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GEACAM

El Secretario General de Podemos CLM, José García Molina, ha mantenido este lunes una reunión con los delegados sindicales de USO, SIBF, UGT y CC.OO de la empresa Geacam en la que se ha puesto de manifiesto que las trabajadoras y los trabajadores de esta empresa se encuentran actualmente “en una especie de limbo” por el que realizan las mismas obligaciones que un trabajador público sin tener los mismos derechos.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia "el uso particular que realiza el Gobierno regional de la empresa pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam), que cuenta con hasta once altos cargos ocupados por personas afines al Partido Socialista, tales como exdiputados autonómicos, exdelegados de la Junta y exalcaldes, entre otros".

Ha aumentado la plantilla un 33,8% durante la legislatura

  • Los empleados de del sector público regional, la administración paralela de la Junta, se incrementan en un 22,34% y se sitúan casi en 3.000
  • En una de las empresas públicas el coste salarial medio por empleado supera los 57.000 euros anuales

El gobierno regional ha reforzado la contratación de personal para la lucha contra incendios en la actual legislatura hasta convertirla en la cuestión de mayor prioridad, por encima de la asistencia sanitaria o la educativa. La empresa pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (GEACAM) ha incrementado su plantilla entre 2015 y 2018 en 527 personas, lo que representa un incremento del número de empleados del 33,8%. Este porcentaje está muy por encima del que se ha registrado en otras áreas de servicios públicos considerados esenciales. Ese aumento de plantilla en la lucha contra incendios no ha estado acompañado, según la denuncia de los agentes medioambientales, de la dotación de medios adecuados.
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Los datos de enero revelan que persisten los problemas en el grupo de radio y televisión de Castilla-La Mancha, en la empresa de Gestión Ambiental (GEACAM) y en el Servicio de Salud (SESCAM) para pagar a sus proveedores dentro del plazo legal de 30 días establecido para los organismos y empresas públicas. Estos entes instrumentales de la administración autonómica se mantienen un mes más en mora y provocan que la Comunidad también incurra en morosidad, con un plazo medio de abono de sus facturas a proveedores de 41,10 días.

El Partido Popular de Castilla-La Mancha llevará al parlamento regional la gestión y la falta de movilización de efectivos de emergencia durante las inundaciones del municipio de Cebolla que arrasaron la localidad toledana en la tarde del pasado sábado 8 de septiembre.