El 19 de febrero, en León, los presidentes de Galicia y Castilla y León del Partido Popular, y Asturias y Aragón del Partido Socialista, ya firmaron un acuerdo sobre financiación autonómica en el que se recogía la “necesidad perentoria de defender como prioritaria la definición del nuevo modelo de financiación autonómica”, una cuestión que debe abordarse “de forma inmediata” para poder garantizar la prestación de los servicios fundamentales por parte de las comunidades autónomas. Pasados casi 7 meses, apenas si se han dado pasos en el nuevo sistema. El gobierno de Pedro Sánchez ha tratado de retrasar el nuevo modelo.
Este hecho es el que marca el interés de la reunión de Zaragoza, en la que participa el presidente de Castilla-La Mancha. En la nota previa de la convocatoria, la Presidencia de la Junta ha puesto el énfasis en que “en esta cumbre interautonómica, que se celebra en el Palacio Pignatelli de Zaragoza, sede de la Diputación General de Aragón, se pondrá sobre la mesa las aportaciones de estas seis comunidades autónomas para el establecimiento de un modelo justo e igualitario de financiación que, al mismo tiempo, atienda al fenómeno de la despoblación”. El gobierno regional no hace referencia a los plazos ni a la urgencia con la que en primavera reclamaba con urgencia al gobierno de España un nuevo modelo de financiación que fuera justo.
Desde el Palacio de Fuensalida, se ofrecen algunos datos para poner de relieve el peso de las regiones que se reúnen: Estas seis autonomías abarcan más de la mitad del territorio nacional -más de 266.600 kilómetros cuadrados-, representan el 19,3% del PIB español y el 21,1% del censo total con más de 9,8 millones de habitantes.
Por lo que respecta a la Región, el gobierno de Castilla-La Mancha considera que con el actual sistema la Comunidad pierde más de 1.100 millones de euros anuales. El sistema aprobado en 2009 por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero contó con el apoyo del gobierno de Castilla-La Mancha. El modelo se encuentra prorrogado desde 2014.
Esta situación provocó que el ejecutivo regional pusiese en marcha una campaña a principios de este exigiendo presidente del Gobierno (en aquella época Mariano Rajoy) con urgencia un nuevo modelo de financiación. Esa campaña seguía los planteamientos que el consejero de Sanidad había realizado unos meses antes, en noviembre del pasado año, sobre la necesidad de llevar a cabo un nuevo sistema de financiación de la sanidad, planteándolo como la cuestión prioritaria, por encima de cualquier otra del sistema nacional de salud.
Tras el relevo en la presidencia del gobierno y coincidiendo con la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera, los consejeros autonómicos de las regiones gobernadas por el PSOE se reunieron en Ferraz para establecer una postura en común. Y decidieron como prioridad, que no existiese una negociación bilateral con Cataluña y que los acuerdos de financiación se debatieran en el seno de ese Consejo y que el gobierno de España no adoptara medidas que debieran cumplir las Comunidades y que no estuvieran acompañadas de los fondos correspondientes. El modelo de financiación quedaba en un segundo plano y tras las reuniones del 19 y 31 de julio del Consejo de Política Fiscal, se acordaba crear un grupo de trabajo de carácter político para empezar a avanzar en el modelo de financiación, que era tanto como dejarlo a calendas griegas (o lo que es lo mismo a hacerlo sin prisas, para otro).
La reunión de Zaragoza debe decidir si pone fechas y plazos a ese grupo y si verdaderamente se da una oposición a la negociación bilateral del gobierno de Pedro Sánchez con Cataluña. Las últimas informaciones apuntaban a la posibilidad de establecer un sistema de financiación de Cataluña similar al cupo vasco. Se cifra que ese sistema podría suponer una pérdida de 8.000 millones del fondo de financiación autonómico que se quedaría Cataluña.
La otra cuestión es si las regiones van a exigir al gobierno de Pedro Sánchez que financie las medidas que está tomando y que corresponde gestionar a las autonomías con sus fondos, como son: la recuperación de la sanidad universal, el fin del copago sanitario para determinada población, o la reducción de los ratios de alumnos por aulas, horas lectiva de profesores y plazos de sustitución de docentes en caso de bajas por enfermedad.
Si (
No(
