Se dilata la negociación del modelo de financiación autonómica mientras Cataluña negociará bilateralmente

Nada más terminar la sesión del Consejo de Política Fiscal los consejeros de las Comunidades gobernadas por el Partido Socialista se apresuraron a negar que se pueda producir una reunión y un acuerdo bilateral en materia fiscal y financiera con Cataluña, y que todo se decidirá en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. La afirmación llega pocos días después de que se haya establecido la creación de una comisión bilateral del gobierno de central y la Generalitat de Cataluña y de que se hayan nombrado a los negociadores por ambas partes. Sobre la mesa de esa comisión bilateral: más autonomía política con un nuevo estatuto y la posible reforma de la Constitución, la posibilidad de establecer un sistema de cupo, como los forales de Navarra y País Vasco o un sistema especial de financiación de Cataluña, sobre la base de más dinero y condonación de la deuda.

En ese escenario se enmarcan las palabras del consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien al final la reunión del Consejo trató de negar que se vaya a producir esa situación que ya es un hecho y señaló que es un “motivo de satisfacción que no vaya a haber una negociación bilateral con ninguna comunidad autónoma en materia de financiación autonómica porque es con luz y taquígrafos cómo se deben adoptar las decisiones que afecten a los recursos con los que deben contar todas las regiones”.

Las declaraciones de Ruiz Molina, en las que no existe una referencia expresa a la comisión creada, se contraponen a los pasos andados hasta ahora entre el gobierno central y la Comunidad catalana: “La negociación del modelo de financiación se tiene que hacer en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y eso es compatible con que haya reuniones a nivel bilateral, como las que está teniendo actualmente el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, con los presidentes de las diferentes comunidades autónomas, pero, lógicamente, el modelo de financiación afecta a todas las comunidades autónomas y es en el CPFF donde se deben tratar esos asuntos”.

Y si la cuestión de fondo era que una de las Comunidades que más aporta al sistema, Cataluña, quede fuera del sistema, el resto de los asuntos fueron pequeñas alegrías para el resto de las regiones. La principal la reestructuración de la deuda acumulada, una medida que puso sobre la mesa el gobierno anterior como guiño a Cataluña, Valencia, Andalucía y Castilla-La Mancha (regiones fuertemente endeudadas y ninguna gobernada por el PP) de cara a allanar la negociación del nuevo modelo de financiación. Y aunque ayer se constató que esa negociación de un nuevo sistema de reparto de los fondos ha perdido la urgencia que reclamaba el PSOE antes de llegar al gobierno, la reestructuración de la deuda se mantiene en el horizonte aunque todavía no se llevará a cabo.

Sobre el nuevo modelo, las palabras de Ruiz Molina son elocuentes y apuntan a que se está en los prolegómenos de un proceso que durará meses. Todo ello a pesar de que Ruiz Molina declarara en la nota oficial de la reunión que, en materia de financiación, los representantes de los diferentes gobiernos autonómicos han trasladado a la titular de Hacienda que urge la modificación del modelo de financiación y que Montero se ha comprometido a cambiar la forma de trabajar al respecto.

Otras manifestaciones suyas, también en el comunicado oficial, apuntan a que el acuerdo ha sido pasar de la negociación técnica a la política: “Ya no vamos a hablar desde el punto de vista técnico -dijo-, sino que basándonos en los informes técnicos vamos a trabajar en los próximos meses desde el punto de vista político, con una lista de prioridades, al objeto de que cuanto antes tengamos lo que consideramos todos fundamental para las comunidades autónomas, que es un nuevo modelo de financiación autonómica”. Lo cierto es que el informe técnico de la comisión de expertos se presentó hace un año y, a partir de esa fecha se entró en fase de propuestas y negociación política.

Por lo demás, buen recibimiento al aumento en 2019 del límite de déficit autonómico en dos décimas que pasa del 0,1% al 0,3% del PIB. Todo ello, ya previsto y que horas antes había motivado una advertencia del gobernador del banco de España: “Se hace necesario ahondar en el proceso de consolidación fiscal". Las palabras de Pablo Hernández de Cos llegaban tras el cambio en la senda de déficit y el aumento de ese déficit que se cubrirá con deuda pública. Su palabras advertían de los riesgos para nuestra economía: “resaltaría -dijo el gobernador del Banco de España- un endeudamiento exterior elevado, un nivel de deuda pública cercano a su máximo histórico, una tasa de desempleo que duplica los niveles de nuestros socios europeos y un sistema financiero que se enfrenta a retos considerables; todo ello, en un escenario en el que la economía deberá afrontar el impacto del fenómeno del envejecimiento poblacional y el problema estructural de la baja productividad".

El gobernador dejó en el aire una fórmula alternativa: revisar la estructura de ingresos y gastos públicos para mejorar su eficiencia.

En la reunión el único compromiso efectivo, práctico e inmediato a corto plazo que obtuvieron las Comunidades fue el anuncio de la ministra Montero de que el Gobierno de España financiará cualquier decisión de gasto que adopte la Administración del Estado y que sea competencia de las regiones.