional le cuesta mantener bajo control el gasto farmacéutico, que es el segundo gran concepto en coste de la sanidad regional. Durante el primer trimestre, los fármacos y hemoderivados han supuesto un coste de 212,5 millones de euros, a los que hay que sumar el coste de los consumibles. En total, la factura al final de año rondará los 1.000 millones de euros. En 2016, la farmacia (que no incluye todo el gasto en medicamentos) le supuso al SESCAM el 18,9% de su presupuesto, 2,1 puntos por encima de la media nacional. Ese porcentaje sólo fue superado por los servicios regionales de salud de Valencia y de Extremadura.
A día de hoy, ocho de los diez mayores proveedores de la Junta de Comunidades son empresas sanitarias. Comparten la lista con la suministradora de todos los servicios eléctricos (Iberdrola) y telefónicos (Telefónica). En 2016 esas 8 compañías sanitarias facturaron a la Junta 118 millones de euros. A finales de 2017 el gobierno regional debía a sus proveedores 158 millones en facturas sin pagar de los que 98 millones los adeudaba a empresas sanitarias.
Esa dificultad de controlar el gasto también ocurre en otra de las partidas importantes en la gestión como es la de prestación con servicios ajenos, donde se engloban los conciertos y derivaciones a clínicas privadas y, que según la Intervención del Estado, se dispararon durante el año pasado un 22,4% por encima del coste previsto por el propio gobierno del presidente García-Page, que llegó con la idea y la promesa de suprimir las privatizaciones pero que ha elevado los fondos que se destinan a las mismas.
A pesar de la recuperación del gasto sanitario a niveles de antes de la crisis, uno de los indicadores que reflejan la calidad de la atención, como es el de la listas de espera y especialmente la quirúrgica, lejos de mejorar se ha deteriorado, no sólo con el incremento del número de pacientes, también con los tiempos medios y máximos de espera. A finales de marzo, (últimos datos oficiales) 38.200 castellano-manchegos esperaban ser llamados para ser operados, de ellos 12.804 llevaban más de seis meses en espera. Lo que se iba a solucionar en una legislatura, lejos de haberse alcanzado ha empeorado.
Se ha ampliado la cartera de servicios con algunas medidas como el sistema de prevención de determinados cánceres como el de colón o el de cérvix o la ampliación de la prueba del talón. Pero todavía se mantiene la dilación en la periodicidad de otras pruebas preventivas recurrentes. Revisiones que antes de se hacían cada año ahora mantienen una periodicidad de dos años, dando un respiro a determinados servicios sanitarios sobresaturados.
Una de las carencias del sistema la marca el déficit de profesionales de algunas especialidades. Los gestores se amparan en ese déficit para justificar algunos resultados de la gestión. Las medidas, según el foro de la profesión médica, pasan por ampliar la oferta de formación, de Médicos Internos residentes (MIR), una medida en un horizonte a cuatro o cinco años, que choca con las políticas cortoplacistas de un gobierno que tiene un mandato de cuatro años. A juicio de los sindicatos de enfermería, en el caso de estos profesionales, la solución está por adecuar los ratios de número de profesionales por población atendida. Los datos del informe revelan que Castilla-la Mancha destinó 41 millones de euros en 2016 a la formación de MIR, que representa el 3% del gasto destinado a remuneración de personal. La media nacional se sitúa en el 3,7%.
La disparidad en la gestión también queda patente en otros indicadores, como el porcentaje de fondos destinados a servicios hospitalarios y especializados. Si en el conjunto autonómico estos servicios representan el 63,4% del presupuesto, en Castilla-La Mancha apenas llegan al 57,5%, lo que hace que nuestra Comunidad sea tras Extremadura la que destina menos porcentaje de su presupuesto sanitario a estos servicios.
Los datos indican no sólo que es necesaria una modificación del modelo de financiación sanitaria y que este debe obedecer a criterios actuales de los costes sanitarios desligados de los demás gastos autonómicos. También que es preciso un cambio en la gestión tanto autonómica como en la política de aprobación y precios de medicamentos y, según los expertos una vinculación más estrecha entre sanidad y atención social. Y, sobre todo, la orientación de la gestión priorizando al ciudadano y no los balances a corto plazo, que el tiempo ha demostrado que genera graves problemas estructurales en el sistema.
El gobierno de Castilla-la Mancha mantiene el criterio de que debe existir una financiación sanitaria finalista y suficiente, lo que implica que sea el gobierno de España el que determine el dinero que transfiere a cada región para cubrir el servicio de salud. Ese dinero será gestionado posteriormente por cada Comunidad. La ventaja del modelo es que ninguna región podrá reducir la cuantía, pero si distribuirla según sus criterios de gestión. Esa ventaja se mostró insuficiente en la etapa en la que estuvo funcionando el sistema de financiación finalista. El problema que plantea la propuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha reside en cómo se alcanza esa suficiencia a ojos de todas las Comunidades, cuáles son los criterios para establecer la cuantía a transferir a cada una de ellas.
Si (
No(
