Aquella sanidad que diseñaba el programa electoral se ha quedado en un modelo abandonado o inconcluso en esta legislatura. El plan de choque para mejorar la sanidad pilotaba sobre varios ejes. Entre ellos: aumentar en 1.000 el número de contrataciones de personal sanitario, un plan de choque para la reducción de las listas de espera, un plan estratégico de atención primaria para garantir la atención de los pacientes en el día, retomar el convenio con la Sanidad de Madrid, establecimiento de plazos máximos de atención en especialidades, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas y la recuperación del desarrollo de la carrera sanitaria. Varias de estas propuestas se han repetido en diferentes momentos de la legislatura. El gobierno no ha inyectado los suficientes fondos y no ha llevado a cabo ese número de nuevas contrataciones, en atención primaria existe lista de espera y en las especialidades, pruebas y operaciones, los tiempos de atención a los pacientes se han disparado. Los profesionales siguen esperando que se vuelva a reconocer la carrera profesional y se ha optado por abandonar los convenios con Madrid.
De acabar con la privatización a más derivaciones a clínicas privadas
En la sanidad el gobierno se planteó retomar las inversiones en hospitales y hacerlo con un modelo de inversión pública directa terminando con las concesiones como medio de pago en la sombra; un plan de renovación de alta tecnología y un plan de gestión de trabajo denominado “Más sanidad”, en el que tienen un papel importante las derivaciones de un centro a otro, siempre dentro de la sanidad pública y con el compromiso de acabar con la privatización sanitaria, con las derivaciones a la sanidad privada.
Las inversiones en centros hospitalarios se han retomado, aunque a menor ritmo del previsto y manteniendo el modelo de concesiones de servicios, con el que se comprometió a acabar. El Plan de Renovación de Alta Tecnología lleva un considerable retraso. En el terreno asistencial, el gobierno ha incluido nuevas asistencias dentro del catálogo público como son la ampliación de patologías a detectar por la prueba del talón, la puesta en marcha del cribado del cáncer de colon y el impulso al cribado de cáncer de mama.
Listas de espera, el espejo de una realidad
No se han aumentado las plantillas efectivas, no se han recuperado las carreras profesionales del personal sanitario. Y en cuanto a los plazos de atención, cada vez son más el número de pacientes que deben esperar por encima de los plazos de garantías de atención sanitaria, lo que ha elevado la media de plazo de atención. El gobierno hace y deshace para tratar de decir que la cosa va mejor y que las listas de espera se reducen. Es una batalla contra sí mismo, porque los ciudadanos son los que tienen una impresión sobre la situación, a la que llegan no por lo que digan los partidos políticos o los medios de comunicación, sino por sus propias vivencias. El compromiso de una nueva regulación de garantía de la atención lo había cifrado para diciembre de 2015.
Escuelas rurales, plantillas y financiación de la Universidad
En educación, no se han abierto las 65 escuelas rurales comprometidas, ni se han llevado a cabo la contratación de 1.000 docentes nuevos. Aquella vuelta a la gratuidad de los libros de texto para garantizar la enseñanza gratuita, se quedó acotada en función de la renta de las familias. En la enseñanza Universitaria el gobierno se resistió a dotar de una financiación adecuada y suficiente para que la Universidad pudiera correr con sus gastos de funcionamiento. La realidad tras las elecciones impuso un escenario muy distinto. Y el acuerdo de financiación se produjo tres años después tras abrir un proceso de gran tensión y de confrontación con la universidad en materia de financiación.
En educación también se mantuvo el sistema de contratación de 5.000 interinos para el curso escolar que eran despedidos al finalizar este para no tenerles que pagar todo el año. Las noticias y las críticas por este procedimiento, tachado como fraudulento en la economía privada, han llevado al gobierno a replanteárselo.
Parte de la recuperación de la educación y la sanidad se basaba en la promesa de ampliar plantillas. El gobierno ha desplegado varias ofertas públicas de empleo por casi 9.000 puestos de trabajo. La falta de recursos ha llevado al gobierno a aplazar la incorporación del grueso de ese personal a la próxima legislatura.
