El gobierno del presidente García-Page valoró que la deuda histórica del Gobierno nacional con Castilla-La Mancha por esa infradotación presupuestaria superaba los 8.000 millones de euros tan sólo en el periodo entre 2009 y 2015. Y ya fijó postura: que el gobierno de Rajoy compensara la deuda histórica con la deuda que tiene la Junta con el Estado por los créditos recibidos y que supera los 10.000 millones de euros.
Otra herencia de la nueva ministra: CLM exige que la deuda histórica del Estado por infrafinanciación sirva para suavizar la deuda financiera que tiene la Junta con el Ministerio
Fueron las principales conclusiones del estudio que hizo el equipo de Ruiz Molina de cara a la negociación del nuevo modelo de financiación que, ahora, tras el cambio en el gobierno nacional, debe pilotar la ministra María Jesús Montero. Y debe hacerlo en medio de las reticencias y suspicacias de todas las comunidades, incluidas las del PSOE, porque la nueva titular de Hacienda lo era hasta ahora de la misma cartera en la Junta de Andalucía. Los que fueran sus iguales temen que tenga la tentación de beneficiar a su tierra con el nuevo modelo.
Ruiz Molina tenía preparada la estrategia frente a Montoro y ya anunció que: “En la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica Castilla-La Mancha propondrá aumentar los recursos del conjunto del sistema, el reparto de la totalidad de los recursos de acuerdo a la población ajustada, la redefinición de las variables de la población ajustada, la compensación de la infrafinanciación, la armonización fiscal y el respeto al principio de lealtad institucional”.
Y era una estrategia en la que corrían las prisas: “Es de justicia para las Comunidades Autónomas, pero especialmente para Castilla-La Mancha, que se aborde cuanto antes una reforma del modelo de financiación que está siendo claramente perjudicial para los intereses de nuestra región y que imposibilita que alcancemos en, al menos, los servicios públicos fundamentales el nivel de gasto medio en el que vienen incurriendo las comunidades autónomas”.
Aun siendo el tema principal, no es el único que tiene entre manos la Hacienda autonómica. Castilla-La Mancha figura entre las que tienen peor sus cuentas y está en riesgo financiero extremo. García-Page no ha cumplido ni un solo año con la obligación de no rebasar el déficit marcado para todas y cada una de las Comunidades Autónomas. Lo grave es que, a pesar de ello, no ha logrado cubrir las mayorías de las expectativas que generó para llegar al palacio de Fuensalida, incluso los indicadores de algunos servicios públicos están peor que con el gobierno anterior.
El gobierno regional se ha movido ya para que el Ministerio revise el informe provisional sobre el déficit del año 2017 y confía en obtener de su compañera de partido que en el informe definitivo sobre el déficit que verá la luz en septiembre, Castilla-La Mancha pase de incumplidora a cumplidora y se rebaje en la cocina el déficit del 0,72 hecho público en abril al 0,62%.
Este tema, aunque recae en la Intervención General de la Administración del Estado del Ministerio de Hacienda, afecta al departamento de Economía que dirige Nadia Calviño, la que hasta la fecha fuera la directora de los presupuestos de la Unión Europea. El nombramiento es un gesto de Sánchez hacia Bruselas para enviar el mensaje del compromiso del nuevo gobierno con la Unión y con los objetivos de estabilidad, entre ellos el de déficit público.
Esa modificación sería un leve respiro para unas cuentas de una Comunidad Autónoma que es la segunda con mayor deuda en relación a su riqueza, que en marzo encabezaba el déficit de 2018, habiendo superado el límite para todo el año y que arrastra deudas con proveedores de años anteriores, especialmente de 2017, cuando difirió obligaciones y pagos a 2018 para tratar de dejar el déficit en el 0,6%, aunque al cierre se quedara en el 0,72%, a espera de que ahora la con la nueva ministra pueda quedarse en el 0,62%
Los números del informe de la Consejería sobre la infrafinanciación de Castilla-La Mancha, elaborado en marzo, cruzados con otros estudios nacionales del PSOE, revelan que al menos la mitad de los 17.000 millones de euros que necesitan las Comunidades Autónomas para adecuar sus servicios, son necesarios en recuperar los recortes sanitarios registrados en toda España en la legislatura pasada.
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