Los incumplimientos del gobierno regional afectan al salario de los funcionarios

El diseño de presupuestos y de las políticas públicas y la gestión de los mismos incide en la economía regional y en sus índices o mayores de su crecimiento, es decir, en el incremento en mayor o menor medida del Producto Interior Bruto (PIB). La puesta en marcha de los presupuestos del gobierno actual ha coincidido con una disminución del ritmo del crecimiento económico de Castilla-La Mancha. La economía regional no sólo crece a menor ritmo que antes, sino que ha pasado a hacerlo por debajo de la media nacional, cuando antes lo hacía con mayor dinamismo. Según el acuerdo de subida salarial para el periodo 2018-2020 firmado en marzo de este por el entonces ministro Montoro y las principales centrales sindicales, en 2020 los funcionarios tendrán una retribución variable de hasta un 0,25% en 2019 y de hasta un 1% en 2020 en función del crecimiento del PIB. Conclusión: cuando el gobierno falla en la gestión presupuestaria hace un flaco favor a los funcionarios.

Estas son algunas de las consecuencias directas, inmediatas y tangibles de la repercusión de una buena o mala gestión del gobierno en el bolsillo de sus ciudadanos. Luego están las que no se ven, las de recorrido largo que dan la sorpresa y que generan grandes y graves problemas. Eso de vivir a crédito para pagar las facturas de gastos corrientes no termina bien en ninguna familia, en ninguna empresa y en ninguna administración. Y en el caso de Castilla-La Mancha, el gobierno vive del crédito. De los 9.219 millones que tiene el presupuesto, los gastos relacionados con los créditos se comen 1.820 millones, es decir, uno de cada cinco euros. Lo que habrá gastado en inversiones a final de este año estará por debajo del déficit y de los créditos que necesite para cubrir ese déficit. Y así no se puede hablar de finanzas saneadas. Llegar a fin de año con más de 200 millones sin pagar a los proveedores puede ser una costumbre que el gobierno haya convertido en habitual, pero no es sinónimo de buena gestión, de eficacia o eficiencia.

Y hablando de eficacia y eficiencia en toda su amplitud no sólo en términos económicos, también sociales, se echa en falta esa Cámara de Cuentas que el gobierno se comprometió a crear en virtud del pacto de investidura con Podemos. Es el organismo que debe fiscalizar la gestión que hace el gobierno regional del dinero público y que mide la eficacia, la eficiencia y la efectividad de la actividad económica del Gobierno, de si gasta bien, menos bien o mal el dinero público y si lo hace respetando la legalidad o no. El acuerdo se estampó ante notario. Se hizo alarde de él. Más de tres años después, muchas propuestas son papel mojado. Entre ellas ésta, la de creación del organismo regional del control externo de legalidad de la gestión económica del gobierno del presidente García-Page. La de existencia de una Cámara de Cuentas de control de la eficacia, eficiencia y efectividad en el uso del dinero público que sale del bolsillo de todos los ciudadanos.

Siempre le cabe al gobierno regional argumentar que, a falta de Cámara de Cuentas, el control de legalidad de la cuenta general (la gestión global anual) lo realiza el Tribunal de Cuentas. Otra cosa es con qué demora. Por no decir que una Cámara de Cuentas regional haría más inspecciones anuales a distintos programas y partidas concretas del gasto. Dicho en lenguaje llano, el gobierno regional estaría más controlado, más inspeccionado… Una Cámara de Cuentas regional tendría un plan fiscalizador sobre la gestión regional mucho más amplio que el que por estructura pueda desarrollar el Tribunal de Cuentas. Ya puestos a no crear la Cámara de Cuentas, bastaría con un convenio y dotar una sección regional del Tribunal de Cuentas para Castilla-La Mancha.