Del compromiso a reducir el número de altos cargos y congelar sus salarios, a aumentarlos
De hecho, en el caso de la educación se da la circunstancia que algunas de las contrataciones previstas se habían vinculado con los ahorros en altos cargos. Se había fijado que se iba a ”limitar drásticamente el número de altos cargos políticos y de libre designación de las consejerías, que se iba a proceder a una congelación salarial en estos puesto y a la tendencia progresiva a la equiparación salarial de estas figuras con los máximos niveles de las escalas funcionariales”, así como el uso de los ahorros derivados para la recontratación de trabajadores en salud y educación despedidos desde 2008. La idea es que esta medida hubiese estado articulada en noviembre de 2015. Sin embargo, tres años después, el número de altos cargos ha aumentado, no se ha producido la congelación de sus salarios ni se ha procedido a la equiparación.
Dependencia: Aumentan los expedientes sin resolver y se reduce el limbo
Donde sí incorporó a personal contratado fue en la atención a la dependencia para tratar de agilizar la tramitación de expedientes y la evaluación de los solicitantes. Había un compromiso: “En el plazo de un año todos los expedientes de dependencia acumulados serán tramitados”. Así rezaba el compromiso. Pasado ese primer año, el segundo y el tercero, y lejos de haber desparecido el número de expedientes pendientes de resolución, se han incrementado un 10%. Las cifras de expedientes sin resolución llegan a 5.589 y superan los 5.093 que el actual gobierno se encontró cuando se hizo cargo. El lado positivo es que sí ha realizado un esfuerzo por reducir la lista del “limbo de la dependencia”, que está formado por los pacientes que sí tienen reconocida la prestación pero que no la reciben, y se ha aumentado el número de personas atendidas. La Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia, muy beligerante con el gobierno anterior, manifiesta que el gobierno actual ha optado por un modelo de atención asistencia de bajo coste ampliando los servicios que tienen un copago y reduciendo las ayudas para el cuidado de los dependientes en el entorno familiar. A pesar de ello, todavía la lista de espera es de 7.748 dependientes sin atender.
El gobierno llega con retraso a la emergencia social
En materia social, el Plan de Garantías, como el documento y política de lucha contra la pobreza, es una realidad que se gestiona con una lentitud que pone en entredicho su esencia. El eje de la acción social ha sido el denominado Plan de Garantías, para atender las emergencias sociales y combatir la exclusión. Dotado este año con 188,68 millones de euros, transcurridos los primeros nueve meses del año, sólo había gestionado 58,82 millones, de los que había pagado 52,59 millones (27,87%).
Medio Ambiente: El patio trasero de España
Y aquella promesa de “Gestión eficaz de los residuos industriales, que evite todo el riesgo para la salud y/o el medioambiente” quedó enseguida en cuestión. El incendio del macrovertedero de neumáticos de Seseña, primero, y el de la planta de tratamientos de residuos tóxicos de Chiloeches, después, desvelaba que Castilla-La Mancha se había convertido en el patio trasero de la industria española y que el gobierno regional mantenía el paso corto. A ello se sumaba el caso del amianto en Toledo.
La prometida recuperación de una gestión eficaz de la Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (GEACAM) tampoco se ha materializado. Hace dos meses, en plena campaña contra incendios, los agentes medioambientales denunciaban que estaban “acudiendo a los incendios forestales con buena parte de los elementos de sus equipos de protección individual (EPIs) caducados y obsoletos…”.
Por último, el máximo responsable de la política medioambiental del gobierno ha sido investigado por los tribunales, que han apreciado en su comportamiento indicios racionales de criminalidad y se está a la espera de que se abra el juicio oral y se formulen escritos de acusación o sobreseimiento.
Ni fiscalización ni Defensor del Pueblo
En materia de regeneración política y democrática, no se ha llevado a cabo una reforma de la ley electoral que garantizase mayor proporcionalidad. Tampoco la prometida reforma del Estatuto de Autonomía para blindar los derechos sociales de los ciudadanos. No se ha creado la Cámara de Cuentas que debería desarrollar un plan minucioso de fiscalización económico-financiera de la Junta de Comunidades. Así como no se ha creado el Defensor de la Ciudadanía o el Observatorio Ciudadano Regional. Todos estos organismos estaban comprometidos para 2016. Y en el caso de la Cámara de Cuentas, se contemplaba la aprobación de un Plan de Auditoría sobre la gestión del gobierno y de sus diferentes departamentos; control que no se ha llevado a cabo como estaba previsto. En el apartado de regeneración y transparencia también quedó en titulares el compromiso de que “todos los altos cargos del Gobierno de Castilla-La Mancha deberán solicitar inspecciones voluntarias a Hacienda cada dos (2) años”.
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