El pasado 13 de junio el portavoz del gobierno del presidente García-Page compareció en la sede oficial de la Presidencia para dar una rueda de prensa e informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno celebrado el día anterior. La nota de prensa de esa comparecencia relega a segundo plano la información de los acuerdos del Consejo y destaca los datos sobre la gestión sanitaria y listas de espera, que se habían colgado de la página de transparencia momentos antes de la rueda de prensa.
En la nota de prensa se dice literalmente “Hernando ha recordado que a diferencia del Gobierno de Cospedal, que en los primeros cinco meses de 2015 se gastó el 90 por ciento de todo lo presupuestado ese año para derivaciones privadas ‘con el único propósito de maquillar las listas de espera de cara a las elecciones autonómicas de aquel año’, el Gobierno de Emiliano García-Page utiliza las listas de espera ‘como instrumento útil al servicio de la ciudadanía’”.
El documento oficial del gobierno que figura registrado sobre la ejecución presupuestaria a finales de junio de 2015 (es decir, un mes después de los datos facilitados por el portavoz) revela que el dato facilitado por el gobierno a los periodistas es falso.
A 30 de junio de 2015 el gobierno regional había comprometido el 40,35% de los fondos para derivaciones sanitarias y había reconocido obligaciones de pago (gastado) el 35,96%, una vez las clínicas privadas habían realizado su trabajo. El porcentaje -tanto de lo comprometido, como de las obligaciones de pago- dista mucho del 90% facilitado por el portavoz en su rueda de prensa y en la correspondiente nota enviada a los medios de comunicación.
En términos absolutos, el documento de ejecución presupuestaria que lleva fecha de 1 de julio de 2015, está firmado por el entonces director general de Relaciones con las Cortes y pasado por registro oficial, revela que a esa fecha el gobierno regional había adquirido un compromiso con las clínicas privadas por importe de 21 millones de euros, de los que ya les había reconocido obligaciones de pago por 18,72 millones de euros.
Estos datos de hace tres años contrastan con los de finales de mayo de 2018. El gobierno regional actual había comprometido a finales de mayo el 76,49% de los fondos para derivaciones sanitarias y había reconocido obligaciones de pago del 60% del presupuesto aprobado por las Cortes.
A finales de mayo de 2018, los compromisos del actual gobierno ascendían a 36,01 millones de euros y reconocido obligaciones de pago por valor de 28,21 millones.
Con independencia de que el actual gobierno haya aumentado el gasto en derivaciones a la sanidad privada sobre lo que hacía el anterior y de la legítima dialéctica y la confrontación política, los datos revelan la falsedad de la información oficial y cuestionan la veracidad de las informaciones que facilita el actual gobierno a los medios de comunicación.
No es la primera vez que un miembro del gobierno falta a la verdad en sus comparecencias públicas. El presidente, Emiliano García-Page sorprendió a los periodistas cuando, a propósito de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que condenaba a su gobierno por represaliar a dos funcionarios que levantaron expedientes a una empresa, calificó el documento del máximo Tribunal de la región como un “falso rumor".
El pasado 26 de abril el Tribunal Superior de Justicia dictó Sentencia condenatoria contra el gobierno, por el uso partidista de las Redes Sociales institucionales por parte del Gobierno de Emiliano García-Page, utilizando el hashtag #PAGECUMPLE para atribuir logros institucionales directamente al Presidente del Gobierno regional. Según el Tribunal, esta campaña produjo "una clara desventaja política”.
El Tribunal Superior de Justicia recordó la legislación en vigor, que determina que “la dualidad entre la naturaleza política v ejecutiva de la acción gubernamental debe mantenerse en esferas comunicativas separadas. La valoración, el juicio y la información de carácter político tienen sus propios cauces y no deben mezclarse con la actividad comunicativa que, ordenada y orientada a la difusión de un mensaje común, emprende la Administración para dar a conocer a los ciudadanos los servicios que presta v las actividades que desarrolla. Debe ser un principio fundamental de la actividad comunicativa del Gobierno, a través de campañas institucionales, desligar la opinión política de la información veraz y neutral sobre sus políticas públicas. La publicidad y comunicación institucional deben estar al estricto servicio de las necesidades e intereses de los ciudadanos, facilitar el ejercicio de sus derechos y promover el cumplimiento de sus deberes, v no deben perseguir objetivos inadecuados al buen uso de los fondos públicos”.
