La petición se produce al tiempo que el gobierno regional apoya ir a mayor endeudamiento el año que viene
Las palabras del consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, tras el último Consejo de Política Fiscal y Financiera vienen a poner de relieve la grave situación de las finanzas regionales. Según el comunicado oficial del gobierno, Ruiz Molina aprovechaba “esta nueva reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para insistir en la necesidad de afrontar cuanto antes la negociación de un nuevo modelo de financiación autonómica, que corrija la actual insuficiencia de recursos que sufre Castilla-La Mancha, así como la reestructuración de la deuda de las comunidades autónomas que ha sido consecuencia del mal funcionamiento del vigente modelo de financiación”.
Varias regiones españolas, especialmente Castilla-La Mancha y Valencia, (además de Murcia y Cataluña) andan a la puerta de lo que se podría considerar un segundo rescate financiero en menos de seis años. El primero fue por los excesos de ambos gobiernos en el periodo 2003-2011, que estuvo a punto de colapsar ambas regiones por la cantidad acumulada de impago a proveedores.
Ese rescate vía deuda, en el caso de Castilla-La Mancha, precisa de 200 millones de euros anuales para intereses y gastos financieros y 1.800 millones para amortizaciones. Son unas cantidades elevadas que encorsetan las finanzas regionales. El gobierno autonómico quiere renegociar los pagos con su principal acreedor, el Ministerio, en lo que se podría considerar un segundo rescate.
Con las finanzas regionales al borde del bloqueo por los excesos de los años anteriores y el estallido de la crisis, el rescate se inició en 2012 con una inyección de 3.300 millones de euros en el caso de Castilla-La Mancha y de 8.200 en el de Valencia. Esas cuantías las inyectó el gobierno central vía crédito para que ambas regiones pudieran deshacer la pelota de facturas impagadas a los proveedores y que pudieran seguir prestando los servicios sociales básicos como la educación y la sanidad. A cambio, ambas regiones debieron someterse a los criterios de rigor de estabilidad y sostenibilidad, que supusieron fuertes sacrificios a sus ciudadanos y a los trabajadores públicos. En los dos años siguientes Castilla-La Mancha necesitó de fondos adicionales de 1.200 millones en 2013 y de 1.500 millones en 2014.
Esa deuda se sumaba a la que ya tenían ambas regiones y que había crecido con fuerza desde 2003, seis años antes de la entrada en vigor del actual modelo de financiación. La Comunidad levantina pasó de los 8.016 millones de deuda en 2003 a los 30.065 en 2012 (16.213 en 2009 año en el que entró en vigor el nuevo modelo de financiación).
En el caso de Castilla-La Mancha, la deuda pasó de los 807 millones de 2003 a los 10.190 de 2012 (4.288 millones en 2009). El periodo 2003-2011 se corresponde con dos legislaturas marcadas la primera por una expansión excesiva del gasto y la segunda por el estallido de la burbuja inmobiliaria, la caída de los ingresos públicos y el inicio de la gran recesión. Ambas Comunidades vieron también como sus principales instituciones financieras privadas -sus cajas de ahorro- quebraban o eran rescatadas.
Los datos reflejan que la elevada deuda no sólo se ha producido por el mal funcionamiento del modelo de financiación, también por los excesos cometidos en los periodos 2003-2011, de ahí la gran diferencia entre la situación financiera de unas regiones y otras. De hecho, más de un tercio de las Comunidades no está bajo el paraguas del Fondo de Liquidez Autonómica.
La crisis demostró además que el modelo de financiación no era adecuado y era insuficiente para cubrir la prestación de los servicios sociales, como mantiene el gobierno regional. Este mes de agosto cuando se plantea el presupuesto para 2019, el modelo de financiación sigue vigente, la rigurosidad del Estado (que es el que presta el dinero) en las condiciones de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera se mantiene. Tras el periodo de ajuste, se demuestra que hay regiones como la valenciana y la castellano-manchega que necesitan y reciben un trato especial del Estado (y se les permite mayor nivel de endeudamiento que al conjunto de las Comunidades). Y a pesar de que un mejor comportamiento de la economía facilita a las Comunidades tener más ingresos ordinarios, las cuantías siguen siendo insuficientes, porque su deuda las ahoga.
En el último Consejo de Política Fiscal y Financiera se planteaba no una aminoración de esa carga, sino una relajación del déficit para el año que viene mediante el aumento de la deuda. La esa medida era apoyada por los gobiernos del PSOE y rechazada por los del Partido Popular. El caso de Valencia fue muy particular no apoyó esa senda hasta conseguir 850 millones adicionales a su financiación. De lo que se trataba era que todas las regiones aumentaran su deuda en 2.500 millones de euros. Y esa, desde el punto de vista financiero, podía ser una solución para las Comunidades con unas finanzas saneadas, pero no para aquellas más endeudadas.
Castilla-La Mancha apoyó con vehemencia la nueva senda del déficit del 0,1% al 0,3%, lo que le permitiría disponer el año que viene de 86 millones de euros más con cargo a la ya de por sí elevada deuda pública (la segunda más alta de España en relación al PIB). Es año electoral y todo el dinero es poco, aunque sea mediante una mayor hipoteca para la Comunidad, de agravar la situación financiera que el propio gobierno considera asfixiante y cuyos pagos hay que renegociar con el mayor prestamista, el Ministerio.
Si entre 2011 y 2015 la falta de ingresos y la rigurosidad del Estado para seguir prestando dinero a Castilla-La Mancha obligó a una política de austeridad. Con el actual gobierno regional, se inició una nueva política expansiva del gasto no avalada por los suficientes ingresos, que además ha estado acompañada con graves errores en la gestión, lo que ha provocado varias advertencias del Estado y el mantenimiento de algunos recortes porque ese incremento registrado en los ingresos ordinarios por un mejor comportamiento de la economía sigue siendo insuficiente.
El problema añadido es el escenario económico. Si el gobierno regional anterior logró darle la vuelta al ciclo económico y cambiar la fuerte recesión por un fuerte crecimiento (incluso por encima de la media de España) las políticas económicas del actual gobierno regional han vuelto a frenar el dinamismo económico, que se desacelera. Esa desaceleración se verá agravada por un empeoramiento del escenario nacional e internacional, que los analistas consideran que ya se ha empezado a producir. Y eso supone que si ahora es un sacrificio pagar la deuda, en un futuro puede ser un suplicio mayor. De ahí las alusiones en los últimos meses de los responsables del gobierno regional de que se lleve a cabo una reestructuración de la deuda (si no una quita, sí un aplazamiento de los vencimientos). Una cosa es clara, según la legislación actual, los primeros pagos que hay que atender son los de la deuda y, el dinero que quede, se destina a los servicios públicos.
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