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Pedro Sánchez y Pablo Casado durante el encuentro celebrado en La Moncloa en agosto del año pasado.
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Pedro Sánchez y Pablo Casado durante el encuentro celebrado en La Moncloa en agosto del año pasado. (Foto: Pool Moncloa // F. Calvo // J.M. Cuadrado)

El impacto de las promesas de precampaña electoral nacional en las arcas de Castilla-La Mancha

  • Los líderes nacionales comprometen medidas presupuestarias y fiscales con cargo a las Comunidades Autónomas, sin articular el sistema de financiación
  • Las promesas para una región con un riesgo muy alto de sostenibilidad financiera, la segunda deuda más elevada del país y serios problemas para cumplir con el déficit

martes 26 de febrero de 2019, 22:53h
Tal y como anticipó clm21.es el 15 de febrero, cuando se convocaron elecciones autonómicas, “el 28 de abril se convierte en la primera vuelta de las elecciones autonómicas de mayo para los dos grandes partidos de CLM”. En la precampaña, PP y PSOE están prometiendo y comprometiendo medidas de ingresos y gastos públicos que recaerán directamente sobre las arcas de las Comunidades Autónomas, sin que ninguna de las formaciones haya puesto sobre la mesa cómo se van a costear las medidas de incremento del gasto, en el caso del PSOE, o de reducción de ingresos por parte del PP. Y sin que haya ninguna voz en la Comunidad Autónoma que llame la atención sobre esa carrera que va a afectar y compromete a los gobiernos autonómicos, que saldrán elegidos en las elecciones del 26 de mayo y que serán los responsables de aplicar y financiar en su mayor parte las políticas sociales, la sanidad y la educación y que vienen reclamando sin éxito en los últimos años un nuevo modelo de financiación ante el fracaso y la obsolescencia del aprobado en 2009, que debería haber sido cambiado en 2014.
Ese incremento del gasto o una bajada radical de impuestos podrían poner en una situación muy delicada a una región como Castilla-La Mancha que presenta un riesgo muy alto de sostenibilidad financiera, tiene la segunda deuda más elevada del país en relación a su riqueza y mantiene con serios problemas estructurales en su financiación para cumplir con el déficit.

Con el presupuesto prorrogado, el Consejo de Ministros ha aprobado las cotizaciones de cuidadoras no profesionales de dependientes con cargo a las Administraciones Públicas, en un marco en el que la financiación del coste de la dependencia corre a cargo tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas, que ya vieron cómo en época de crisis el Estado disminuía sus aportaciones. En segundo lugar, tiene previsto aprobar un incremento de las becas en 150 millones de euros y la supresión del copago farmacéutico a los pensionistas y a familias con rentas bajas, a lo que se suman otras medidas ya acordadas en 2018 como la reducción de ratios de alumno por aula y una cobertura inmediata de las bajas docentes por enfermedad, lo que supone mayor contratación de personal docente por parte de las Comunidades Autónomas. El coste de estas medidas se aproxima a los 1.000 millones de euros. Las acciones se enmarcan en el planteamiento de recuperación de los servicios sociales y de reforzar el gasto en los sectores más perjudicados por la crisis.

Por su parte el PP, confía en que una bajada de la presión fiscal dinamizará la economía y contribuirá a un mayor crecimiento y a la reducción del desempleo, lo que, a su vez y a medio plazo, puede suponer unos mayores ingresos fiscales que contrarrestarían la bajada inicial. El candidato popular a La Moncloa, Pablo Casado, pone el énfasis en dos de las cuatro grandes figuras impositivas y anuncia una rebaja del impuesto de sociedades al 20%, frente a la propuesta socialista de revisar el impuesto al alza para las grandes empresas. También apuesta por la rebaja del IRPF para que el tramo más alto se quede en el 40%. El IRPF es un impuesto que forma parte del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, que ingresan el 50% de lo que se recauda por el mismo en sus respectivos territorios y tienen capacidad de subir o bajar la presión fiscal aumentando o disminuyendo tramos y aumentando o disminuyendo los tipos sobre ese 50% que les afecta a ellas.

También propone la supresión de sucesiones, donaciones y actos jurídicos documentados. Estos últimos impuestos están transferidos y funcionan como impuestos de ingresos propios de las Comunidades Autónomas, que tienen capacidad normativa sobre los mismos. Y precisamente estos impuestos, el de sucesiones y donaciones y el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados suponen 380 millones de euros de ingresos anuales en el caso de Castilla-La Mancha.

En el caso de la bajada de impuestos está en determinar cuál es el límite al que se puede llegar sin poner en riesgo las finanzas públicas y que sirva como instrumento de crecimiento económico, algo que hasta ahora el equipo económico de Pablo Casado no ha delimitado.

Dos modelos sin un nuevo sistema de financiación autonómica

Dos modelos diferentes de política presupuestaria y fiscal para la recuperación social y económica de España que afectan directamente a la estructura financiera de las administraciones públicas y, en muchas de las medidas, a las finanzas de las Comunidades, que tras los duros ajustes y desequilibrios provocados por la gran recesión, tratan de volver a la disciplina fiscal y que reclaman un nuevo modelo de financiación para poder recuperar los servicios públicos y reducir endeudamiento. Hasta la fecha, ninguna de las formaciones del parlamento nacional, grandes o pequeñas, ha dado prioridad al establecimiento del nuevo modelo de financiación autonómica, que será el que permita determinar el dinero para los servicios públicos esenciales.

En el caso de Castilla-La Mancha la situación financiera tiene un riesgo muy alto de sostenibilidad, como viene confirmando la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) informe tras informe. Aún más, la AIReF ha llegado a pedir una senda particular de déficit para Castilla-La Mancha ante la dificultad estructural para cumplir los objetivos comunes para el sector autonómico. Cualquier elemento que por vía de ingresos o gastos ahondara en esa dificultad estructural y en ese riesgo de sostenibilidad sería técnicamente inasumible si no llevase aparejado un respaldo financiero en el caso del gasto y un colchón en el caso de los ingresos.
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