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La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
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La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (Foto: La Moncloa)

El gobierno agravia a las Comunidades Autónomas al negociar bilateralmente con Cataluña la entrega de 7.600 millones adicionales

lunes 17 de septiembre de 2018, 11:09h
El gobierno de España negociará con Cataluña la financiación a esa Comunidad con hasta 7.607 millones adicionales que reclama la Generalitat como deuda por infrafinanciación. La negociación se producirá el día 25 en el seno de la comisión bilateral y a espaldas del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que están representadas todas las regiones españolas.
Este procedimiento supone un agravio para el resto de las Comunidades, especialmente con las que mayores desajustes tienen por la infrafinanciación que supone el modelo vigente, entre las que se encuentra Castilla-La Mancha, cuyo consejero cifró en más de 8.000 millones la deuda por infrafinanciación de nuestra Comunidad.

No están tan atrás las palabras del consejero de Hacienda de nuestra Comunidad, Juan Alfonso Ruiz Molina, cuando el pasado 20 de julio, con motivo de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, consideraba “de especial trascendencia” que se haya comunicado a las regiones que todo lo que se tenga que discutir de financiación autonómica se va a discutir en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y, por lo tanto, no va a haber otra vía de negociación de los recursos con los que deben contar las comunidades autónomas que no sea este órgano”.

El documento añadía: “Así, Ruiz Molina ha señalado que es un motivo de satisfacción que no vaya a haber una negociación bilateral con ninguna comunidad autónoma en materia de financiación autonómica porque es con luz y taquígrafos cómo se deben adoptar las decisiones que afecten a los recursos con los que deben contar todas las regiones”.

“La negociación del modelo de financiación se tiene que hacer en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y eso es compatible con que haya reuniones a nivel bilateral, como las está teniendo actualmente el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, con los presidentes de las diferentes comunidades autónomas, pero, lógicamente, el modelo de financiación afecta a todas las comunidades autónomas y es en el CPFF donde se deben tratar esos asuntos”, añadía el consejero castellano-manchego.

La situación ha dado un giro de 180 grados en la medida que la Generalitat de Cataluña mantiene el principio de negociar de tú a tú con el Gobierno de España, despreciando al Consejo de Política Fiscal y Financiera y no haciéndose eco de las peticiones que desde el PSOE y el gobierno central le han hecho para que asista a las reuniones del órgano multirregional.

La sesión bilateral tendrá lugar el 25 de septiembre, unos días antes del aniversario del referéndum del 1 de octubre, fecha en la que se prevé que el independentismo catalán inicie las acciones de lo que han avisado será una escalada de tensión. En ella está previsto que el gobierno catalán negocie la aportación del gobierno central de 7.576 millones de euros como aportación adicional a la financiación de ejercicios anteriores.

De ellos, la tercera parte corresponde con la aplicación de la ley de dependencia. En concreto son 2.871 millones lo que Cataluña reclama por este concepto. En el caso de nuestra Comunidad, el gobierno del presidente García-Page había reclamado desde los medios de comunicación una deuda de 400 millones de euros por este concepto. Esa reclamación la llevó al Consejo Interterritorial de Servicios Sociales, en la etapa del gobierno anterior. Sin embargo, esa reclamación se silenció y cayó de la agenda del Ejecutivo regional con la entrada en el gobierno de Pedro Sánchez.

El ejecutivo autonómico considera que la deuda del gobierno central con Castilla-La Mancha por la infrafinanciación alcanzaría los 8.000 millones de euros y así lo hizo saber al difundir el pasado 22 de marzo el estudio “Cuantificación de la insuficiencia de recursos de Castilla-La Mancha para conseguir alcanzar la media de gasto del conjunto de comunidades autónomas”. En él se establecía que en el periodo 2009-2015 “la insuficiencia de recursos de Castilla-La Mancha para poder prestar un nivel de servicios públicos similar a la media nacional supera los 8.000 millones”.

Cataluña además del dinero de atención a la dependencia, reclama 583 millones por la infrafinanciación de los mozos de escuadra en el periodo 2010-2017, 412 millones por los cambios de recaudación del IVA en 2017 y otras partidas relacionadas con fondos de inversión previstos.

La cantidad que reclama Cataluña al gobierno central permitiría financiar todos los gastos de Castilla-La Mancha durante un año.
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