Sin embargo y a pesar de esta sentencia no son pocas las comparecencias y las notas oficiales de prensa del gobierno regional sobre información oficial a los ciudadanos que se emplean para cargar contra sus adversarios políticos, incluso seleccionando y torciendo los datos a la conveniencia política, buscando siempre una interpretación positiva de los propios y negativa de los contrarios.
Clm21.es lleva un mes esperando que los servicios de comunicación del gobierno le faciliten los datos de la ejecución del Plan de Renovación de Alta tecnología Sanitaria 2016-2020
Asimismo, el gobierno trata de dificultar el trabajo de los medios de comunicación que solicitan documentación para poder contrastar los datos oficiales. El pasado 21 de mayo, clm21.es se dirigió a los servicios de prensa del gobierno para ver si se le podía facilitar los datos de ejecución del Plan de Renovación de Alta Tecnología Sanitaria 2016-2020, con indicación de los tipos de aparato, hospital y fecha de puesta en marcha. Tras un “ok nos ponemos con ello” ha transcurrido un mes sin que se haya facilitado la información. Ante esta actitud obstruccionista, este medio ha recurrido a la Ley de Transparencia y ha solicitado la información en virtud de esta normativa, aún con la duda de si recibirán la información solicitada o una interpretación interesada de la misma hecha por el Ejecutivo.
Las derivaciones sanitarias y el ciclo de gasto
Las contrataciones de la atención sanitaria en clínicas privadas y no en hospitales públicos, lo que se conoce como derivaciones de pacientes a la sanidad privada, se incluyen en los programas y documentos presupuestarios bajo el epígrafe de “Prestación de asistencia sanitaria con medios ajenos”. En ese epígrafe también se incluyen los conciertos con las empresas de transporte sanitario (ambulancias y helicópteros), los convenios con las universidades para plazas vinculadas y los acuerdos con otros organismos públicos para la prestación de asistencia sanitaria.
Aún sumando todos estos epígrafes a los de derivación a clínicas privadas, el gasto comprometido o reconocido a 31 de mayo de 2015 tampoco alcanza el 90%. El comprometido se queda en el 74% y las obligaciones reconocidas en el 44,18% Hay que tener en cuenta que en este caso la cuantía comprometida crece sustancialmente porque responde a convenios o contratos firmados especialmente con las empresas de ambulancia y con otros organismos públicos.
El ciclo presupuestario en las administraciones públicas contempla una primera fase interna de autorización del gasto, por la que se reserva dinero para una actividad que se tiene intención de hacer sin que tenga implicaciones por terceros. La segunda fase es la de compromiso de gasto con terceros mediante actos de relevancia jurídica que vinculan a la administración a realizar un gasto concreto por una cuantía determinada (contratos, convenios…). Pero puede que el gasto no se lleve a cabo por múltiples causas. El gasto se entiende hecho cuando el tercero ha realizado las prestaciones inherentes al mismo. El gobierno debe entonces dar la conformidad y legitimar la deuda para lo que solicita la factura y la justificación de la realización del trabajo contratado, es entonces cuando la obligación está reconocida el presupuesto ejecutado. Por último está el pago o liquidación de la deuda.
Oficialmente, el gasto está hecho cuando se ha reconocido la obligación, se haya pagado o no. Ese es el presupuesto gastado.
En el caso de los datos de los gastos para derivaciones sanitarias de 2015, el autorizado era el 42,31%, el comprometido el 40,35% y las obligaciones reconocidas el 35,95%.
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