Castilla la Mancha deberá recortar los gastos de endeudamiento en casi 1000 millones de euros durante 2016 en un escenario de crecimiento cero de nuestra economía. En el caso de que nuestro PIB creciera a un ritmo del 3 por ciento esperado, el recorte de deuda viva debería ser de 570 millones de euros. Aun así seguirá siendo la segunda región española con mayor nivel de endeudamiento en relación a su riqueza.
Castilla-La Mancha es la segunda región más endeudada de España en relación a su riqueza
Castilla-La Mancha no tiene margen para obtener más ingreso vía endeudamiento. La deuda pública de Castilla-la Mancha a final de 2015 equivalía al 35,5 por ciento de la riqueza regional (PIB), la segunda con mayor índice por detrás sólo de Valencia y por delante, incluso de Cataluña. Las Comunidades Autónomas tenían aprobada una capacidad de endeudamiento del 22,5 por ciento de su PIB. Sin embargo, regiones como Castilla-La Mancha (35,5 %), Valencia (41,30%), Murcia (27,30%), Baleares (30,40%) y Cataluña (35,30 %) no podían hacer una amortización tan drástica. En el caso de nuestra región suponía reducir 13 puntos en un año, lo que equivaldría a dejar de prestar los servicios básicos a los ciudadanos para cumplir ese objetivo, porque el ajuste hubiese supuesto durante 2016 unos pagos de cancelación de deudas cercanos a los 5.000 millones de euros, en un presupuesto total de 8.420 millones de euros.
Por ello, el Ministerio de Hacienda estudió establecer nuevos escenarios viables y el consejo de ministros aprobó a finales del pasado año el aumento del límite para estas cinco regiones. En concreto a nuestra región se le permite llegar al 33 por ciento este año, lo que supone una reducción de 945 millones de euros. En 2017, el endeudamiento no puede representar más del 31,9 y en 2016 no puede rebasar el 30,6 por ciento del PIB regional. Para esa fecha, la mayoría de las comunidades españolas se moverán en una horquilla de entre el 15 y el 17 por ciento.
El gobierno central ha tenido que autorizar a nuestra Comunidad a tener a finales de año una deuda del 33 % del PIB en lugar del 22% aprobado inicialmente
Este escenario obliga al gobierno a una restrictiva política del gasto público y a una estrecha y firme vigilancia de la ejecución presupuestaria. Así el Ministerio de Hacienda ha recomendado una actuación activa de la intervención general de la Junta de Comunidades para garantizar el cumplimiento de los objetivos, no sólo de déficit, también del nivel de endeudamiento.
Como viene informando clm21.es, Castilla-La Mancha ha encadenado dos trimestres seguidos de desaceleración económica y de menor crecimiento del PIB. Ello nos puede llevar a tener que reajustar ligeramente a la baja la política del gasto.
Este escenario dificulta el plan de rescate ciudadano, en el que se computarán partidas genéricas para poder dar cumplimiento a las cuantías anunciadas políticamente por el Gobierno, PSOE y Podemos.
La reducción en 2,5 puntos de nuestro nivel de endeudamiento supondrá amortizar entre 570 y 950 millones de euros en este año
La otra vía para equilibrar las cuentas, es mediante la subida de la recaudación con una mejora de la gestión y con un aumento de los tipos impositivos y reducción de las bonificaciones establecidas. Ese objetivo se persigue con la recién aprobada ley de Medidas Administrativas y Tributarias, que ha sido criticada por el Partido Popular al entender que sube la presión fiscal en los impuestos cedidos en casi un cincuenta por ciento en algunos casos. Subida que es desmentida por el Partido Socialista, que sostiene que el incremento repercutirá sólo en las grandes fortuna. No obstante, como ya ha informado clm21.es, expertos fiscales han señalado que este grupo tiene mecanismos para eludir esta subida a través de sociedades patrimoniales, mediante la afectación de los bienes personales a actividades productivas o incluso fijando la residencia fiscal personal y o empresarial en otra Comunidad Autónoma. En el caso de la residencia personal, la comunidad foral de Navarra permite acogerse a su régimen fiscal con tan sólo 183 días de residencia. En otros casos, ese periodo se extiende por hasta cinco años.
Por último y respecto a los niveles de endeudamiento, hay que tener en cuenta que, en principio el marco regulatorio del conjunto del Estado contemplaba que, a partir del momento en que la economía nacional alcance una tasa de crecimiento real de, al menos el 2 por ciento anual o genere empleo neto con un crecimiento de al menos el 2 por ciento anual, la ratio de deuda pública se reducirá anualmente, como mínimo, en 2 puntos porcentuales del PIB.
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