Este estudio achaca esa insuficiencia al modelo de financiación, que fue aprobado por el gobierno de Rodríguez Zapatero con el voto a favor del gobierno de Castilla-La Mancha, entonces presidido por José María Barreda. En la etapa preparatoria del modelo García-Page era vicepresidente de ese gobierno regional de Barreda.
El reconocimiento de esa investigación viene a demoler la línea argumental sostenida durante estos tres años por el propio gobierno del presidente García-Page y por todos sus portavoces y grupo político de que los recortes en los servicios públicos registrados en el periodo 2011-2015 eran obra de Cospedal y viene a justificar también parte de la deuda que dejó José María Barreda.
El resto de regiones también llevaron a cabo recortes por una falta de financiación y una caída de los ingresos por la crisis. Según Ruiz Molina las Comunidades necesitarían 17.000 millones de euros adicionales anuales para poder cubrir el coste de los servicios.
Por lo que respecta a Castilla-La Mancha, el estudio de la Consejería de Hacienda establece que la infrafinanciación del modelo para llevar a cabo la prestación de los servicios por parte del gobierno regional alcanzó en 2012 los 892,64 millones de euros. En 2015 la infradotación fue de 860,73 millones de euros; en 2014 los 1.114,08 millones y en 2015 los 1.149,5. Para la elaboración del informe se ha tenido en cuenta los costes de los servicios en las diferentes zonas (rurales y urbanas, con más y menos densidad de población…)
El informe, números en mano, tira por tierra los argumentos que se dieron en 2009 por el gobierno regional de entonces y de su consejera de Hacienda y vicepresidenta económica, María Luisa Araújo de que este era un buen modelo y que Castilla-La Mancha salía ganando. Nueve años después otro consejero de Hacienda del PSOE refuta esas bondades y dice que nuestra Comunidad no sólo no salió ganando sino que ha perdido 8.000 millones de euros. Una pérdida que se ha dejado notar en los servicios públicos.