En el caso de Castilla-La Mancha, cada décima equivale aproximadamente a 42 millones de euros de gasto no respaldado con ingresos no financieros. A finales de abril el gobierno regional ya había rebasado el límite para todo el año y alcanzaba el 0,51% (214 millones de euros). La medida daría un respiro al gobierno regional en el último año de legislatura después de que en ninguno de los anteriores haya cumplido el déficit. El límite para este año, aproximadamente, es de 167 millones de euros,
Por su parte, el ejecutivo central mantiene que la desviación propuesta a Bruselas tiene su origen en el presupuesto heredado, aunque también en el impacto de algunas medidas de incremento del gasto ya adoptadas, como la recuperación de la sanidad universal para los simpapeles, lo que hace que para garantizar el nuevo objetivo además del aumento del déficit promueva la creación de nuevos impuestos y la subida de algunos de los existentes.
El consejero de Hacienda se muestra esperanzado en que parte de esas cinco décimas se trasladen a las Comunidades y confían en que a Castilla-La Mancha y al resto de regiones se les amplíe la capacidad de déficit en otras dos décimas, lo que supondría que la región elevara el techo de déficit hasta los 252 millones de euros y mantener porcentaje de déficit sobre el PIB en el 0,6%, el mismo que en 2017.
Hasta abril, el Ejecutivo ya había rebasado el 0,4% de límite en vigor y había alcanzado el 0,51% (214 millones)
El gobierno ya ha deslizado que está dispuesto a “inyectar” 2.500 millones a las Comunidades Autónomas en 2019 y dejar el objetivo de déficit en el 0,3% en lugar de en el 0,1%. Sin embargo esta cuantía sigue siendo insuficiente para Castilla-La Mancha. El último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), sitúa las previsiones de déficit de Castilla-La Mancha el próximo año en el 0,6%, muy lejos tanto del límite actual del 0,1% o del revisado del 0,3%. Sin embargo, el ejecutivo de Pedro Sánchez todavía no se ha pronunciado sobre la posibilidad de ampliar el déficit de las Comunidades Autónomas en 2018, fundamentalmente porque en su conjunto las cuentas van bien hasta la fecha y el zapato aprieta fundamentalmente por las cuentas de la Administración General del Estado y la Seguridad Social.
La medida, que daría un respiro a las tres o cuatro regiones con mayores problema para nivelar sus capacidades de financiación, entre ellas Castilla-La Mancha, permitirían al resto aumentar el gasto en año preelectoral. A cambio, el gobierno central también se evita abordar el tema del nuevo modelo de financiación, un quebradero de cabeza, máxime en año previo a las elecciones y con el tema catalán de fondo.
El tema de financiación estuvo sobre la mesa en la reunión que el presidente de Castilla-La Mancha mantuvo recientemente con la ministra de Política Territorial y en la que también estuvo presente el consejero de Hacienda, Ruiz Molina.
El ejecutivo central ya va allanando el camino hacia los nuevos sistemas de financiación con algunas medidas anunciadas por el equipo antecesor que lideraba Montoro, como ir autorizando a algunas regiones a emitir deuda pública. Además de la revisión de la senda del déficit (aprobada en el último Consejo de Ministros), la semana pasada la Comisión Delegada para Asuntos Económicos ya estableció y aprobó las condiciones para la salida gradual a los mercados de las Comunidades Autónomas que necesiten financiación.
En la reunión la Comisión aprobó también dotar a las seis Comunidades incumplidoras del déficit en 2017 con 762 millones de euros. En el caso de Castilla-La Mancha la cantidad aprobada para cubrir la desviación del déficit ha sido de 57 millones de euros. Según la Comisión, este desembolso para financiar el déficit se hace para contribuir a la reducción del Periodo Medio de Pago a proveedores, contribuyendo al cumplimiento del plazo máximo de pago que establece la actual normativa en materia de morosidad. Como ya informó clm21.es, en los dos últimos meses, Castilla-La Mancha ha incumplido el plazo máximo de 30 días que establece la ley sobre morosidad para pagar a sus proveedores.
En cuanto a la estrategia de salida a los mercados, la Comisión ha establecido que se considerarán criterios como estar adheridas al compartimento Facilidad Financiera, el grado de cumplimiento del objetivo de déficit, deuda pública y regla de gasto; y el periodo medio de pago a proveedores y la calificación crediticia.
Las comunidades que deseen salir a los mercados en 2018 presentarán un Plan Plurianual de Endeudamiento (PPE) antes del 31 de julio, que cubra el período comprendido entre el tercer trimestre de 2018 y diciembre de 2021, y que deberá elevarse a los ministerios de Hacienda y de Economía y Empresa.
Las Comunidades Autónomas adheridas al compartimento Facilidad Financiera que deseen salir a los mercados a partir del inicio del año 2019 y siguientes, presentarán antes del 30 de noviembre del año anterior al Ministerio de Hacienda el Plan Plurianual de Endeudamiento (PPE) que cubra un período de tres años naturales sucesivos.