El gobierno regional refuerza las derivaciones de pacientes de la sanidad pública a la privada

El acuerdo nacional entre Podemos y el Gobierno de España contempla el fortalecimiento de la sanidad pública y en el texto del mismo se denuncia que “se ha utilizado la excusa de la crisis económica para debilitar la sanidad pública y propiciar su progresiva privatización” y subraya la necesidad de “blindar nuestro sistema sanitario contra corrientes privatizadoras y ataques por parte de sectores interesados”.

En los nueve primeros meses del año el gobierno regional ya ha contratado con clínicas y empresas privadas servicios de pruebas diagnósticas, hospitalización, pruebas quirúrgicas y tratamientos por valor de 39 millones de euros.

En algunos casos, como el de las intervenciones quirúrgicas, el gobierno del presidente García-Page ha reventado sus propios presupuestos y si inicialmente había previsto gastar 3,95 millones de euros en operaciones generales, incrementó la partida hasta 7,38 millones. Sin embargo a falta de tres meses para que terminara el año, el gobierno ya había comprometido gasto por 8,11 millones de euros, más del doble del presupuesto que pidió que le aprobaran las Cortes Regionales.

No es el único caso en el que el gobierno ha acudido a ampliar las derivaciones de pacientes a clínicas privadas. En algunas de las pruebas diagnósticas el gobierno también ha sido muy dinámico a la hora de derivar pacientes a la sanidad privada. En concreto, en tomografías a finales de septiembre había multiplicado por 3,5 el gasto inicial y ya había contratado con las empresas sanitarias privadas por valor de 832.876,68 euros. En las endoscopias el gasto ya multiplica por 1,5 el presupuesto aprobado y en pruebas de ultrasonido lo hace por 1,1.

El incremento de derivaciones a la atención privada también se ha producido en algunos tratamientos y terapias, como rehabilitación, logopedia, oncología.

Y, si en muchos casos se ha rebasado el presupuesto aprobado, en otros está prácticamente agotado. Tal es el caso de cirugía cardíaca, donde el gobierno prácticamente se había gastado en centro privados 6,20 millones de los 6,23 con los que contaba. Para pruebas especiales de radiología, a final de septiembre quedaba menos del 10%.

En su conjunto, el gobierno había contratado con las empresas y clínicas privadas 39 millones, el 81,54% de los fondos previstos inicialmente. A falta de que el gobierno vuelque en el portal de transparencia los datos oficiales de fin de 2017, la Intervención General del Estado, ya señaló que los mismos se habían desviado al alza en un 22,4%, lo que situaría las derivaciones de pacientes a clínicas privadas en un coste superior a los 60 millones de euros. El dato está muy por encima de lo gastado por el gobierno anterior, cuya política de derivaciones fue muy contestada por el actual presidente García-Page cuando estaba en la oposición.